El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, subió el tono por la delimitación que pretende hacer por decreto el 30 de noviembre sobre las líneas bases del archipiélago de San Andrés, enviando un mensaje directo a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El 24 de octubre, De la Espriella le advirtió al dictador nicaragüense, a quien tildó de «nefasto y corrupto», que no intentara «tocar un solo centímetro» de la isla de San Andrés, la que Nicaragua no reclama, porque la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo reconoció así desde 2012.
«Quiero dejarlo un mensaje bien claro al nefasto y corrupto presidente de Nicaragua. Si se atreve a tocar un solo centímetro de San Andrés, Colombia responderá con toda la fuerza de sus Fuerzas Armadas», amenazó el colombiano.
«No aceptamos amenazas ni imposiciones, San Andrés es Colombia y se defenderá cueste lo que cueste y yo estaré presente», terminó el presidente colombiano.
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Hasta el momento, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha pronunciado. Colombia pretende desconocer una vez más la sentencia de la CIJ que reconoció la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero entregó a Nicaragua 75,000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe.
Los dirigentes colombianos nunca han aceptado la sentencia de la CIJ, la que ahora la administración de De la Espriella quiere corregir con un decreto, según expresó días atrás su antiguo ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien dejó su puesto esta semana por un tema relacionado con la aprobación del presupuesto en su país.
¿Y el derecho internacional?
De la Espriella anunció que publicará un decreto que fijará las líneas de base marítimas de la isla de San Andrés, pese al fallo histórico de la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace 14 años, cuando entregó cerca de 75,000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe a Nicaragua.
El 19 de octubre, desde un buque de la Armada de Colombia, junto a varios jefes militares del país, De la Espriella habló por primera vez sobre su medida. «La Patria Milagro empieza en el mar. Por eso, he tomado decisiones históricas para fortalecer nuestra soberanía y convertir a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en un centro estratégico marítimo y logístico del Caribe», afirmó.
Según el mandatario, este decreto es una decisión gubernamental que se debió tomar hace 48 años para «saldar una deuda histórica» y afirmó que su país no cederá «una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a un pescador».
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Para el exministro Lara, Colombia pretende un «diálogo de buena fe» y respaldó el decreto presidencial, después de alegar que el fallo de la CIJ de La Haya de 2012 era «inaplicable en su literalidad». Entonces, él afirmó que la soberanía del país «no se ejerce, se aplica con ahínco».
Nicaragua puede acudir al Consejo de Seguridad de ONU
Tras las recientes tensiones entre Nicaragua y Colombia, el profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), Nicolas Boeglin, habló con la Revista Domingo de LA PRENSA y explicó que Colombia no puede entrar en desacato contra el fallo de la CIJ de La Haya.
“Colombia debe acatar lo dispuesto en la sentencia de la CIJ de noviembre del 2012. Cabe recordar que desde 1980 Nicaragua esperó pacientemente que Colombia aceptara sentarse a negociar y que no fue sino hasta el 2001 que entabló un procedimiento contra Colombia ante la CIJ, ante la negativa de Colombia de aceptar que parte de los reclamos de Nicaragua eran válidos desde el punto de vista jurídico”, expresó el académico al Diario.
Boeglin explicó también que si Colombia entra en desacato con el decreto que se publicará en casi un mes, Nicaragua podría defenderse por medio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, argumentando que Colombia no cumplió con un fallo de la CIJ.
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“Esta falsa controversia con Nicaragua es pura pose política de un mandatario que sigue las enseñanzas de la escuela Trump y de la escuela Netanyahu: la política convertida en un espectáculo diario, azuzando y polarizando la atención a punta de ocurrencias e iniciativas a partir de argumentos más que cuestionables”, afirmó.
El anuncio del presidente de Colombia ha provocado críticas, incluso, en su país. Según la politóloga colombiana Sandra Borda «se está andando el muy peligroso camino de convertirnos en un país que irrespeta abiertamente el derecho internacional».
