No sé quién introdujo la idea de que el mercado es algo egocéntrico y perverso, pero ha trastocado su sentido. Originalmente, quienes hablaron del mercado no eran “economistas” sino, como los de la Escuela de Salamanca, teólogos y filósofos morales o como Adam Smith que se dedicaba a la filosofía moral.
Moralistas que no pretendían fundar otra ciencia, solo explicar el comportamiento de las personas dentro de algo tan natural como el mercado que era solo la reunión de todas las personas comunes, de un lugar, que cooperaban voluntaria y pacíficamente, intercambiando productos y servicios, con el fin de mejorar su vida y colaborando con los demás, ya que todo intercambio voluntario solo ocurre si cada uno recibe lo que le sirve mejor que lo que da, y así se produce la eficiencia.
Si fuera “egocéntrico”, claro, el gobierno debería “regular”, coercitivamente, lo que termina, no en una regulación natural, sino en una distorsión del desarrollo espontáneo de la sociedad. El “mercado” pasa de ser un ámbito de cooperación, donde todos deciden y ganan en tiempo real, a transformarse en un ámbito interferido por la arbitrariedad de un burócrata.
Y, así sí, se transforma en un reino del egocentrismo donde lo que conviene es convencer —o corromper— al burócrata para que las “regulaciones” los beneficien a costa de los demás. Como cuando empresarios consiguen subsidios que pagan los ciudadanos comunes. O, en el ámbito de la prevención, cuando los funcionarios imponen caprichosas directivas estatales sobre la opinión de los interesados, del público, que son quienes mejor saben defenderse.
Por caso, el Ejército de EE. UU., concretamente, el Army Corps of Engineers fue el que construyó los canales y murallas que protegían a Nueva Orleans que, a sabiendas, no podían resistir tormentas como el huracán Katrina del 2005 y la ciudad quedó destruida. Las compañías aseguradoras y reaseguradoras podían haber erigido infraestructura de defensa adecuada, si las regulaciones estatales lo permitieran.
Swiss Re estimó los aportes de las aseguradoras globales, por catástrofes naturales durante el 2024, en más de USD135,000 millones, pero las pérdidas económicas totales por desastres superaron los 318,000 millones, dejando una brecha de protección significativa a raíz de que los Estados desincentivan, cuando no prohibiendo directamente, la protección en muchos casos.
Y ahora tenemos este accidente de trenes que se cobró más de sesenta y ocho vidas cerca de Toledo, pocos meses después de otro, también muy grave en Adamuz, ambos en España. Ambos, probadamente atribuibles a fallas en la empresa estatal de ferrocarriles RENFE y/o Adif, acrónimo de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, entidad estatal empresarial dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que tiene como objetivo la construcción de líneas de ferrocarril y la gestión de su explotación.
Entre otros testimonios: «Esto es una catástrofe y un síntoma del completo abandono de Adif, que nació precisamente para garantizar la seguridad y el mantenimiento de nuestras infraestructuras», señalan fuentes internas de la compañía estatal”, según Libre Mercado.
En este sentido, estas fuentes internas denuncian «el juego del Gobierno para dejar Adif lleno de cargos públicos a través de convocatorias públicas con valoraciones de méritos, que ya se quedan en la empresa para siempre y cobrando 100,000 euros, aunque cambie el Gobierno y se dediquen a hacer fotocopias». De hecho, hace unos días, se aprobó la publicación de la convocatoria para buscar un nuevo secretario general del Consejo de Administración, «que seguro que iban a meter a dedo».
«Se ha puesto la ideología [socialista, en este caso] como prioridad, el ministro Puente el primero, en lugar de centrarnos en el mantenimiento y la inversión, de la que tenemos un déficit de 8-10 años, que tardaremos unos 10 años en recuperar. El nivel de corrosión de Adif es muy fuerte», denuncian.
Sea como sea, hay dos cosas que deben quedar en claro y que hacen que el “control estatal” sea contraproducente.
En primer lugar, las personas —el mercado— se juegan la propia vida, mientras que, para el burócrata, la prevención de un accidente es solo otro expediente tedioso, por tanto, nadie tendrá más cuidado que las personas hacia sí mismas.
El mercado regula con mucha eficacia los accidentes, en tanto el Estado no interfiera coactivamente, de varios modos, empezando por la competencia entre empresas que obliga a mejorar al máximo los servicios. Luego, en casos como los medios de transporte, tanto empleados —conductores, pilotos, etc.— como directivos serán los primeros en controlar ya que, cualquier accidente, los perjudicaría en primera persona. Y, finalmente, los usuarios, que también se juegan la propia vida, con sus observaciones, experiencias y opiniones serán implacables reguladores elogiando o descreditando y denunciando empresas.
Segundo, el mercado trabaja en tiempo real y de modo personal, mientras que los burócratas —aun suponiendo que son profesionales reconocidos y no surgidos de la corrupción a dedo— responden a regulaciones, leyes y protocolos que los políticos diseñaron hace ya un tiempo, y generales cuando cada persona y cada situación es un caso especial.
El autor es miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California
@alextagliavini
