Brasil tiene la desafortunada costumbre de decepcionar. A pesar de su excepcional riqueza en recursos naturales, su trayectoria de crecimiento se asemeja a lo que los brasileños llaman el vuelo de una gallina (voo de galinha): un breve aleteo seguido de una inevitable caída a tierra. La sorpresiva reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumenta el riesgo de otra decepción.
Para cuando Lula deje el cargo en 2030 habrá ocupado la Presidencia durante 16 años (no consecutivos). Actualmente, las finanzas públicas de Brasil son precarias, tras casi cuatro años de política fiscal laxa. La deuda del sector público ha aumentado del 73.8 por ciento del PIB en 2023 a un proyectado 86.6 por ciento para finales de 2026.
Estabilizar la deuda a este nivel requeriría un superávit fiscal primario sostenido de al menos el 1.5 por ciento del PIB. En cambio, se espera que Brasil registre un déficit primario de alrededor del 0.5 por ciento del PIB este año. Los objetivos fiscales del gobierno excluyen algunos gastos que contribuyen a las necesidades de endeudamiento. Ajustando por el ciclo económico y las medidas fiscales temporales, el Fondo Monetario Internacional sitúa el déficit primario estructural de Brasil en un estimado del 1.3 por ciento del PIB potencial en 2026.
Sin ajustes fiscales, la deuda de Brasil podría aumentar diez puntos porcentuales en los próximos cuatro años. Sin embargo, no hay indicios de que Lula vaya a impulsar los cambios necesarios. En las últimas semanas de la campaña, prometió beneficios adicionales, subsidios y desgravaciones fiscales que, según estimaciones locales, podrían costar entre el 0.4 por ciento y el 0.6 por ciento del PIB en 2027. Algunas medidas pueden implementarse sin nueva legislación, pero su financiación continua requerirá la aprobación del Parlamento.
Dado que el límite máximo de gasto del gobierno ya está completamente agotado, cualquier nuevo gasto requiere recortes compensatorios, ingresos adicionales o nuevas excepciones a su marco fiscal. Ninguna de estas medidas será fácil. El Congreso, con representación de más de 20 partidos, ha ampliado su influencia sobre la asignación presupuestaria en los últimos años. Los legisladores tienen fuertes incentivos para defender los beneficios existentes y destinar cualquier recurso adicional.
Además, con un 32.4 por ciento del PIB la carga tributaria de Brasil ya es inusualmente alta para una economía emergente. El Congreso se ha resistido reiteradamente a los esfuerzos del gobierno por aumentar los ingresos durante los últimos dos años, y la legislatura recién elegida es sustancialmente más derechista.
Lula se enfrenta a la disyuntiva de ajustar la política fiscal de forma proactiva o esperar a que los mercados financieros lo obliguen a hacerlo. El incentivo político para demorar la medida es considerable. El intento de la expresidenta Dilma Rousseff de endurecer la política fiscal tras su reelección en 2014 le granjeó la enemistad de parte de su base política y no impidió su destitución en 2016. Lula podría preferir que la presión del mercado le proporcione la justificación política para medidas impopulares. Sin embargo, los mercados tienen incentivos para poner a prueba esa reticencia, elevando los costos de endeudamiento y, potencialmente, forzando un ajuste más doloroso posteriormente.
El nuevo Congreso también pondrá a prueba a las instituciones brasileñas. Durante los próximos cuatro años, Lula podrá nombrar a cuatro de los once magistrados del Tribunal Supremo y cubrir los nueve puestos del consejo de gobierno del banco central. Todos estos nombramientos requieren la confirmación del Senado. Históricamente, esto ha sido poco más que una formalidad, pero el rechazo del Senado al candidato de Lula para el Tribunal Supremo, Jorge Messias, en abril —el primer rechazo de este tipo desde 1894— sugiere que los tiempos de las confirmaciones automáticas podrían haber llegado a su fin.
Ambas instituciones estarán sujetas a crecientes tensiones políticas. La Corte Suprema dirimirá desacuerdos sobre la autoridad ejecutiva, las facultades de gasto del Congreso y el gasto protegido por la Constitución. El banco central enfrentará presiones para adaptarse a una situación fiscal que el sistema político parece reacio a corregir.
Esta presión ya es evidente. El gobernador del banco central, Gabriel Galípolo, nombrado por Lula, frustró a ciertos sectores del partido gobernante al oponerse a una reducción más rápida de las tasas de interés antes de las elecciones. Lula tiene ahora la oportunidad de reestructurar la dirección del banco. Sin embargo, los mercados financieros se han movido en la dirección opuesta: tras la victoria de Lula, los futuros de las tasas de interés comenzaron a reflejar un endurecimiento de la política monetaria, en lugar de las reducciones previstas antes de las elecciones. El conflicto entre las demandas políticas de tasas más bajas y las demandas del mercado de una política monetaria más restrictiva podría convertirse en una prueba crucial para la independencia del banco.
La inflación ha superado el límite superior del rango objetivo del banco central durante casi dos tercios de los meses transcurridos desde que obtuvo independencia operativa en 2021. El deterioro de la credibilidad fiscal podría elevar las expectativas de inflación y los tipos de interés reales, al tiempo que debilita la moneda. La presión resultante sobre el sistema bancario también está aumentando, y los préstamos morosos ya se encuentran en alza. Un mayor endurecimiento de la política monetaria podría agravar las pérdidas crediticias y restringir el crédito.
El tipo de cambio flotante de Brasil, sus importantes reservas de divisas y sus sólidas exportaciones de materias primas, junto con el hecho de que su deuda esté denominada predominantemente en su propia moneda, reducen su exposición a una crisis de balanza de pagos. Sin embargo, esto no elimina los costos internos del deterioro fiscal. A medida que los inversionistas exigen una mayor compensación por la inflación y los riesgos fiscales, los costos de endeudamiento aumentarán, empeorando la dinámica de la deuda. Las tasas de interés reales persistentemente altas deprimen la inversión privada y debilitan el crecimiento.
La polarización política dificulta especialmente el consenso en torno a la disciplina fiscal. Brasil podría enfrentar un período prolongado de alta inflación, debilidad de la moneda, altas tasas de interés reales y un crecimiento mediocre. Como en el pasado, la economía brasileña no podrá recuperarse, por mucho que se esfuerce.
El autor es antiguo estratega global de PIMCO, investigador visitante sénior en la London School of Economics e investigador no residente en Bruegel.
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