El subsecretario de Estado de EE. UU., Juan Pablo Segura, calificó de “inaceptables” las confiscaciones de propiedades a ciudadanos estadounidenses por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunciadas por los afectados en Nicaragua.
Segura hizo referencia a las publicaciones de Telemundo sobre las confiscaciones de nueve casas de lujo en el municipio de Tola, Rivas, valoradas en 15 millones de dólares. El caso fue revelado por el diario digital Confidencial. Las propiedades pertenecen a jubilados estadounidenses y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se apropió de ellas e incluso se las quería alquilar posteriormente a un costo de dos mil dólares. Hasta el 17 de octubre, ocho de las viviendas fueron regresadas, producto de la presión pública. La otra seguía pendiente.
“La dictadura de Murillo-Ortega realiza incautaciones ilegales de propiedades pertenecientes a ciudadanos estadounidenses que son inaceptables y demuestran por qué el Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses que ejerzan una precaución extrema antes de invertir en Nicaragua”, expresó Segura en una publicación de su cuenta de X.
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“Como informa Telemundo 51, las autoridades son conocidas por incautar propiedades y activos financieros sin previo aviso ni justificación legal. Le instamos a revisar los riesgos antes de que se conviertan en su realidad, y a reconsiderar los viajes a Nicaragua”, continuó Segura.
Las advertencias de Estados Unidos sobre Nicaragua
El Departamento de Estado ha advertido en su sitio web a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus viajes a Nicaragua debido al riesgo de delincuencia, salud, detención injusta y aplicación arbitraria de las leyes locales.
“Las autoridades pueden confiscar bienes, incluidos terrenos, viviendas, dinero en efectivo y activos financieros, sin previo aviso ni justificación legal”, señaló la advertencia del Departamento de Estado.
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Desde la brutal represión, desencadenada por el régimen contra los manifestantes en 2018, el aparato estatal ha confiscado centenares de propiedades que pertenecían a las más de 5,600 organizaciones no gubernamentales que han sido canceladas; también se ha quedado con bienes de iglesias católica y evangélicas, de opositores desterrados y empresarios.
Del botín de propiedades confiscadas, unas 372 fueron entregadas al INSS entre agosto de 2024 y octubre de 2026, según Confidencial.
