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Una nueva empresa, Lácteos Centroamericanos S.A. (Centrolac), se sumó a la lista de víctimas del terrorismo fiscal y aduanero con el que la dictadura Ortega Murillo acorrala a las empresas, para obligarlas, en algunos casos, a pagar millonarias sumas en supuestos impuestos atrasados, y en otros, para justificar la confiscación que disfraza de intervención judicial por supuestas deudas de impuestos. Centrolac enfrenta un proceso judicial desde el pasado 30 de julio y está intervenida.
Esta no es la primera vez que Centrolac enfrenta problemas con la DGA. En 2011, durante el auge de las exportaciones a Venezuela, la institución le paralizó sus envíos alegando que se negó a pagar un impuesto, del que, según la Ley de Concertación Tributaria, la empresa estaba exenta.
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Según consta en la plataforma del sistema judicial, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), en nombre del Estado de Nicaragua, presentó el 30 de julio en el Juzgado de Distrito Civil Oral de Tipitapa, circunscripción Managua, un caso contra la empresa Centrolac. La ficha solamente menciona que el motivo de la querella es la ejecución de títulos no judiciales. Además, en la descripción del caso señala que el 30 de julio se adjuntó mandamiento y que Auxilio Judicial solicitó embargo preventivo.
Se desconoce cuánto le cobra la DGA a Centrolac
El documento no menciona el monto que reclama la DGA. Este sería el que sustentó la petición de ejecución forzosa y embargo preventivo. Pero por las funciones que realiza esa institución, tendría que estar relacionado a impuestos de importación. La ficha tampoco incluye ningún otro detalle de la demanda, aunque, por los antecedentes de casos anteriores contra otras empresas, se presume que son cifras millonarias.
Incluso podrían ser superiores a las que pagaron la nicaragüense Agricorp (unos 10 millones de dólares) y las transnacionales mineras Equinox Gold (37.9 millones de dólares) y Mineros Hemco (49.3 millones de dólares), ya que estas, aunque agotaron la vía administrativa, no llegaron a procesos judiciales.
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Por la solicitud de embargo preventivo que menciona la ficha del caso contra Centrolac, este es similar al que enfrentó la Compañía Recicladora de Nicaragua S.A. (CRN), filial del Grupo CCN, conglomerado propietario de la Compañía Cervecera de Nicaragua. En octubre de 2025 un juzgado ordenó la ejecución forzosa y embargo de bienes, cuentas nacionales e internacionales y activos registrados a nombre de la CRN.
Eso fue posterior a que, a través de una resolución judicial, le ordenó a la CRN pagar 2,899 millones de córdobas, equivalentes a 79 millones de dólares, por “supuestos impuestos dejados de percibir y multas administrativas por contravención tributaria”.
Como ha ocurrido con todas las empresas que enfrentan estas disputas, sus representantes optan por no referirse al tema, ya que temen que sus problemas se agudicen; estos transcienden cuando los documentos los publican en la plataforma del sistema judicial, o cuando las empresas afectadas, en el caso de las mencionadas, presentan sus informes a las bolsas de valores donde transan deuda o sus acciones.
Centrolac entró hace casi 20 años a la industria láctea
Centrolac inició operaciones en 2007 y, según publicaciones de este diario, al año siguiente comenzó a exportar leche UHT a Venezuela mediante un acuerdo existente entre Alba Alimentos de Nicaragua y la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas de Venezuela. Dichas exportaciones se mantuvieron durante varios años, ya que el tipo de leche que produce Centrolac, UHT, era el ideal, porque no necesita refrigeración.
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En 2011 la DGA paralizó exportaciones de Centrolac
Sin embargo, durante el auge de las exportaciones a Venezuela, los envíos de Centrolac fueron interrumpidos por decisión de la DGA. En septiembre de 2011, Alfredo Lacayo, director ejecutivo de Centrolac, explicó a LA PRENSA que la DGA les tenía retenidas las exportaciones a Venezuela, y que sacó del sistema a la empresa para impedirle que realizara trámites para mandar sus productos a diversos países y para traer materia prima del exterior.
En ese momento le retuvieron 10 contenedores con 200,000 litros de leche fluida y más de un millón de paquetes de leche saborizada que iban a Venezuela. Lacayo aseguró en esa ocasión que la decisión de la DGA había sido provocada porque Centrolac se negó a pagar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) por la importación de envases para leche saborizada, ya que, según la Ley de Concertación Tributaria, la industria láctea estaba exenta de ese impuesto.
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Se desconoce qué provocó este nuevo proceso contra la empresa Centrolac, que es la segunda mayor procesadora láctea de Nicaragua, superada solo por el consorcio que formó la mexicana Lala con la instalación de una planta nueva y la adquisición de las plantas de La Perfecta y Eskimo. Conglomerado que, tras decidir abandonar el país, a finales de 2023, lo vendió a Nicaragua Dairy Ventures, filial del Grupo Lacthosa de origen hondureño.
