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Elvia Junieth Flores Castillo, de 37 años, y sus dos hijas menores de edad, cumplieron 515 días desaparecidas este 17 de agosto. Según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el caso es de extrema vulnerabilidad: no existen registros de procesos judiciales en Nicaragua sobre ella y tampoco un informe sobre el estado de las niñas. La dictadura de Daniel Ortega, señalada de violaciones de derechos humanos, ha obviado la denuncia pública.
La Asociación de Memoria y Justicia incluyó a Elvia Junieth como parte de los 60 presos políticos que contabilizaron hasta julio. De ese grupo, 23 se encuentran en condición de desaparición forzada. Esto significa que los familiares de estos detenidos desconocen su paradero y no pueden verificar tampoco su situación actual.
El llamado público de la madre de Elvia Junieth, Elpidia Castillo, lo difundió en julio una cuenta de Tik Tok llamada la «Voz de una Madre Nicaragüense«. A pesar de que la fuerte denuncia compromete al mismo Ortega, el silencio estatal es impenetrable.
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Elvia Flores Castillo denunció en 2017 a agencias internacionales que era víctima del dictador nicaragüense. Dijo por teléfono que ella se encontraba presa entonces en una casa, mientras su hermano, el abogado Santos Sebastián, era preso del régimen en una celda del Sistema Penitenciario. El detenido denunció que el dictador sandinista había abusado de Elvia Junieth cuando ella tenía 15 años. Una denuncia que fue respaldada por cuatro hermanos en la conferencia donde ella relató su situación de cautiverio.
El abogado fue acusado por el Ministerio Público en 2013. Y murió bajo custodia del Estado en 2021. En 2015, una investigación periodística del Diario Las Américas en Estados Unidos documentó la historia de Elvia Junieth. La gravedad de la denuncia captó la atención internacional, porque se trataba de un segundo caso de abuso sexual relacionado con el líder político nicaragüense. Nuevamente fue acusado directamente. En 1998, su hijastra Zoilamérica lo denunció formalmente, e igual que en esta ocasión, los casos han quedado en la impunidad.
En el video de Tik Tok, la señora Elpidia Castillo, madre de Elvia Junieth, luce angustiada. Dice que no come ni duerme. Pero asegura que no parará hasta que le regresen a sus niñas. “No sé en qué situación se encuentran —afirma y luego pregunta—: ¿cómo están dos niñas inocentes?, ¿por qué se han ensañado con ellas si son niñas chiquitas que ni a clases van?”
Abuso tras abuso: agravantes del caso de Elvia Junieth
Para la abogada y feminista Azahálea Solís, la desaparición de Elvia Junieth Flores Castillo y sus dos hijas debe analizarse a la luz de las denuncias que durante años la han vinculado con Daniel Ortega. Destaca que Nicaragua es un país efectivamente en que abunda la violación de derechos humanos.
De hecho, la relatora de la CIDH para Nicaragua, Rosa María Payá, en el período 196 de sesiones, durante la primera semana de agosto, denunció la situación de terror que viven los nicaragüenses. La funcionaria preguntó públicamente a Ortega y Murillo, nombre por nombre, dónde estaban cada uno de los desaparecidos en Nicaragua.
«Las personas que ocupan el poder en Nicaragua, de manera progresiva, agresiva, de manera sistemática, han terminado con la independencia judicial, han abolido la separación de poderes», explicó Payá que, sin embargo, no mencionó el nombre de Elvia Junieth. Sí preguntó por dos menores de edad, que fueron asociadas en los medios con las dos hijas de la víctima.
A Ortega la concentración de poder le sirvió para crear un Estado totalitario. Desde 2018, sus víctimas se cuentan entre opositores, gente afín al Frente Sandinista de Liberación Nacional y la ciudadanía en general.
La familia de Elvia Junieth era sandinista. Solís afirma que el caso trasciende el ámbito estrictamente político. «En este tema, no estamos hablando de que se persigue a personas desconocidas, sino de su entorno político como hemos estado viendo (que ha pasado en el país), y en este caso estamos hablando del entorno íntimo del dictador”, explicó Azahálea Solís en julio.
La feminista describió una serie de violaciones de derechos humanos. Recordó la muerte bajo custodia del Estado del abogado Santos Flores Castillo. Pero también recalcó que no hay ante quién recurrir en el país en la actualidad. Esto por la misma persecución que Ortega ha desatado contra los organismos de derechos humanos independientes desde 2018.
“Antes de esta desaparición de ella y sus hijas, se produjo la muerte de su hermano en prisión, detenido arbitrariamente, porque él denunció e hizo pública la situación de violencia contra su hermana; y el abuso contra su hermana menor de edad”, recordó.
