Por Douglas Carcache.- Aunque Nicaragua se libró de las leyes que imponían la censura de prensa, en 1990, periodistas y medios de comunicación son sometidos ahora a distintas presiones para que se autocensuren.
En Nicaragua se celebra hoy el Día Nacional del Periodista y es oportuno reflexionar sobre el aumento de las amenazas al ejercicio de esta profesión, que afectan a la sociedad en general porque la defensa de los derechos humanos depende en gran medida de que exista una prensa libre.
Cuando Daniel Ortega Saavedra perdió el poder en las elecciones de febrero de 1990, en Nicaragua existía una ley para censurar a la prensa y fue eliminada por él mismo en marzo, un mes antes de entregar el gobierno a la candidata triunfante, Violeta Barrios de Chamorro.
Ortega dio apertura a la prensa antes de esas elecciones porque se lo exigían los acuerdos de paz de Esquipulas, suscritos por los presidentes de Centroamérica el 7 de agosto de 1987, pero mantuvo la ley.
El compromiso número cinco de Esquipulas era “garantizar libertad de información y de difusión del pensamiento”. Sin embargo, sólo después de perder el poder Ortega deshace las cadenas legales con que había atado a los medios.
Tras veinte años, Ortega gobierna de nuevo y se jacta de que ahora ninguna autoridad impone censura de prensa previa en este país. Pero oculta que ha dado orden a sus funcionarios de obstaculizar el acceso de los periodistas a la información de las entidades públicas, y que utiliza la publicidad del Estado para premiar o castigar a los medios, razón por la que algunos han optado por dejar de investigar y de hacer críticas para evitar represalias.
Desde que volvió a la Presidencia en enero de 2007, Ortega nunca ha dado una conferencia de prensa en que los periodistas, sin distingo, puedan hacerle preguntas con libertad. Sus comparecencias públicas son monólogos, sólo se oye su opinión, ninguna otra.
La “comunicación” del Gobierno es tan cerrada que ni siquiera durante la epidemia de la famosa gripe A permitió el acceso directo de los periodistas a las autoridades del Ministerio de Salud, a pesar de que la emergencia sanitaria exigía mantener bien informada a la población.
Por eso, los periodistas de los medios independientes tuvieron que estar pendientes de la televisión oficialista, Canal 4, para conocer la información oficial sobre la epidemia.
¿Si el periodismo no es libre de fiscalizar y cuestionar a quienes gobiernan, qué certeza puede tener la población de que el Presidente y sus funcionarios actúan con honestidad y dicen la verdad?
Sólo alguien empecinado en quedarse en el poder, contra la ley y los derechos ciudadanos, trata de impedir que la población se forme sus propios juicios a través de la información irrestricta de los medios de comunicación.
Por eso, a periodistas y medios que no le apoyan de forma incondicional Ortega les pone obstáculos y los acosa. No los censura como en los años 80, pero los intimida para que se autocensuren. Algunos ceden, otros nunca callarán.
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