La empresa Lácteos Centroamericanos S.A. (Centrolac) perdió en primera instancia la batalla judicial que enfrenta contra la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), que la mantiene intervenida desde agosto pasado. Pero en un intento por evitar la expropiación promueve un proceso de apelación contra la sentencia que ordenó el despojo. Por su parte, dos bancos locales introdujeron recursos en el juzgado que lleva el caso, supuestamente para pedir que respeten los bienes de la empresa que ellos poseen en garantía. Se desconoce a cuánto asciende el reclamo de la DGA.
Actualmente, el proceso está en la etapa de apelación, y, de concretarse el despojo, Centrolac se convertiría en la tercera empresa conocida que el régimen Ortega Murillo confisca, en medio de la política de terrorismo fiscal que promueve contra el sector privado. Dado el nivel de secretismo que caracteriza estos procesos, no se descarta que haya otras empresas expropiadas.
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También hay otras que no llegan a la expropiación, ya que esta solo se concreta cuando las empresas no pagan lo requerido, mediante esta política que afecta por igual a grandes, medianas y pequeñas empresas, tanto nacionales como extranjeras.
El proceso contra Centrolac está cubierto por el secretismo que caracteriza al régimen Ortega Murillo. Pero en agosto trascendió que el 30 de julio, actuando en nombre del Estado de Nicaragua, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) emprendió en el Juzgado de Distrito Civil Oral de Tipitapa, circunscripción Managua, una querella contra la empresa Centrolac. La DGA reclama el pago de un monto hasta ahora desconocido, por supuestos impuestos y/o aranceles de importación.
Intervinieron y luego asumieron control de las cuentas bancarias
Según documentos publicados en la plataforma del sistema judicial, el motivo de la querella es la ejecución de títulos no judiciales, y en el inicio del proceso la Dirección de Auxilio Judicial solicitó el embargo preventivo, que fue autorizado en agosto por el juez que lleva el caso. Y el 10 de septiembre, Danys Antonio Ortiz Pérez, en representación de la DGA, solicitó al juzgado el acceso y administración de las cuentas bancarias de Centrolac a favor del interventor y administrador judicial.
Finalmente, según los documentos publicados en la plataforma del sistema judicial, en los primeros días de octubre los representantes legales de los bancos, Lafise Bancentro y Banpro, presentaron escritos referidos al caso. Aunque en dicha plataforma no hay más detalles sobre estos documentos, a criterio de abogados que consultó LA PRENSA y que por temor a represalias prefieren no identificarse, los escritos buscarían que el juez respete los bienes de Centrolac que ellos recibieron en garantía a cambio de préstamos otorgados.
Los abogados explican que la empresa actuó correctamente al interponer el recurso de apelación, ya que debe agotar la vía judicial para en un futuro poder llevar el reclamo a otras instancias, principalmente tribunales internacionales de arbitraje o las cortes de derechos humanos. Se desconoce a cuánto asciende el valor de los activos de la empresa.
Aunque no ganen, deben agotar la vía judicial
Hacen referencia a estas instancias internacionales, porque, teniendo en cuenta la obediencia ciega de los funcionarios del aparato judicial ―porque ahora ya no es un poder del Estado, sino un órgano―, es obvio que también perderán el caso en esa segunda instancia. No obstante, los especialistas aseguran que la empresa debe completar el proceso recurriendo incluso a la tercera instancia, que es la casación ante la Corte Suprema de Justicia, donde también es casi imposible que la empresa logre una victoria.
El acoso fiscal comenzó en 2018, cuando —tras el estallido de la crisis sociopolítica que aún afecta al país— se rompió el modelo de diálogo-consenso que Daniel Ortega mantuvo por casi una década con los grandes empresarios del país, representados por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
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Algunos de estos casos se han conocido porque las empresas afectadas transan acciones o bonos en la Bolsa de Valores y eso las obliga a reportarlos ante esa entidad. Fue así que se supo que las grandes mineras que operan en el país fueron víctimas de esta práctica. La canadiense Equinox Gold pagó alrededor de 37.9 millones de dólares en supuestos impuestos atrasados y la colombiana Mineros Hemco, alrededor de 49.3 millones de dólares. En ambos casos agotaron la vía administrativa y, para evitar procesos judiciales, pagaron los millonarios montos que les cobraban.
Otras empresas afectadas por el terrorismo fiscal
Entre las empresas locales, el caso más conocido es el de Agricorp, que en 2023 pagó el equivalente a unos 10 millones de dólares en supuestos impuestos atrasados. Ese pago desequilibró sus finanzas y obligó a sus accionistas a capitalizar la empresa; luego a vender algunas de sus subsidiarias y finalmente a reducir la distribución de unas treinta marcas de alimentos y centrar sus actividades en el procesamiento y comercialización del arroz.
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También, después de enfrentar un cobro de unos 79 millones de dólares en supuestos impuestos no pagados y multas administrativas por contravención tributaria, en octubre de 2025 un juzgado ordenó la ejecución forzosa y embargo de bienes, cuentas nacionales e internacionales y activos registrados a nombre de la Compañía Recicladora de Nicaragua S.A. (CRN), filial del Grupo CCN, conglomerado propietario de la Compañía Cervecera de Nicaragua.
En el caso de Centrolac, esta no es la primera vez que enfrenta problemas con la DGA. En 2011, durante el auge de las exportaciones a Venezuela, país al que exportaba leche ultrapasteurizada (UHT por sus siglas en inglés), producto que en aquel momento era muy demandado en ese país porque no requiere refrigeración, le paralizaron los envíos alegando que se negó a pagar un impuesto. Pero la empresa siempre aseguró que, según la Ley de Concertación Tributaria, estaba exenta de ese impuesto.
Temen impacto en el sector lácteo por confiscación de Centrolac
Los otros casos conocidos de empresas confiscadas por deudas fiscales ocurrieron a inicios de 2024. Por una supuesta deuda de 30 millones de dólares en impuestos, el régimen Ortega Murillo confiscó la procesadora y exportadora de café Cisa Exportadora y la microfinanciera Mercapital, ambas filiales de Mercon Coffee Group. El robo de estas dos empresas se concretó después de que Mercon, que era una empresa radicada en Nueva York, se acogió al capítulo 8 de la Ley de Quiebra de Estados Unidos.
Durante ese año, la salida de Cisa y Mercapital de la cadena nicaragüense de café provocó estragos en las exportaciones del grano. El año pasado le cancelaron la licencia de operación de Mercapital, que era la empresa que el Mercon utilizaba para financiar a los productores con los que trabajaba, y dos años después del despojo, el beneficio donde Cisa procesaba el café que exportaba sigue abandonado.
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Según dirigentes del sector ganadero, aún no se ha dimensionado el efecto que provocará la confiscación de Centrolac en el sector ganadero, ya que no se suspendió de inmediato el acopio de la leche que la empresa procesa. Sin embargo, crece el temor de que esto ocurra, ya que no hay certeza de que la empresa siga operando con normalidad.
«Generalmente, todo lo que agarran lo destruyen, entonces es poco probable que permanezca en operación por mucho tiempo», asegura un dirigente del sector que pide no mencionar su nombre y añade que, ante la ausencia de información oficial y la desarticulación del tejido empresarial, ni siquiera hay certeza del volumen de leche que actualmente acopia y procesa Centrolac.
