El segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) representó un cambio decisivo en la historia política chilena. No fue simplemente otro gobierno de la Concertación, sino el comienzo de un proyecto que pretendía transformar las estructuras políticas, económicas y sociales del país. Una década después, parte de aquel impulso desembocaría en la tentativa de refundación constitucional que los chilenos rechazaron en septiembre de 2022.
Durante los veinte años de la Concertación, Chile había combinado economía abierta, iniciativa privada, responsabilidad fiscal y políticas sociales progresivas. Los resultados fueron extraordinarios en reducción de la pobreza, crecimiento, expansión de las clases medias y estabilidad democrática. Persistían problemas, pero la lógica dominante consistía en corregirlos sin destruir los bienes alcanzados.
Las movilizaciones estudiantiles de 2011 introdujeron una interpretación diferente. Las deficiencias educacionales, el endeudamiento y las desigualdades comenzaron a atribuirse al modelo mismo. Si el problema estaba en las estructuras, la respuesta debía ser transformarlas.
Bachelet convirtió aquella crítica en programa gubernamental. Su propuesta de 2013 anunció tres grandes reformas: tributaria, educacional y constitucional. La Nueva Mayoría incorporó además al Partido Comunista, ampliando hacia la izquierda una coalición que hasta entonces había gobernado desde la gradualidad y los acuerdos.
La educación fue el laboratorio del nuevo ciclo. La reforma modificó selección, copago, lucro y administración de establecimientos, mientras la gratuidad universitaria aumentaba la responsabilidad financiera del Estado. El problema fue haber concedido primacía a la arquitectura institucional sobre la finalidad de educar.
Educar es ayudar a crecer. Significa introducir a una persona en una realidad que no ha creado para que pueda conocerla, juzgarla y actuar libremente en ella. Supone verdad, libertad, autoridad pedagógica y transmisión cultural. Los padres poseen una responsabilidad educativa anterior al Estado, cuya función consiste en ayudarlos, no sustituirlos.
En economía, la reforma tributaria amplió la recaudación buscada para financiar nuevas prestaciones, mientras la reforma laboral reforzó la regulación de las relaciones productivas. Se debilitó así el equilibrio entre iniciativa social y expansión estatal que había caracterizado a la Concertación. La riqueza, sin embargo, debe producirse antes de distribuirse. La empresa no es una organización esencialmente explotadora, sino una comunidad de cooperación entre trabajo, capital y conocimiento.
El cambio alcanzó también a la antropología. La ley de aborto en tres causales introdujo una ruptura en la protección jurídica de la vida prenatal. La dignidad humana no depende de la salud, de las circunstancias de la concepción ni de la voluntad de terceros. La libertad tampoco consiste en la mera capacidad de elegir, sino en poder conocer y querer el bien.
Todas estas transformaciones debían culminar en una nueva constitución. Bachelet impulsó un proceso participativo y presentó en 2018 un proyecto que pretendía sustituir la Carta vigente, aunque permaneciendo dentro de la tradición institucional chilena.
La nueva izquierda consideró insuficiente aquel proyecto. El Frente Amplio, surgido del ciclo de movilizaciones estudiantiles, avanzó hacia una crítica más radical del orden de la transición. Después de octubre de 2019, la cuestión constitucional adquirió una dimensión distinta.
La Convención de 2021-2022 propuso plurinacionalidad, sistemas jurídicos indígenas, reorganización territorial y una nueva distribución del poder. Ya no se trataba solamente de transformar estructuras, sino de redefinir fundamentos de la comunidad política. El 4 de septiembre de 2022, el 61,86 por ciento rechazó aquella propuesta.
La secuencia permite comprender el lugar histórico de Bachelet. La Concertación quiso reformar; Bachelet quiso transformar estructuras; la nueva izquierda avanzó hacia la refundación. No existe una causalidad inevitable entre esas etapas, pero sí una continuidad política reconocible.
La enseñanza es fundamental. La política puede corregir injusticias y reformar instituciones, pero no crear al hombre ni disponer de los bienes que preceden al Estado. La vida, la familia, la libertad y la sociabilidad humana no son concesiones del poder.
Bachelet no realizó la refundación, pero fue el gobierno que le abrió la puerta.
El autor es doctor en Filosofía y Letras y profesor de Filosofía. Miembro del Panel de Humanidades y Ciencias Sociales de la Fundación Fulbrigth.
