Temen que la dictadura se quiera robar Centrolac. Así tejió el proceso de intervención de la empresa

Entre el personal de la procesadora láctea existe incertidumbre porque no hay certeza de que los propietarios resuelvan la disputa fiscal que mantienen con la DGA y retomen el control de la empresa. También porque no tienen claro si recibirán sus salarios correspondientes al mes de agosto, ya que la empresa está a cargo de una persona desconocida para ellos. Este caso se suma a otros de empresas nacionales y extranjeras víctimas del terrorismo fiscal que promueve el régimen Ortega Murillo contra las empresas y empresarios.

Lea además: Dictadura Ortega Murillo mantiene bajo embargo preventivo a la empresa Centrolac

Lo mismo ocurre en el sector ganadero, ya que Centrolac acopia un porcentaje considerable de la leche que producen pequeños y medianos productores, especialmente del centro y Caribe del país. Ellos temen que si el Estado se queda con la empresa suspenda sus operaciones como ocurrió en 2023 con Cisa Exportadora, que en cada ciclo productivo acopiaba, procesaba y exportaba alrededor de la mitad de la cosecha de café y tras su confiscación disfrazada de intervención, por una supuesta deuda de 30 millones de dólares en impuestos que la empresa negó, cesó operaciones y su beneficio permanece abandonado.

Centrolac todavía puede retomar el control de la empresa

Según abogados consultados por LA PRENSA, el caso todavía puede resolverse a favor de la empresa, ya que aún no existe sentencia definitiva. «Los documentos de la plataforma del sistema judicial deberían decir cuánto es el monto total de la deuda como normalmente se hace, porque incluso ya hubo una intervención. Pero todavía no hay una sentencia definitiva, todavía se puede resolver», asegura un abogado que por temor a represalias pide no mencionar su nombre.

Puede leer: Cómo Martín Rivas deja a la DGI convertida en el arma más represiva para desangrar a las empresas

Sin embargo, otro abogado que también tiene temor a represalias y pide anonimato, considera que efectivamente todavía hay espacio para que Centrolac resuelva favorablemente la disputa fiscal. Pero considera que si existía un acuerdo de pago y lo desconocieron y decidieron intervenirla, «da la impresión de que se quieren quedar con la empresa».

Añade que les puede llamar la atención porque Centrolac es la segunda procesadora de leche más grande del país, superada solo por el consorcio que formó la mexicana Lala con la instalación de una planta nueva y la adquisición de las plantas de La Perfecta y Eskimo. Conglomerado que, tras decidir abandonar el país a finales de 2023, lo vendió a Nicaragua Dairy Ventures, filial del Grupo Lacthosa de origen hondureño.

Estaba pagando deuda pendiente

LA PRENSA intentó obtener la versión de Alfredo Lacayo, gerente general y accionista de Centrolac, pero hasta el cierre de esta nota no había respondido las llamadas telefónicas ni los mensajes de texto que le enviamos. Incluso, una fuente del sector judicial nos aseguró que, como parte del proceso contra la empresa, las autoridades lo mantienen bajo el régimen de casa por cárcel.

Lea también: Equinox Gold forzada a firmar arreglo de pago de impuestos para poner fin a disputa con la DGI

Fuentes cercanas a la empresa dijeron a LA PRENSA que Centrolac mantenía una deuda con la DGA desde hace más de diez años, que resultó luego que la DGA la acusó de subvalorar maquinaria y equipos que importó para fortalecer la capacidad de su planta de producción. La empresa se especializa en la producción de leche UHT (Ultra High Temperature por sus siglas en inglés), que no necesita refrigeración, y siempre negó que el precio de las importaciones que declaró fuese menor al real.

Sin embargo, para no poner en riesgo sus operaciones de acopio, procesamiento y distribución nacional e internacional de leche y bebidas a base de leche, decidió pagar los impuestos por importación y multas que le cobraba la DGA. Y según fuentes cercanas a la empresa, en los últimos años pagó las cuotas establecidas en el arreglo de pago, por lo que no entienden qué motivó el proceso legal emprendido por la DGA el 30 de julio, y confían en que la situación se resuelva favorablemente a favor de Centrolac.

Proceso contra Centrolac avanza

De acuerdo con los documentos que están publicados en la plataforma del sistema judicial, la DGA, en nombre del Estado de Nicaragua, presentó el 30 de julio en el Juzgado de Distrito Civil Oral de Tipitapa, circunscripción Managua, un caso contra la empresa Centrolac. La ficha solamente menciona que el motivo de la querella es la ejecución de títulos no judiciales. Además, en la descripción del caso señala que el 30 de julio se adjuntó mandamiento y que Auxilio Judicial solicitó embargo preventivo.

Según esos documentos, como parte del proceso que motivó la intervención judicial de la empresa, este miércoles 26 de agosto el Juzgado Séptimo de Distrito Civil Oral de Managua recibió tres documentos, uno de ellos en nombre del banco Avanz.

Puede leer también: Dictadura Ortega Murillo se quedó con parte de la riqueza que el oro le generó a Hemco

Sin embargo, sigue sin incluirse el monto de la deuda que generó el embargo y la intervención de la empresa. Mientras tanto, dentro de la planta de la empresa ubicada en Tipitapa crece la incertidumbre porque la persona que la DGA puso a dirigir la empresa es un desconocido para ellos y no saben si les pagará su salario, ni si los mantendrá en sus puestos.

Empleados temen perder sus puestos

Aunque desde la intervención a finales de julio la empresa seguía trabajando y tratando de aparentar normalidad, esta semana creció el temor de despidos masivos, porque la persona que está dirigiendo la empresa en representación de la DGA decidió que los trabajadores de la planta se fueran de vacaciones hasta nuevo aviso.

Lea además: Multa fiscal a filial de la Compañía Cervecera es solo la punta del iceberg: hay más empresas ahogadas

Esta no es la primera vez que Centrolac enfrenta problemas con la DGA. En septiembre de 2011, Alfredo Lacayo explicó a LA PRENSA que la DGA les tenía retenidas las exportaciones a Venezuela, y la sacó del sistema para impedirle que realizara trámites para mandar sus productos a diversos países y para traer materia prima del exterior. La empresa alegaba que, según la Ley de Concertación Tributaria, estaba exenta del impuesto que le cobraban.

La empresa también enfrenta un proceso judicial contra la multinacional Tetra Pak que le abastecía empaques para la leche que comercializa local e internacionalmente. Desde agosto del año pasado este juicio está en la etapa de apelación.