Solís explicó que ambos episodios reflejan una actuación estatal orientada a impedir que las denuncias de la familia Flores Castillo obtuvieran una respuesta. Es decir, las víctimas están en una situación de desprotección ante un Estado, manejado por «dos personas crueles», dijo en referencia a Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Para la abogada, la función del Estado ha sido «apañar, ocultar, no encontrar, no dar justicia a una persona que lo ameritaba”. Es, según sus palabras, la representación más clara de «que no hay límites para el régimen«.
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La historia de cómo Ortega se acercó a Elvia Junieth
El Diario Las Américas denunció en 2015 el abuso que Ortega habría iniciado con Elvia Junieth cuando tenía 15 años. De acuerdo con esa investigación, el dictador se fijó en la joven durante un evento de campaña al que ella había asistido junto con una hermana, como integrante de la Juventud Sandinista.
Según ese relato, el candidato ordenó localizarla, consiguió su número telefónico y posteriormente estableció contacto con la familia. La cercanía de Ortega con esta familia se prolongó durante años. De ese vínculo nacieron las dos niñas de Elvia Junieth, según versiones periodísticas.
La investigación del diario estadounidense documentó que Néstor Moncada Lau, hombre cercano a Ortega y su antiguo asesor de seguridad, fue una figura clave en el encubrimiento de su jefe. Reconoció legalmente a una de las menores, según documentación del Registro Civil de Managua.
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En 2017, Elvia Junieth hizo su denuncia telefónica contra Ortega, justo cuando sus cuatro hermanos denunciaban en Miami la detención en Nicaragua de su hermano. Al abogado lo acusaron de violación.
Martha Flores Castillo afirmó que Elvia Junieth apenas comenzaba a hablar sobre lo vivido y que todavía sentía miedo. Otra hermana, Sujey Flores, describió la situación como «una herida» para su familia.
Pero la relación de Ortega con esta familia estuvo marcada también por otros aspectos. En la misma investigación, se documentó que Marcos Martínez Mejía, otro secretario de Ortega, hizo transferencias de dinero de junio 2011 a octubre de 2012 a Santos Flores Castillo. Dos hermanos más de ella fueron colocados en puestos gubernamentales y otros miembros de la familia fueron beneficiados igual con dinero.
Prisión y muerte de Santos Flores
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santos Sebastián Flores Castillo denunció a Ortega en 2005 ante organismos de derechos humanos y la oficina de la Presidencia, durante la administración del ingeniero Enrique Bolaños.
Flores dijo que Ortega habría iniciado «una relación» con su hermana cuando ella tenía 15 años. La acusación contra Santos Sebastián fue violación agravada y lo condenaron a 15 años de prisión.
La familia alegó que la fabricación del delito fue en represalia por su denuncia. A Santos Sebastián lo recluyeron en el Sistema Penitenciario Nacional de Tipitapa, conocido como La Modelo. Permaneció durante ocho años y casi cinco meses. Nunca recuperó la libertad.
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Durante el encarcelamiento del abogado, Elpidia Castillo denunció sus condiciones carcelarias. En marzo y abril de 2015 acudió ante el procurador de Derechos Humanos de Nicaragua y la ministra de Gobernación para denunciar torturas.
Castillo relató que durante una visita en septiembre de ese año encontró a su hijo en muy mal estado de salud. Había perdido peso de manera considerable, estaba pálido, tenía dificultades para caminar y presentaba llagas y hongos en manos y pies. También denunció que permanecía aislado y encadenado, sin acceso al sol, con restricciones de alimentos y sin atención médica.
El 8 de noviembre de 2021, el abogado murió bajo custodia de la dictadura de Ortega. Según la CIDH, la constancia de defunción emitida por el Ministerio de Salud consignó como causa directa de la muerte un “edema agudo pulmón”.
Moncada Lau informó del deceso a Elvia Junieth
En su informe del caso número 14679, la CIDH tomó nota del aislamiento prolongado, la falta de acceso a alimentación adecuada y agua potable, las condiciones de insalubridad y la falta de atención médica. El leal Moncada Lau avisó del fallecimiento a Elvia Junieth. Le explicó que la causa de muerte era un infarto. En agosto de 2025, meses después de la desaparición de la joven, el asesor de seguridad terminó encarcelado en las purgas en que Murillo consolidó su poder a lo interno del orteguismo.
A pesar de la información de Moncada Lau, la familia radicada en el país encontró en el cuerpo de Santos Sebastián varias sorpresas. «Una vez en la casa, lo desvestimos y observamos que tenía lesiones en cuello, tórax y brazo izquierdo causada con arma blanca, también moretones en su cara, señales de mordidas en su estómago, le cortaron la lengua, y lo colgaron de sus pies, lo que indicaban que su causa de muerte no era un infarto, las señales evidencian que fue estrangulado y presentaba un estado grave de desnutrición«, dijeron. Esa denuncia puede leerse en el informe mencionado.
