Por Jaime Chamorro C.
La crisis de la institucionalidad, el desmantelamiento del Estado de Derecho y el atropello a la norma de la separación e independencia de los poderes del Estado se han seguido agravando en una forma dramática, amenazando los fundamentos de la democracia representativa.
Parte del atropello del Gobierno al Estado de Derecho ha sido la destitución sin el debido proceso de varios alcaldes, de los pocos que no fueron víctimas del fraude de las elecciones de noviembre de 2008. Y a otros alcaldes los ha convencido de abandonar sus partidos para cooperar con el Frente Sandinista.
El gobierno está usando al Ministerio del trabajo (Mitrab) y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para intimidar a las empresas privadas mediante constantes inspecciones y auditorías. El Diario LA PRENSA es una de las víctimas, pues sólo en el curso del último año (de septiembre de 2009 a la fecha) el Ministerio del Trabajo ha hecho 5 inspecciones y auditorías y el Seguro Social (INSS) ha realizado cuatro.
LA PRENSA decidió rescindir los contratos de seis repartidores de suscripciones para mejorar sus servicios a los clientes. Esto provocó que otros 17 contratistas de distribución boicotearan la salida de los periódicos, por lo que se procedió a suspender el contrato comercial con esas personas. El Ministerio del Trabajo ordenó reintegrar en calidad de trabajadores permanentes a los 23 repartidores que prestaban ese servicio como contratistas, a los que se les rescindió su contrato el 12 de agosto por haber bloqueado 23 rutas de distribución del Diario afectando a 3,500 suscriptores y lectores en Managua. Dicha resolución del Ministerio del Trabajo afecta la libertad de prensa al quitarle autonomía e independencia al Diario LA PRENSA para resguardar y garantizar su sistema de distribución, el que fue afectado por el boicot cometido por repartidores de periódicos, además viola la libre contratación que garantiza la Constitución de la República. Al respecto es importante tener en cuenta que la Declaración de Chapultepec es clara en afirmar que “la libertad de prensa se ve seriamente afectada cuando se restringe la circulación de los medios o la divulgación de sus mensajes y cuando se crean obstáculos al libre flujo informativo”.
Tanto el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) como la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), lo mismo que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) respaldaron a LA PRENSA. Por su parte la SIP se pronunció en apoyo a la libertad de prensa cuestionando la resolución del Ministerio del Trabajo. Sin embargo, grupos de choque liderados por sindicalistas oficialistas del FSLN se plantaron frente a las instalaciones de LA PRENSA, apoyados con morteros y altoparlantes, violentando el libre tránsito vehicular para exigir el reintegro a los repartidores de periódico
Por otra parte, los radioperiódicos se están acabando poco a poco en Nicaragua, pero mientras un grupo de radios lucha por sobrevivir las emisoras oficialistas gozan de inversiones millonarias y sus programas se transmiten llenos de anuncios oficiales. En Managua se registra el cierre de casi veinte radionoticieros y en el interior del país la situación es aún más asfixiante, ya que ningún funcionario del Gobierno tiene autonomía para otorgar publicidad y la empresa privada ha venido disminuyendo su pautación. Además, las radios y televisoras siguen siendo neutralizados o compradas por personas vinculadas al Gobierno y la diversidad noticiosa es cada vez menor.
La retórica del presidente Ortega contra los medios independientes ha disminuido últimamente, seguramente porque se acerca el período electoral. Ha habido una apertura muy reducida de la información oficial sobre la epidemia de leptospirosis, que ha cobrado la vida de 16 personas. Pero el embargo informativo oficial a los medios de comunicación sigue prevaleciendo.
Persiste el boicot a los medios independientes. En la presentación de la convocatoria a las elecciones nacionales del próximo año, las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) impidieron que periodistas de medios independientes dieran cobertura al acto. Sólo permitieron el ingreso de periodistas que laboran para medios afines al gobernante FSLN, como la Nueva Radio Ya, Canal 4 y Canal 8.
Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos.
El autor es Director de LA PRENSA.
Resumen de informe presentado ante la 66ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Mérida, México, 5 al 9 de noviembre de 2010.
Ver en la versión impresa las páginas: 9 A
