“Estoy indignada por el trato brindado a nuestro fotógrafo, detenido en el ejercicio de sus funciones”, expresó la directora regional de AFP para América Latina, Juliette Hollier-Larousse, en una nota de protesta dirigida a la primera dama Rosario Murillo, por la detención ilegal y posterior expulsión del chileno Héctor Retamal, según publica la misma agencia.
Mientras, el vocero de la Policía Nacional, comisionado mayor Fernando Borge, fue escueto para explicar el arresto de Retamal.
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Borge dijo que Retamal “violentó un círculo de seguridad de la casa presidencial”. Retamal fue detenido el martes de la semana pasada en las cercanías de la casa de la familia Ortega Murillo, cuando se dirigía a brindar cobertura a una actividad que allí se desarrollaba.
«Antecedentes»
El especialista en Derechos Humanos, Ramón Eugenio Rodríguez, mostró preocupación por lo que ocurre en el país. En menos de 6 meses ocurren otros incidentes similares. En noviembre pasado, el periodista sueco Peter Torbiörnsson, quien presentó en Nicaragua su documental Último Capítulo: Good bye Nicaragua sobre el atentado perpetrado en 1984 en la zona del fronterizo río San Juan, conocida como La Penca, fue detenido en el Aeropuerto de Managua y expulsado a Estados Unidos, cuando quiso regresar al país.
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Igual pasó con Matteo Cardella, expulsado en marzo pasado. “En estos casos, las autoridades actuaron contrario a lo que establecen los instrumentos internacionales de derechos humanos”, dijo Rodríguez.
¿Cuál círculo de seguridad?
Sin embargo, Borge no fue específico a cuál de esos círculos se refería, pues desde hace varios años el perímetro de seguridad de la casa presidencial fue extendido a varias manzanas a la redonda, en residencial El Carmen.
“En nombre de la AFP, no puedo sino expresar mi más enérgica protesta contra su detención —cuatro días sin posibilidad de comunicarse con el exterior y sin asistencia legal— y su expulsión posterior, sin que se nos diese una explicación oficial”, señala Hollier-Larousse.
El funcionario policial no reconoció que el fotógrafo de AFP permaneció detenido de forma arbitraria y explicó que, después de su detención, Retamal fue puesto a la orden de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), que dispuso deportarlo tras confirmar una situación irregular migratoria.
El vocero policial únicamente expuso: “Creo que escucharon al mismo cónsul de Chile que fue entrevistado y también él (cónsul) tuvo una entrevista con la ministra de Gobernación. Incluso colegas lo visitaron”.
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Borge ahora no sabe mayores detalles
LA PRENSA le señaló al funcionario policial que, según los denunciantes, el único que pudo ver al detenido en dos ocasiones fue el cónsul de Chile, Diego Rivera, pero Borge expresó: “No tengo mayores detalles de eso”.
El sábado pasado, Retamal fue expulsado a San José, Costa Rica, en medio de protestas de fotógrafos de agencias internacionales y periodistas locales.
El abogado especialista en derechos humanos y catedrático universitario, Ramón Eugenio Rodríguez, recordó que el artículo 13, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establece que un extranjero solo podrá ser expulsado de un país en cumplimiento a una decisión adoptada conforme a la ley.
El mismo artículo también establece que “a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente”. Pero Rodríguez señala que esto no ocurrió en el caso de Retamal.
Además, considera que la Ley de Migración no especifica esa causal de violación del perímetro de seguridad, lo que a su criterio eso es muy ambiguo. Rodríguez dijo que el Ministerio de Gobernación debe establecer claramente qué medida vulneró Retamal.
Mientras, el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, calificó la actuación policial como “una actitud vergonzosa de parte del Estado”. Recordó que una persona puede permanecer 48 horas detenida y, si no es puesta a las autoridades correspondientes, su detención es ilegal. En este caso, “se violaron derechos humanos no solo de su sagrada libertad, sino el libre ejercicio de su profesión de informar”, sostuvo Cuevas.
