Nicaragua destaca otra vez en Centroamérica por estropear la libertad de prensa, al seguir en una posición negativa sólo superada por Honduras, donde han matado a más de diez periodistas en el último año.
Sería el colmo que el régimen de Daniel Ortega intentara disputar el último lugar a Honduras, país comparado con México y Colombia por la inseguridad en que se mueven los periodistas, según la clasificación de Reporteros Sin Fronteras.
Aunque en los últimos cuatro años ningún periodista ha sido asesinado en Nicaragua, en este país el acoso a los medios de comunicación independientes es parte de una política del gobierno de Ortega, quien ha lanzado ataques verbales al periodismo crítico y, luego, ha dejado que turbas de su partido pongan la dosis violenta para intimidar.
En Honduras el caso es distinto, ya que se trata de grupos criminales, al margen del Gobierno hasta donde se sabe, los que se han dedicado a asesinar periodistas, sobre todo después del golpe de Estado de junio de 2009. Por esa razón, el presidente Porfirio Lobo pidió hace un mes al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, que envíe a Tegucigalpa una comisión que revise el cumplimiento de la justicia y los derechos humanos.
En ambos casos, la libertad de los ciudadanos de informar y de ser informados está en peligro, aunque es obvio que el grado de peligrosidad y violencia es mayor en Honduras.
Según la clasificación anual de Reporteros Sin Fronteras, que acaba de ser publicada, Nicaragua ocupa el sitio 83 en la escala mundial del respeto a la libertad de prensa; y aparecen en mejor situación El Salvador (51), Guatemala (77), Panamá (81) y Costa Rica (29). De Centroamérica, Honduras es el que está en el fondo, en la posición 143.
El problema en Nicaragua es que el gobernante Frente Sandinista (FSLN) ha tratado de meter en miedo a los periodistas para obligarles a autocensurarse.
En octubre de 2008, el secretario general de RSF, Jean-Francois Julliard, mandó una carta al presidente Ortega pidiéndole poner fin a “las campañas de odio y suspicacias, incluso las que se dan en el terreno judicial”, garantizar “la seguridad de los profesionales de los medios de comunicación” y hacer “todo lo necesario para garantizar el derecho a informar libremente”.
Fue la reacción de RSF ante uno de los actos de violencia instigados por el régimen de Ortega, en que al menos dos reporteros de televisión y algunos funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) fueron golpeados por las turbas del FSLN el 16 de octubre de 2008.
Mientras eso ocurría, “los policías presentes ni siquiera se dignaron en responder a los pedidos de auxilio de las víctimas y ninguna voz, procedente de la justicia o del Gobierno, se ha alzado para condenar esas actuaciones”, denunció entonces Reporteros Sin Fronteras.
Ninguno de los agresores orteguistas ha sido castigado por la justicia; y esa impunidad es un indicio de que el riesgo puede aumentar en 2011, cuando habrá elecciones generales.
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