Esta administración del presidente Daniel Ortega se ha caracterizado —entre otras cosas— por la inestabilidad laboral de sus ministros, directores y demás funcionarios. Nadie está seguro en este gobierno. Todos penden continuamente del hilo de la simpatía de la Primera Dama, Rosario Murillo. Como informa LA PRENSA en su edición del 21 de septiembre pasado, la lista de destituidos es kilométrica: Glenda Ramírez, Ministra de Mifamilia; Amanda Lorío, Ministra del Ambiente; Margine Gutiérrez, directora de Cultura, sustituida luego por Emilia Torres y esta por Luis Morales; Mario Salinas, presidente de Turismo y Nubia Arcia que le sustituyó; Horacio Brenes, ministro de Fomento; Leana Lacayo, viceministro de Fomento; Edna Adela Stuber, directora ejecutiva de la Oficina de Ética Pública; Luis Hernaldo Lara, secretario ejecutivo del Consejo Nacional y Protección Integral a la Niñez y a la Adolescencia; María Auxiliadora Briones, directora del IDR y Karla Patricia Rodríguez que le sustituyó y Oscar René Vargas, embajador en Francia. También habría que incluir como destitución —aunque de manera velada— al profesor Orlando Pineda quien estaba a cargo del programa de alfabetización Yo Sí Puedo y que fue sustituido repentinamente por Mario Rivera cuyo único currículo es haber trabajado con la Juventud Sandinista. El Ministro de Educación, De Castilla, rebajó el salario de Pineda a la mitad y aprovechó su protesta para nombrar en su lugar al señor Rivera. La última destitución fue la de Mireya Molina, la cual se desempeñaba como Intendente de la Propiedad. Si a esto se agregaran los cambios de empleados gubernamentales intermedios, la lista llenaría muchas páginas.
Lo irónico es que la mayoría de los despidos son motivados por cuestiones infantiles. Una declaración de desacuerdo con tal o cual posición del Gobierno, una entrevista a un medio de comunicación, cualquier iniciativa no consultada, un intercambio de argumentos con la Primera Dama, la autorización para vender comida en un ministerio, etc. Pero la manera irrespetuosa y humillante de tratar a funcionarios públicos revela, por un lado, una gran inmadurez política y, por otro, un carácter autoritario que recuerda cada vez más a regímenes déspotas como el somocista en su peor momento. La incongruencia entre el discurso y la práctica marca definitivamente el estilo y la personalidad del actual gobernante. También, la atropellada destitución de funcionarios públicos indica que para los Ortega/Murillo, la persona como tal y su capacidad profesional no es lo que cuenta sino más bien, su vocación de sumisión incondicional. Además de autoritario, este es un gobierno autista, es decir, replegado sobre sí mismo, incapacitado de establecer comunicación, necesitado de mantener absolutamente estable su entorno, lo cual es trágico. Trágico y al mismo tiempo, cómico, porque la gente en la calle fabrica sus chistes sobre las cantinflerías de la Primera Dama la cual supervisa desde la contratación de las flores, la decoración de las tarimas y de oficinas hasta la vestimenta de los ujieres en las comparecencias de su esposo.
Resulta fácil, entonces, imaginar lo difícil que es mantenerse bajo la gracia y simpatía de la Primera Dama, vale decir, lo difícil que es para cualquier funcionario mantener su puesto de trabajo. También se puede entender la ineficiencia que permea todas las estructuras gubernamentales y que se manifiesta en la peor subejecución presupuestaria de los últimos años, en la falta de creatividad y, en general, en una tolerancia de la mediocridad sustentada por el partidismo. Si el titular de una cartera es destituido cada tres o seis meses, el que la ocupa siempre es un novato que desconoce las necesidades del área bajo su responsabilidad. Así no se avanza ni se combate la pobreza. Demasiadamente ocupados en zoncerías, Ortega y su esposa en realidad no tienen soluciones inmediatas ni de mediano plazo a la problemática nacional. La ayuda del petróleo venezolano —en la cual un sector de la población había cifrado esperanzas— no se ve reflejada en un mejoramiento del nivel de vida de los nicaragüenses. Al contrario, el costo de la vida aumenta alarmantemente y prevalece una gran inseguridad jurídica. El mismo Gobierno atropella cuando quiere la Constitución Política y las leyes y fomenta el secretismo y la corrupción. Nicaragua requiere que algunos de sus hijos sensatos se pongan de acuerdo para evitar la catástrofe.
