En las últimas semanas el PLC ha desatado toda una guerra de desinformación con el propósito de fabricarse una excusa para reeditar el pacto de 1998. El pobre resultado de las últimas encuestas del candidato de ese partido pareciese que los ha llevado tomar la desesperada decisión de elegir junto a la bancada gobiernista a los 25 magistrados a los que se les han vencido sus términos, incluyendo entre éstos a los siete magistrados propietarios y tres suplentes del Consejo Supremo Electoral. Por eso han decidido separarse de los acuerdos de Metrocentro II, por medio de los cuales la oposición se comprometió a no elegir a ninguno de los magistrados responsables del mayor fraude electoral de nuestra historia.
Esgrimir como excusa que no tenemos los 56 votos necesarios para elegir es una defensa pobre y carente de veracidad, ya que tampoco el FSLN los tiene. Si analizamos la situación de Ortega alrededor de su ilegal e ilegítima candidatura y su desesperación por justificar la permanencia de los ex magistrados en sus puestos, tenemos que concluir que el más interesado en conseguir esa votación debería ser el presidente Ortega. Razón por la que no termino de entender la prisa del PLC al prestarse a reelegir al más repugnante de los responsables del fraude, me refiero por supuesto al ex presidente de ese poder del Estado. El que se esgrima como excusa que Fabio Gadea haya manifestado la posibilidad de inscribirse como candidato aun con los magistrados existentes o que Eduardo Montealegre se haya referido al tema al retar a Ortega a poner en el plenario de la Asamblea los nombres de los magistrados corruptos tampoco es una excusa válida.
No hace mucho en estas mismas páginas Guillermo Miranda escribió un artículo en que nos advertía que buscar el segundo lugar en las próximas elecciones no era aceptable para los verdaderos opositores al totalitarismo de Ortega. Al respecto, pareciese que algunos partidos políticos y sus “líderes” eso es lo que persiguen conformándose con las migajas que el Gobierno les ofrece por prestarse a su juego. Cuando la Contra aceptó desmovilizarse después del triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro, les entregamos a los políticos, a los empresarios, a los banqueros y al pueblo una Nicaragua democrática producto de una lucha que había costado 50,000 vidas. Hoy, 20 años después, solo el pueblo ha cumplido con el compromiso de preservarla, ya que en su gran mayoría continúa siendo fiel a la causa de la democracia, no así los políticos que no supieron preservarla, ni la llamada empresa privada o gran capital que hoy pareciese sentirse más que cómoda con la clase de gobierno que está implementando Ortega, siempre que les continúe permitiendo participar del festín del fraude.
El 6 de noviembre del próximo 2011 Nicaragua tiene una cita para elegir nuestro destino y el futuro, de la madurez política que demostremos dependerá en gran medida el resultado que obtengamos. Por ello de este momento en adelante no caben ni se deben permitir traiciones, pactos y componendas que contribuyan a prolongar el tiempo de Ortega en el poder. La consigna de todo opositor debe ser sencilla, pero contundente. Ortega no puede ser candidato y si sus magistrados se lo permiten, jamás el pueblo reconocerá semejante aberración. En consecuencia será un “presidente” ilegítimo. Si ese día llegase, el pueblo sabrá encargarse de él como lo ha hecho en otras ocasiones.
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