Mi Punto de Vista
En Nicaragua estamos sobrellevando las cosas en medio de un Gobierno de salvajes encabezado por el presidente Daniel Ortega Saavedra, quien expande el daño a las otras instituciones hasta crear un Estado de salvajes.
El mandatario y su séquito no sólo no respetan la democracia y la institucionalidad, sino que amenazan con atentar contra la vida de quienes cuestionan su sistema totalitario de dirigir esta nación.
La familia presidencial y sus siervos se encargan de retorcer los instrumentos jurídicos que regulan la conducta de los ciudadanos de un Estado de Derecho, el cual anhelamos quienes creemos en el respeto de los valores de una sociedad moderna.
Después de todas las arbitrariedades que el presidente Ortega ha hecho con los cuerpos normativos para chantajear a sus adversarios políticos y mantener sometida a la democracia en Nicaragua, en medio de su tormentosa ansia de perpetuarse en el poder, ahora ordena a sus magistrados en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que den trámite a un recursos que interpuso la diputada orteguista Alba Palacios, y con ello dejar en vigencia el decreto 03-2010 del mandatario, con el que pretende extender abusivamente los períodos de 25 funcionarios públicos en sus cargos en la Contraloría General de la República (CGR), el Poder Electoral y el Judicial, así como en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El magistrado orteguista Francisco Rosales quiere radicar el recurso de Palacios sólo con su firma, amparado en su cargo de presidente de la Sala Constitucional. Aquí queda claro un acto de soberbia y sinvergüenzada de este magistrado que lo hace cobijado por el totalitarismo de su jefe, el presidente Ortega.
Con la radicación del recurso, el magistrado Rosales pretende dejar vigente el Decreto Ejecutivo 03-2010 de Ortega y suspender los efectos legales de la resolución del Tribunal de Apelaciones de Masaya, que resolvió un recurso de amparo y ordenó suspender el efecto de dicho decreto.
Desde que Ortega asumió el poder, la institucionalidad del país ha sufrido un fuerte revés. El mandatario, acostumbrado a gobernar al estilo manu militari como en los años 80, ha amenazado a sus adversarios políticos, condiciona a inversionistas nacionales y extranjeros, manda a sus turbas delincuenciales a golpear a los sectores sociales y/o políticos que expresan en las calles sus desacuerdos con su política de gobierno totalitaria, saca provecho a sus militantes y/o aliados políticos que tiene en las instituciones de todos los poderes del Estado, manosea a la Policía y el Ejército, y en fin, comete toda clase de abusos.
Por otra parte, y como si lo anterior fuese poco, en este Estado donde gobierna una clase política salvaje, también se suma el Consejo Supremo Electoral (CSE), que para terminar de rematar las esperanzas de miles de ciudadanos, en la Costa Caribe nicaragüense no ha querido entregarles sus cédulas de identidad para que ellos ejerzan su derecho a elegir a sus autoridades regionales en los comicios del próximo 7 de marzo.
Personas como Ortega y sus aliados en el Poder Electoral, el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y en la Contraloría no deben ser elegidos en sus correspondientes momentos porque sólo daño le causan a la sociedad nicaragüense.
Las personas que cogobiernan con Ortega no merecen la confianza de los votantes, razón por la cual en cualquier elección se les debe castigar y elegir a personas que no sean corruptas, totalitarias y dañinas para el Estado nicaragüense. Los ciudadanos merecemos un país con desarrollo político, económicos, social, cultural, pero sobre todo, con desarrollo de los principios democráticos para el fortalecimiento de un Estado de Derecho.
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