El derecho a saber
Para Nicaragua resulta muy oportuno que la SIP haya declarado el 2011 como Año de la Libertad de Expresión, porque este país estará entonces en un proceso electoral y será muy importante el respeto a la expresión plena de los ciudadanos, incluida la que manifiesten al votar.
Nicaragua aparece entre los países latinoamericanos “donde los gobiernos están recurriendo a medidas antidemocráticas para reprimir a los medios de comunicación independientes”, según las conclusiones de la 66 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada durante la última semana en Mérida, México.
Este es un problema que afecta a la población en general, además de los periodistas; y en circunstancias electorales se agrava porque es cuando los ciudadanos necesitan estar más y mejor informados, para decidir con sensatez a quién o quiénes respaldar con sus votos.
El derecho a saber, tan importante en la vida cotidiana de las personas, se vuelve crucial en tiempos de elecciones porque los ciudadanos son bombardeados por la propaganda de los partidos políticos, a veces cargada de medias verdades o mentiras descaradas.
Algunos fraguan manipulaciones políticas, aprovechando condiciones de pobreza o carencias de sectores de la población, para que la gente comprometa su voto a cambio de paquetes de alimentos, juguetes para los hijos, electrodomésticos y hasta bonos salariales si se trata de empleados públicos.
Son los medios de comunicación independientes los que informan a la población de lo que sucede detrás de las nubes de propaganda de partidos políticos y funcionarios públicos que quebrantan la ley, para beneficiar a unos candidatos y perjudicar a otros.
En Nicaragua dos situaciones recientes indican que el partido de Gobierno, el Frente Sandinista (FSLN), tiene intenciones de engañar a la población y alterar los resultados de las próximas elecciones generales de noviembre de 2011: Una, el bloqueo del Consejo Supremo Electoral (CSE) a periodistas de medios independientes, a quienes impide cubrir hasta los más mínimos eventos de esa entidad, como las conferencias de prensa; y dos, la supresión de la observación electoral, nacional e internacional.
En el primer caso, como el CSE sólo da información a periodistas oficialistas, es evidente la pretensión de esconder a la población lo que se cocina dentro de esa entidad, encargada de decidir quién participa en las elecciones, de contar los votos y proclamar a los ganadores aún sin dar a conocer la totalidad de la votación, como sucedió en 2006, cuando dejó pendiente de publicar el 8 por ciento del escrutinio.
La prohibición de la observación electoral completaría el plan de ocultar las maniobras sucias para el día de la votación, que por lo visto traman en el CSE. El antecedente más cercano para sospechar de sus actuales funcionarios es el fraude en los comicios municipales de 2008, que favoreció al FSLN.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión es un asunto de primer orden en Nicaragua, pero es una lucha que corresponde a toda la sociedad, no sólo a los periodistas.
Si la población nicaragüense pierde el derecho a saber, el país perderá lo que queda de democracia.
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