El “Plan de Transición Ordenada para Nicaragua”, por la paz, la libertad, la justicia y la reconstrucción del Estado de Derecho, es un documento que incluye un plan de los primeros cien días, un pacto nacional y un calendario día a día, a diferencia del que hicieron grupos opositores en el exterior.
Los documentos adicionales tienen una importancia política y práctica considerable. Su principal mérito consiste en convertir los principios generales de una transición democrática en compromisos, medidas concretas y reglas para quienes asumirían temporalmente el poder.
El plan elaborado en Nicaragua desarrolla una estructura de transición de veinticuatro meses, con una junta de transición nacional. También identifica acciones y responsables desde el día cero y a lo largo de los meses siguientes. Por tanto, la diferencia no es la presencia o ausencia absoluta de planificación, sino el grado de detalle operativo y la existencia de un instrumento específico para comprometer a los actores políticos.
Veamos las características y la importancia de cada uno de estos instrumentos. El plan de los primeros cien días es un documento operativo destinado a organizar las decisiones prioritarias que debe tomar un gobierno de transición en tres meses. Su propósito es establecer las condiciones mínimas de seguridad, libertad, continuidad administrativa y estabilidad institucional que permitan ejecutar el resto del proceso.
El documento identifica diez objetivos fundamentales: Evitar un vacío de poder. Proteger la vida y la integridad de las personas. Restablecer las libertades fundamentales. Garantizar la continuidad de los servicios públicos. Proteger los documentos y bienes del Estado. Recuperar progresivamente la independencia institucional. Preparar las reformas judiciales y electorales. Iniciar la investigación de las violaciones de derechos humanos. Emprender la lucha contra la corrupción. Y, crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres.
Estos objetivos permiten concentrar los recursos y la atención del gobierno provisional en las necesidades más urgentes, en lugar de dispersar esfuerzos en una multiplicidad de iniciativas.
Por otro lado, divide las actuaciones según plazos definidos. No se limita a enumerar objetivos. Establece medidas para las primeras setenta y dos horas y para los días uno al séptimo, y continúa con acciones programadas a treinta, sesenta y cien días.
Entre las primeras decisiones figuran la garantía de no violencia, la continuidad de los servicios esenciales y la protección de los archivos públicos. En la primera semana se plantea constituir el consejo nacional de transición, designar un gobierno provisional y comenzar la revisión de los casos de personas detenidas por razones políticas.
El plan organiza sus propuestas en veinte y ocho medidas, con plazos que van desde las primeras setenta y dos horas hasta el día cien. Entre ellas se incluyen la revisión de las instituciones, la protección patrimonial preventiva, la auditoría estatal, la reconstrucción de la autoridad electoral y la preparación de una hoja de ruta para los siguientes veinte meses.
Al concluir los cien días, el documento propone publicar una «hoja de ruta nacional hacia las elecciones», con las reformas constitucionales, judiciales y electorales pendientes, la reconstrucción municipal, la justicia transicional, las auditorías, la recuperación patrimonial y el calendario electoral.
Su importancia radica en que los primeros días de un cambio de régimen pueden ser determinantes para la estabilidad del país. Una transición puede comenzar con grandes expectativas y, sin embargo, fracasar si no logra controlar la incertidumbre, mantener los servicios básicos y ofrecer garantías a la población.
Este instrumento permite: Reducir el riesgo de un vacío de poder, estableciendo qué decisiones deben adoptarse primero. Proteger a la ciudadanía, mediante garantías de no violencia y rechazo a las represalias. Evitar la paralización administrativa, manteniendo hospitales, transporte, telecomunicaciones, bancos y otros servicios esenciales. Preservar pruebas y documentos, evitando la destrucción u ocultamiento de información pública. Dar señales verificables de cambio, mediante decisiones cuyos plazos y resultados pueden evaluarse. Preparar la siguiente fase, evitando que la transición se agote en las medidas de emergencia.
