Fernando Somarriba de Valery
Cuando en 1999 un grupo de cineastas nos dimos a la tarea de elaborar una ley de cine, lo que nos movía era la necesidad de crear un marco regulador que permitiera obtener el apoyo que merece esta actividad artística. Siendo Nicaragua un país pequeño que no cuenta con una industria de cine desarrollada, tratamos desde un inicio de elaborar una ley aterrizada a nuestra realidad, cuyo objetivo fundamental fuera garantizar un compromiso permanente de parte del Estado hacia la actividad cinematográfica, creando un Fondo de Fomento al Cine, que permitiera brindarle un impulso a la producción de cine nacional, a promocionarla, a la preparación de nuevos técnicos y artistas, a la conservación de nuestros archivos fílmicos, al fomento de una cinematografía nacional como una proyección de nuestra realidad y cultura hacia el mundo en la pantalla grande y hacia los medios masivos de comunicación y de entretenimiento.
La recién aprobada “Ley de Cinematografía y las Artes Audiovisuales”, en su proceso de formación que tomó doce años fue manoseada por tres gobiernos, por innumerables comisiones de Educación y Cultura en la Asamblea Nacional, a un ritmo de trabajo de avanzar un paso y retroceder tres, hasta que finalmente fue aprobada recientemente, no sin antes encargarse de mutilarla de muerte al punto de convertirla en una ley sin mucha sustancia que no vendrá a tener suficiente utilidad, ni servirá para los propósitos que fue concebida por sus creadores y promotores, ni para los cineastas.
Los honorables y cultos diputados han decidido que la cinematografía no es de interés nacional, que no merece un apoyo permanente de parte del Estado y que por lo tanto la contribución que el Estado otorgará por medio de esta ley será de un aporte económico “por una sola vez”, dicen que para crear un fondo semilla, sin definir de cuánto será ese aporte, ni quién decidirá su monto, ni el mecanismo para otorgarlo. Tampoco permitieron los señores diputados que se le quitara un porcentaje a la taquilla de los cines, ni que las compañías de televisión por cable contribuyeran al Fondo, en otras palabras dejaron al Fondo sin fondos y sin muchas posibilidades de alimentarse de otras fuentes. El no permitir ni que el Estado, ni que la industria del cine y la televisión contribuyeran con el Fondo de Fomento al Cine ha alejado la posibilidad de un verdadero fomento a esta actividad.
Es una pena que todo el esfuerzo haya sido truncado producto de la miopía cultural de nuestros diputados y gobernantes, los que con sus acciones u omisiones le han dado la espalda a la cinematografía nacional. Creo que si bien no podemos esperar mucho de los diputados que tenemos porque ya vimos el resultado de su trabajo en esta ley, el Ejecutivo, supuestamente más sensible a estos temas y que de alguna forma había venido apoyando la iniciativa, bien pudo como último recurso vetar parcialmente esta ley en lo referente al Fondo de Fomento al Cine y solicitar que se dotara al mismo de recursos permanentes, suficientes y no dejarlo en un limbo en el que no se sabe qué sucederá una vez que se haya agotado el “fondo semilla”. Obviamente ya sabemos qué es lo que va a ocurrir.
Con ley o sin ley los cineasta locales continuarán en las mismas condiciones de siempre, sin poder cuidar de su patrimonio fílmico adecuadamente, sin poder educarse bien, sin mayores oportunidades, teniendo que vivir peregrinando por el mundo en busca de apoyo para poder producir sus obras y ante una lastimosa realidad en la que será necesario buscar afuera quién brinde el apoyo que la cinematografía nacional urgentemente necesita, porque aquí a lo interno del país no fue posible convencer a las autoridades que se trataba de un tema importante. Réquiem a esta pobre ley.
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