Mi Punto de Vista
El acuerdo ad hoc que el viernes pasado fue firmado por los magistrados del régimen dictatorial del presidente Daniel Ortega Saavedra y el magistrado liberal Manuel Martínez Sevilla, en representación de sus colegas, reconoce que en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sólo hay magistrados constitucionales (electos en la Asamblea Nacional), que la organización del Supremo Tribunal finalizó el 14 de junio pasado, y para que la CSJ pueda funcionar, establecieron una forma Ad Hoc de laborar en grupos y miembros de la CSJ.
Es decir, como no pueden organizar e integrar la CSJ porque la Asamblea Nacional no ha nombrado a cuatro magistrados en ese Poder del Estado, pues se han creado cuatro grupos de trabajo, tres de los cuales son para temas jurisdiccionales.
Estos grupos formados por cuatro magistrados constitucionalmente electos prepararán los proyectos y si hay acuerdo entre ellos, lo pasan a los “miembros de la CSJ“, ya que en el acuerdo no se indica que hay Corte Plena.
Con la aprobación de cuatro magistrados, el resto de magistrados en funciones firmarán y queda firme la sentencia. Si hay una anomalía en la integración de los grupos o de los miembros de la CSJ, los liberales se dejaron reservado el derecho de emitir un voto razonado para impugnar la sentencia, lo cual la viciaría de nulidad.
El acuerdo propone la salida provisional a la espera de que la Asamblea Nacional nombre a los magistrados faltantes. De esta manera los liberales no reconocen como magistrados a los abogados orteguistas Rafael Solís Cerda y Armengol Cuadra López, y menos al resto de las instituciones que se les ha vencido el mandato como, por ejemplo, el aliado de Ortega, Roberto Rivas Reyes, en el Consejo Supremo Electoral (CSE).
La vigencia del acuerdo dependerá del respeto que los magistrados del régimen dictatorial le den al mismo, pero si empiezan violando lo suscrito, la crisis generada por Ortega y sus operadores políticos seguirá. Los liberales han hecho lo acertado al decidir que sólo firmarán aquello que no esté viciado de nulidad. Depende de los magistrados orteguistas que el acuerdo funcione para bien del país, mientras los bárbaros de los diputados vuelven de seguir haciendo nada y eligen a los cuatro magistrados que faltan en la CSJ, pues ya no son magistrados Rafael Solís Cerda, Armengol Cuadra López ni Dámicis Sirias. Además del fallecido Guillermo Selva.
El pueblo de Nicaragua que votará en las próximas elecciones nacionales debe estar claro que los magistrados del régimen de Ortega son los mal intencionados y promotores de la retardación de justicia en la CSJ, lo cual quedó reflejado con la cantidad de expedientes que presentaron recientemente.
Veremos si el acuerdo Ad Hoc tiene sentido, pues ayer mismo el magistrado del régimen, Francisco Rosales Argüello, incurrió en una primera violación de los acuerdos, al instruir como si fuera “presidente” de la Sala Constitucional, convocar a tres magistrados más (Iván Escobar Fornos, Ligia Molina y Sergio Cuarezma Terán) para reunión hoy a las 10:00 a.m. La segunda anomalía es invitar a esta reunión a Solís, quien ya no es magistrado.
Aquí debería presentarse la primera impugnación a esta reunión porque Rosales no es presidente de la Sala Constitucional y Solís no es magistrado para que esté en esa reunión. Solís no debería estar ahí y por el contrario, debería enfrentar lo que manda la Ley por la usurpación de funciones públicas.
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