En otras palabras, este plan proporciona una respuesta a una pregunta fundamental: ¿qué debe hacer primero un gobierno de transición para demostrar que puede gobernar sin reproducir los abusos del régimen anterior?
Los cien días no deben convertirse en un plazo rígido que obligue a improvisar. El calendario debe servir para ordenar prioridades y medir avances, pero algunas medidas —en particular las reformas judiciales, las investigaciones y la reconstrucción electoral— requieren garantías legales, personal competente y condiciones institucionales adecuadas.
El documento reconoce este principio al señalar que los primeros cien días no son el final de la transición, sino el punto de partida para completar el proceso de reconstrucción democrática.
Conviene distinguir el plan de los primeros cien días de un verdadero calendario día por día. El primero establece objetivos, medidas y plazos. El segundo debería precisar, con mayor resolución temporal, qué actuación se ejecutará en cada jornada, quién será responsable, qué recursos necesitará y cómo se comprobará su cumplimiento.
El documento de referencia contiene una programación detallada por etapas y plazos, pero no todas sus medidas están desglosadas en una agenda individual para cada uno de los cien días. Por ello, aportaría un nivel de precisión que no debemos atribuir automáticamente al documento de referencia.
Para ser realmente útil, el plan día a día incluiría: ¿Cuándo debe ejecutarse la medida? ¿Qué debe hacerse concretamente? ¿Qué autoridad o equipo debe ejecutarla? ¿Qué otras instituciones deben participar? ¿Qué personal, presupuesto o medios se necesitan? ¿Qué debe quedar terminado? ¿Cómo se comprobará que se cumplió? ¿Qué se hará si surge un obstáculo?
Por ejemplo, no basta con anunciar que se protegerán los archivos públicos. Un calendario de ejecución debería determinar qué instituciones deben inventariarlos, quién asumirá su custodia, qué medidas impedirán su alteración y cómo se documentará la cadena de conservación.
Del mismo modo, no basta con anunciar la revisión de las detenciones por motivos políticos: deben establecerse el mecanismo responsable, los procedimientos de revisión, los plazos para examinar los expedientes y las garantías jurídicas aplicables.
Estos ejemplos ilustran cómo se traducen en tareas concretas las medidas previstas en el documento de referencia.
Un plan día a día cumple cuatro funciones esenciales. Primera: coordina a las instituciones; evita que distintas autoridades trabajen con calendarios incompatibles o que una institución espere indefinidamente la actuación de otra. Segunda: permite identificar responsabilidades; si una medida no se ejecuta, resulta posible determinar quién debía actuar y qué obstáculo impidió hacerlo. Tercera: facilita la supervisión; la ciudadanía, los órganos de control y los organismos de acompañamiento pueden verificar avances concretos, en lugar de depender exclusivamente de declaraciones oficiales. Cuarta: ayuda a administrar los riesgos; una transición puede enfrentar resistencias, dificultades económicas, problemas de seguridad y limitaciones de personal.
Una programación operativa permite prever alternativas y modificar la secuencia de actuaciones cuando sea necesario. Su valor consiste en asegurar que las decisiones fundamentales tengan una secuencia lógica, responsables identificables y mecanismos de control. La diferencia es la que existe entre saber qué se quiere hacer y disponer de una organización concreta para hacerlo.
Sobre el pacto nacional de transición, este instrumento probablemente es el que posee mayor trascendencia política y jurídica potencial. Mientras el plan operativo determina las actuaciones del gobierno, el pacto, en cambio, busca establecer las reglas que deberán aceptar los sectores que participen en la transición.
El documento presenta el «Pacto Nacional de Transición para Nicaragua» como un instrumento de bases para una transición democrática ordenada. Su principio fundamental es que el poder transitorio debe ser un medio para restablecer la democracia, nunca un fin para perpetuarse.
