La crisis de legalidad que padece Nicaragua ha desembocado, como era inevitable, en una crisis de legitimidad. La sistemática manipulación de la Constitución, las leyes y las instituciones en general, ha conducido a una alarmante pérdida de credibilidad en el sistema jurídico, en los órganos del Estado y en los funcionarios encargados de la administración pública, con grave perjuicio para el funcionamiento del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.
La seguridad jurídica y la estabilidad política se ven atropelladas por los abusos y manipulaciones o, cuando menos, amenazadas por actuaciones del poder público que no tienen otra finalidad que poner a su servicio las instituciones, las leyes y las resoluciones judiciales para tratar de justificar legalmente comportamientos de facto e irregularidades cada vez más frecuentes.
No cabe duda que esto responde a una estrategia premeditada que tiene como fin primordial la prolongación de situaciones que favorecen determinados intereses políticos y personales, y la preservación en los cargos de los incondicionales, de tal forma que el tejido jurídico y político y los funcionarios que lo administran, sean una garantía para mantener abiertas las seguridades de la reelección y continuidad, a pesar de las prohibiciones que establece la Constitución.
Además de ello, las reiteradas tergiversaciones de la ley, y las pretendidas habilidosas interpretaciones de su contenido, mantienen al país abocado a un debate estéril, en el que la mayor parte de las veces se trata de rebatir las argucias interpretativas de funcionarios y representantes de organismos del Estado, que sacan bajo la manga los “argumentos” que favorecen las aspiraciones de perpetuación en el poder. Con frecuencia el debate jurídico es un ejercicio para demostrar lo absurdo de las interpretaciones oficiales de la ley, en el que, además, durante un tiempo determinado el país se vuelca a la discusión de temas planteados por esa agenda surrealista, la que una vez agotada por cansancio, vuelve a renovarse la siguiente semana con nuevos temas del absurdo preconcebido y a convocar a una nueva discusión.
Indudablemente esto distrae de los problemas fundamentales, pero también desgasta, no sólo a los que tratan de establecer el sentido adecuado de las disposiciones legales, sino además a quienes inducen estas discusiones, pues a la larga terminan siendo víctimas de sus propias estratagemas. En efecto la ciudadanía en general, aunque una parte de ella no se apropie necesariamente de los complicados argumentos jurídicos, percibe claramente que la intención de quienes esto promueven, es tratar de justificar lo injustificable para lo cual utilizan cualquier argumento extraído como conejo del sombrero y de medir hasta qué punto esas afirmaciones puedan afianzarse a pesar de lo absurdo que pueda ser su pretendida justificación.
Es así que vemos decretos presidenciales que prorrogan el período de funcionarios sin tener atribuciones para ello, invadiendo la jurisdicción de la Asamblea Nacional y, en consecuencia, violando la Constitución; sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que declaran inconstitucional un artículo de la Constitución sin tener facultades para ello; nombramientos de ministros y embajadores sin la ratificación de la Asamblea; declaraciones del propio presidente del Poder Legislativo afirmando la vigencia de artículos transitorios de la Constitución emitidos hace más de veinte años para responder a una situación particular ya resuelta hace más de dos décadas, entre otras muestras de la continua violación de la Constitución Política y las leyes del país, de parte de aquellos funcionarios encargados, precisamente, de preservar su naturaleza y jerarquía.
La constante transgresión de la ley para adecuarla a los intereses del poder, es percibida por la ciudadanía que ve perfectamente que los abusos se han transformado en usos y que lo que podían ser situaciones de excepción han devenido la regla general. Lo anómalo es lo normal y la violación de la Constitución y las leyes es la conducta habitual.
La crisis de legitimidad consiste tanto en la interpretación y aplicación indebida de las leyes para adaptarlas a intereses personales, políticos y familiares, en detrimento de la legalidad e institucionalidad y del verdadero interés general de la sociedad, como en la consecuente pérdida de credibilidad en los funcionarios que administran estas instituciones, deformadas por intereses ajenos al verdadero interés colectivo y a los objetivos y finalidades generales de la ciudadanía y la nación.
Junto a esto hemos visto una vez más, el uso de las fuerzas de choque para impedir el acceso de los diputados al recinto de la Asamblea Nacional; el ataque con morteros y piedras a un hotel en el que se realizaba la sesión, ante la imposibilidad de hacerlo en el local del parlamento; y la agresión a la sede de un partido político y a algunos de sus dirigentes, en una demostración de violencia e irrespeto a los más elementales derechos civiles y políticos.
Volviendo al tema de la crisis producida por la manipulación de la ley y las instituciones y por la sistemática desnaturalización de la legalidad y la legitimidad, pensamos que para superar esta situación se requiere una consciente y activa participación ciudadana que incida en la conducta de los partidos y líderes políticos a fin de que sus estrategias se orienten a establecer el Estado de Derecho y una verdadera democracia, más allá del juego de intereses personales y pactos de cúpula, que han hecho de la política el arte de la repartición de beneficios de espaldas al pueblo y a costa de sus anhelos y esperanzas.
Para recuperar la legitimidad y rehacer moral y jurídicamente la Nicaragua de hoy y construir la de mañana, es imperativo romper el círculo vicioso hecho de violencias, arbitrariedades, ambiciones y trampas legales en el que el país está atrapado, y poner todos nuestros esfuerzos en la construcción de una sociedad con valores y principios comunes, en donde el derecho y la ética sean garantía de seguridad, libertad y dignidad de todos los nicaragüenses. b
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