En un paso más para centralizar las decisiones concernientes a la resolución de conflictos, entre los que se cuentan los de las empresas, el régimen Ortega Murillo anuló la recién creada Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos. Dicha anulación elimina también la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) y la Dirección de Promoción de la Competencia (Procompetencia). Con esto también desaparecen los Centros de Mediación y solución de controversias.
Antes de crear esta Procuraduría, el régimen anuló los Centros de Mediación privados, entre ellos el de la extinta Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), que se consideraba el más especializado. También desapareció los de las universidades privadas. A partir de ahora la única instancia para solucionar controversias es el órgano judicial, cuyos jueces obedecen ciegamente a los Ortega Murillo.
La Procuraduría que eliminaron actuaba bajo la dirección de la Procuraduría General de la República solo duró dos años. Nació en abril de 2024 mediante la Ley 1202, Ley Creadora de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, con la promesa de garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores. La decisión de eliminarla la sustentan con el argumento de evitar duplicidad de funciones.
De la CSJ pasó a la Procuraduría General de la República (PGR)
Daniel Ortega y Rosario Murillo presentaron el jueves 29 de octubre, ante la Asamblea Nacional, la iniciativa de Ley de Derogación de la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, y ese mismo día los diputados la aprobaron. El documento menciona que con dicha derogación se suprimen también la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) y la Dirección de Promoción de la Competencia (Procompetencia).
La Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos tenía un poco más de dos años de creada. En abril de 2024, en medio de los cambios radicales que enfrentaba la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, los Ortega Murillo le quitaron al sistema judicial la autoridad sobre la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) y se la adjudicaron a la recién creada Procuraduría que también asumió las funciones del Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia).
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Nació mediante la Ley 1202 y actuaba bajo el paraguas de la Procuraduría General de la República (PGR). Su principal función sería «salvaguardar los derechos del pueblo nicaragüense al garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas anticompetitivas».
También desaparecen los Centros de Mediación
La excusa que usan ahora para eliminarla es garantizar la eficiencia administrativa y racionalización del Estado, para evitar duplicidades institucionales y fortalecer la seguridad jurídica. Aunque menciona que la anulación de la Procuraduría evitará la duplicidad de esfuerzos, no indica qué instancias del Estado asumirán las funciones que hasta ahora realizan la Procuraduría, la Dirac y Procompetencia.
La nueva ley que anula dichas instancias solo dice que suprime las tres entidades mencionadas y que, en consecuencia, quedan anuladas la Ley 1202, Ley de Creación de La Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, que estaba vigente desde el 29 de abril de 2024. También se anula la Ley 601, Ley de Promoción de la Competencia.
Esta disposición entrará en vigencia una vez se apruebe y publique en el diario oficial La Gaceta. También deja sin efecto legal «todas las disposiciones del ordenamiento jurídico nacional, que establezcan trámites ante la Dirac, así como las acreditaciones otorgadas por esta, a personas naturales o jurídicas para operar como
Centros de Mediación o entidades administrativas de mecanismos de solución alterna de controversias.
Antes de crear la Procuraduría acabaron con los Centros de Mediación
Pero antes de crear esta Procuraduría que ahora desaparece, eliminaron los Centros de Mediación privados. En marzo de 2023, en medio de la suspensión masiva de personerías jurídicas a más de 5,500 organizaciones, incluidas las cámaras empresariales, la Corte Suprema de Justicia le revocó la acreditación al Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN).
Dicho centro lo inauguraron en 2006, cuando el exreo político desterrado José Adán Aguerri presidía la CCSN. Ese mismo año ese Centro de Mediación y Arbitraje firmó un convenio para ser la sede nacional de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). El centro resolvía conflictos nacionales e internacionales y utilizaba equipos de alta tecnología. También disponía de una amplia lista de árbitros nacionales e internacionales.
Tras su cierre, dirigentes empresariales y abogados aseguraron que en Nicaragua era el de mayor especialización para la solución de casos relacionados con conflictos comerciales y empresariales en general. Resolvía desde deudas hasta conflictos de propiedad intelectual, incumplimiento de contratos, temas de seguros no pagados y otros de manera eficaz y más ágil; y evitaba acudir al sistema judicial que es más lento, carece de credibilidad y expone al pago de coimas y chantajes.
Posteriormente también cerraron los otros Centros de Mediación privados que ofrecían servicios, el de las confiscadas Universidad Centroamericana (UCA) y de la Universidad Politécnica (Upoli), también otros privados que funcionaban en Carazo y Managua, y ahora los que aún seguían acreditados.
