Hugo F. Castillo
Las tendencias y rasgos del proceso político nicaragüense, continúan presentes, no obstante algunos han adquirido cierta nitidez en lo que va del nuevo siglo. Persiste el esfuerzo de dominación del sector político en el poder a largo plazo sin definir claramente un interés clasista y menos aún un posible proyecto de nación.
Se mantiene la capacidad de iniciativa del partido gobernante y las dificultades de los principales partidos de oposición para redefinir su papel en un sistema de partidos. El Frente Sandinista como expresión política de la “izquierda”, más allá de algunos avances organizativos importantes, reflejado en las recién pasadas elecciones, persiste en limitaciones tácticas relacionadas a su objetivo de convertirse en una opción de gobierno y de poder.
Persiste la intención de anular las posibilidades políticas independientes de los sectores subordinados, por parte de ambas bandas, es decir, los autodenominados liberales constitucionalistas, que se abrogan el patrimonio de liberal de cualquier ciudadano y el frentismo el patrimonio del sandinismo e incluso de cualquier intención democrática de corte socialdemócrata. Ambos coinciden y tratan de dirimir el contenido real de esta opción socialdemócrata propugnada, aunque muy veladamente.
Similares criterios podríamos esgrimir para el análisis de la situación económica y para los temas relativos al tratamiento que se le ha venido dando a los conflictos de carácter sindical.
Podríamos decir que con estas manifestaciones se cierran las brechas a posibilidades políticas concertadas y se replantean las alianzas “democráticas” con rasgos distintos y muy particulares.
Otro tema posible dentro del análisis es el de los derechos humanos, ligado a la corrupción, a la pobreza, y al hecho mismo de no dar oportunidades al desarrollo independiente de otras opciones y a las mismas clases subordinadas.
Se sigue dando de forma reiterativa, las referencias a modelos estadounidenses u otras potencias donde los temas de conflictividad son menos relevantes, aunque nuestra naturaleza sea diferente, se persiste en un análisis funcional del problema del estado, lo que no permite su racionalización y sí su carácter cada vez más burocrático, la modernización –entre comillas– como una definición de proyectos de país.
Ante esto una obligada reflexión sería en torno a la viabilidad de nuestro país en el marco de un capitalismo altamente dependiente, en el que la presencia de la fracción financiera está incapacitada para la realización de un proyecto de consenso, sobre todo porque la lógica de ganancia y expansión compromete las posibilidades igualitarias de nuestra sociedad y la acción política del Estado, que sería el vehículo, está comprometida por la vía de la confusión partido-Estado.
Cómo se puede proteger a la sociedad frente a la crisis del sistema económico. Indudablemente tenemos que pensar en la necesidad de transformar las relaciones de poder que nos rigen.
Varios son los niveles de reflexión y cuestionamiento que nos podemos hacer ante esta situación cada vez menos clara que vive nuestro país. Se le atribuye al sector privado una capacidad de desenvolvimiento autónoma respecto a las relaciones de producción, independientemente de que este sector surja de las posibilidades que le da y dio el mismo Estado. No sólo en el ámbito de la banca, donde se están dando crisis ya de todos conocidas, la educación privada y los modelos usados, el comercio y los monopolios, por mencionar algunos. Esto nos presenta una gran contradicción, sobre todo si pensamos que tanto el sector privado en general como el sector estatal o el estado mismo son factores que están dificultando el desarrollo.
El Estado no representa el papel de regulador y freno que debería jugar en una coyuntura como la actual, independientemente de que estemos o no de acuerdo con la potenciación del Estado. En la medida que éste permita que sean los directores de banco quienes formulen la política económica de este país, no sólo pone en tela de juicio su credibilidad, sino además la de todos nosotros como nación.
¿Hasta dónde se puede evitar esto? Es la pregunta del millón, sobre todo si pensamos en el origen o los orígenes de ese capital bancario y su subordinación al capital extranjero con una procedencia también dudosa.
No se puede ni se debe seguir permitiendo que sean los directores de bancos quienes decidan la política económica de este país. La democratización de la economía, en términos de participación social en la planificación y en el acatamiento de las decisiones parlamentarias, debe ser asumida como el mecanismo más idóneo del consenso frente a la crisis, ya que esto no es un problema que atañe a los tecnócratas, debe dársele un tratamiento de fenómeno político y social. No podemos seguir tratando la democracia solamente como un valor sino como factor de soluciones.
* El autor es sociólogo-consultor independiente.