El pacto contiene doce compromisos nacionales., entre ellos: La protección de la vida y el rechazo de la violencia política. El restablecimiento de las libertades fundamentales. La revisión independiente de las detenciones por razones políticas. El respeto al debido proceso. La reconstrucción de las instituciones. La responsabilidad individual por los delitos. La transparencia en el uso de los recursos públicos. La reconciliación nacional.
El propósito es que los actores de la transición acepten unas reglas comunes antes de disputar el poder dentro del nuevo sistema democrático. El pacto establece que quienes reciban atribuciones durante la transición no podrán utilizarlas para perpetuarse, eliminar a la oposición, favorecer candidaturas mediante recursos públicos ni modificar las reglas electorales en beneficio propio.
Asimismo, plantea que el gobierno transitorio tenga un mandato limitado y una fecha de finalización. Este punto es fundamental: una transición democrática no puede depender únicamente de la buena voluntad de quienes la dirijan. Debe contar con reglas que limiten su actuación.
El documento distingue entre la responsabilidad penal individual y la pertenencia política. Nadie debería ser perseguido por sus ideas ni excluido de la vida pública simplemente por haber pertenecido al partido gobernante. Al mismo tiempo, las violaciones graves de derechos humanos y los delitos deben investigarse de manera individual, con pruebas y garantías procesales. El objetivo es impedir que el cambio político desemboque en una nueva persecución colectiva.
El pacto no se limita a proclamar principios. Incluye propuestas de instituciones y mecanismos para supervisar la transición, recibir denuncias e informar sobre el cumplimiento de los compromisos.
Entre ellos figura un consejo nacional de transición encargado de supervisar el pacto y publicar informes sobre derechos humanos, seguridad, finanzas públicas, reformas institucionales y preparación electoral. También propone un mecanismo nacional de garantías con participación independiente.
El documento propone que los participantes firmen el pacto y declaren que el poder ejercido durante la transición no les pertenece, sino que lo ejercen temporalmente en nombre de la República. Esta formalización tiene importancia política: permite identificar quiénes aceptaron los compromisos y proporciona una base para exigir explicaciones cuando se incumplan.
El pacto aborda uno de los riesgos más graves de cualquier transición: que quienes contribuyeron a terminar con un régimen autoritario terminen reproduciendo sus métodos de concentración del poder. Una oposición puede coincidir en la necesidad de poner fin a una dictadura y, sin embargo, mantener profundas diferencias sobre la organización del Estado, la justicia, la economía, las Fuerzas Armadas o el calendario electoral.
El pacto permite separar dos cuestiones: El acuerdo sobre las reglas fundamentales de la transición, y La competencia política posterior, en la que los diferentes sectores podrán defender sus programas y aspirar al gobierno.
No exige que todos los participantes compartan una misma ideología ni que resuelvan anticipadamente todas sus diferencias. Les exige aceptar reglas que permitan resolverlas sin violencia y mediante instituciones democráticas.
Por eso, su aporte más importante es preventivo: busca impedir que el gobierno provisional se convierta en un poder permanente y que una transición inicialmente democrática termine en una nueva concentración autoritaria.
La firma de un pacto no garantiza por sí sola su cumplimiento ni le otorga automáticamente fuerza de ley. Su eficacia dependerá de quiénes lo suscriban, de la representatividad de los participantes, de la publicidad de los compromisos y de los mecanismos jurídicos e institucionales que permitan exigir su cumplimiento.
Para que no sea solamente una declaración política, sus disposiciones fundamentales tendrían que traducirse, cuando corresponda, en normas, procedimientos, controles y garantías legalmente exigibles.
Un pacto puede establecer principios excelentes, pero no indica por sí solo cómo ejecutar todas las medidas necesarias. Un plan de cien días puede organizar las prioridades, pero no garantiza que los responsables respeten los límites de su mandato. Y un calendario detallado puede facilitar la ejecución, pero no legitima por sí mismo las decisiones ni sustituye los controles legales. La combinación de los cuatro instrumentos permite articular objetivos, ejecución, compromisos y supervisión.
El autor es exiliado político nicaragüense.
