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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) publicó este martes 22 de septiembre su informe más reciente bajo el título anatomía de la crueldad estatal, en que documentaron 161 casos de desaparición forzada y la muerte de ocho reos bajo custodia del Estado desde abril de 2018.
La presentación de los principales hallazgos de la investigación estuvo a cargo de los expertos Jan-Michael Simon (presidente del GHREN), Ariela Peralta Distéfano y Reed Brody, quienes denunciaron al Estado de Nicaragua durante el 63° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que inició el 7 de septiembre y concluye el 7 de octubre en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.
Según Naciones Unidas, la desaparición forzada ocurre cuando el Estado perpetra arrestos y luego niega la situación de privación de libertad y mantiene en secreto el paradero de las víctimas. Se trata de un método usado para infundir terror en la ciudadanía que tiene un impacto directo también en los familiares de los detenidos.
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El perfil de las víctimas y la responsabilidad de Ortega y Murillo
El perfil de las víctimas es variado: dirigentes religiosos, líderes indígenas, opositores y activistas, sandinistas disidentes y antiguos funcionarios estatales y militares. “La desaparición forzada también pone en grave y constante peligro la vida de las víctimas; el Estado es responsable de cualquier incumplimiento de su obligación de proteger esas vidas”, explicaron los expertos de Naciones Unidas.
El GHREN considera que, pese a que las 161 desapariciones forzadas es un dato preocupante en Nicaragua, “la cifra real es sin duda superior”. Los expertos llegan a esa conclusión, porque consideran que muchas familias no hacen públicas las detenciones por temor a represalias.
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De acuerdo con el informe, existe una cadena de mando también en el caso de las desapariciones forzadas, las que se llevan a cabo “con la actuación coordinada de múltiples instituciones estatales, bajo una cadena de mando que llega hasta los niveles más altos del Gobierno”.
Entre las instituciones involucradas mencionan a la sancionada Policía Nacional, el Sistema Penitenciario Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Sistema de Justicia. Las detenciones se realizan “sin orden judicial y fuera de situaciones de flagrancia”. Pero son claros en señalar la responsabilidad de Ortega y Murillo en este ataque generalizado y sistemático contra la población civil desde 2018, lo que constituye a primera vista «crímenes de lesa humanidad». Estos delitos serían los siguientes: asesinato, encarcelamiento, tortura—incluida la violencia sexual—, deportación, desaparición forzada y persecución con motivos políticos.
«El Grupo ha determinado anteriormente que existen motivos razonables para creer que los Copresidentes, junto con altos funcionarios de la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario Nacional y otros funcionarios identificados del Estado y del FSLN, incurren prima facie (a primera vista) en responsabilidad por el patrón de violaciones, abusos y crímenes descrito en sus informes», afirma el GHREN.
Los funcionarios denuncian también a los funcionarios que han participado en estos delitos. “Pese a constatar que diversas personas desaparecidas permanecían y continúan privadas de libertad en sus dependencias, los altos funcionarios a cargo han ocultado información, restringido el acceso e impedido la verificación independiente de su situación”.
Hasta el 31 de agosto de este año, la mitad de los reos políticos que se contaban en Nicaragua se encontraban en situación de «desaparición forzada». Es decir, 29 de los 60 reclusos. Entre este grupo de víctimas del Estado se encuentran cuatro familiares y dos allegados a la familia del líder indígena Brooklyn Rivera Bryan, fallecido en custodia a finales de mayo.
Entre los casos citados expresamente en el informe se encuentran el de Elvia Junieth Flores Castillo y sus dos hijas, los exmilitares Carlos Brenes, Víctor Boitano Colemán, Eddie González Valdivia, pero también menciona a otros como el de Ricardo Mendoza Irigoyen o el exasesor presidencial, Stedman Fagoth Müller.
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Los expedientes de la crueldad de los dictadores
El informe también se centra en los casos de ocho presos políticos en desaparición forzada que murieron en custodia, particularmente en el del líder indígena y exdiputado de Yatama, Brooklyn Rivera, a los 73 años. Un caso del que destacan que las versiones de sus razones de muerte fueron “contradictorias” y el que describen como un ejemplo de crueldad, marcado por la detención arbitraria, ocultamiento prolongado, denegación del contacto con sus familiares y de representación letrada, negativa a realizar una investigación independiente y desaparición de sus parientes.
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“La evaluación del Grupo, que incluyó un análisis médico independiente de las propias declaraciones del Gobierno, concluyó que estas declaraciones eran contradictorias entre sí, médicamente incoherentes en aspectos fundamentales y que no podían verificarse debido a la ausencia de una investigación independiente o autopsia. Un caso en el que la presunción de responsabilidad del Estado por una muerte bajo custodia no ha sido refutada en absoluto”, subraya el informe sobre la muerte del líder indígena.
Además de Brooklyn Rivera, Eddy Antonio Montes Praslin, Santos Sebastián Flores Castillo, Jorge Hugo Torres Jiménez, José Modesto Solís Aguilar, Humberto Ortega Saavedra, Mauricio Francisco Alonso Petri y Carlos Alberto Cárdenas Zepeda han perecido en custodia del régimen Ortega-Murillo tras largos períodos de desaparición forzada.
Demandan libertad de los presos políticos
El GHREN exhorta al régimen a revelar de inmediato la suerte y el paradero de todas las personas que siguen desaparecidas, poner fin a la práctica de la detención en régimen de incomunicación, liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de estos actos.
«Cada día que se desconoce la suerte o el paradero de una persona desaparecida en Nicaragua se renueva el crimen. Cada día sin rendición de cuentas por las muertes bajo custodia refuerza la impunidad. El Estado de Nicaragua ha incumplido su deber fundamental de protección. La rendición de cuentas no es facultativa», añadieron.
El GHREN pide a los Estados miembros de la ONU:
1- Ejercer la jurisdicción universal respecto de los crímenes de desaparición forzada y las muertes bajo custodia documentados en el documento.
2- Protección inmediata y sostenida, incluidas visas de emergencia, estatutos de protección temporal y vías de reasentamiento, a los familiares y las personas cercanas a las víctimas de desaparición forzada o muerte bajo custodia que sigan expuestos a represalias dentro o fuera de Nicaragua.
3- Que adopten y apliquen rigurosamente sanciones contra los funcionarios y las instituciones identificados como responsables de ordenar, supervisar o encubrir los casos de desaparición forzada y muerte bajo custodia. Además de que actualicen las listas de sanciones sobre la base de nuevas pruebas y las coordinen entre Estados afines.
Lupa internacional sobre la dictadura de Nicaragua
La presentación del informe ocurre un día antes que el Consejo Permanente de la OEA concreta la fecha de la reunión de cancilleres para evaluar la situación de Nicaragua, después del anuncio de Ortega en julio de eliminar las elecciones y poner en marcha unas reformas constitucionales para perpetuarse en el poder, las cuales fueron aprobadas el 1 de septiembre. Desde 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar, la dictadura se sostiene en el terror como política de Estado.
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Estados Unidos y sus aliados proponen que la reunión de los ministros se realice el viernes dos de octubre y en la misma se evaluaría una respuesta colectiva al desafío de la dictadura al sistema interamericano. Ortega y Murillo se han sostenido en el poder los últimos 19 años y delegaron a su cocanciller Valdrack Jaentschke para asistir a la Asamblea General de la ONU en New York. El alto funcionario fue señalado precisamente por el GHREN como el responsable de una red de vigilancia e inteligencia contra los exiliados.
