SOLO PARA SUSCRIPTORES.
SOLO PARA SUSCRIPTORES.Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Las noticias de personas desaparecidas en Nicaragua siguen cruzando fronteras y rompiendo la censura. Ya no son nombres públicos, ni figuras de peso o relevancia mediática. Ahora son, en su mayoría, personas comunes con vidas cotidianas.
“¿Te acordás de D…? El que tenía el cibercafé en la cuadra. Ya lleva dos meses que se lo llevaron”. Y viene su historia enseguida: tuvo un cibercafé hace años, que desapareció con el auge de los teléfonos inteligentes y entonces convirtió el antiguo local en una pulpería.
Lea también:Nicaragua registra el mayor riesgo de tortura en las Américas, según índice global
Para aprovechar los equipos informáticos en el pequeño negocio, en un barrio del Distrito V de Managua, ofrecía impresiones, fotocopias y escáner. Un día se le dañó un CPU y llevó la torre a reparar a un técnico informático conocido.
Más tarde, ya casi a medianoche, llegaron a traerlo en una camioneta civil y desde entonces nadie sabe de él.
La familia, temerosa, cerró el local y apenas hablan con los vecinos. Y por ahí se filtra una que otra causa posible: “Dicen que en el disco duro le hallaron unas fotos del 18 de abril”.
Otro desaparecido
Lo mismo pasó con “Héctor” un taxista de cuarenta y tantos años que heredó dos unidades con sus respectivas placas rojas de su padre, allí por el barrio Riguero en Managua.
Solía oír la radio Corporación, colocar banderitas azul y blanco encima del tablero del vehículo o en el vidrio y hablaba sin filtros contra el régimen Ortega Murillo, sin medir quién era el pasajero de turno.
Una noche no llegó a dormir y la familia empezó la búsqueda sin éxito.
A los días llegó la Policía junto con gente del Instituto Regulador del Transporte del Municipio de Managua para arrancar la placa del otro taxi y llevarse los documentos de los vehículos.
Ahí supieron la verdad: “Héctor” está detenido, acusado de “menoscabo de la integridad nacional por aplaudir sanciones contra Nicaragua”.
Los dos casos anteriores, con identidades de las víctimas a resguardo por peticiones de sus familiares, se reportaron en Managua en julio.
LA PRENSA no ha podido indagar el estado de las dos denuncias en la actualidad, pero organizaciones de derechos humanos no dudan: cada vez son más comunes las confidencias de ese tipo y más escasas las denuncias públicas.
Régimen «desaparecido«
La silla asignada al Estado de Nicaragua permaneció vacía durante la audiencia pública número 25 del 196º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 6 de agosto en Washington, Estados Unidos.
Ese vacío institucional, sin embargo, no fue un silencio absoluto del Estado de Nicaragua: la sala se llenó con los relatos de familiares de desaparecidos en Nicaragua por criticar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Ahí la relatora de Derechos Humanos para Nicaragua, Rosa María Payá, lo explicó claro: lo que comenzó en 2018 como una reacción violenta del régimen para sofocar las protestas sociales se ha convertido en un andamiaje represivo permanente, preventivo y transversal.
“Hoy, la desaparición forzada en Nicaragua ya no es una medida de excepción, sino un patrón sistemático estructurado para infundir terror, desarticular redes de resistencia y sumergir a las familias de las víctimas en un limbo emocional”, que los expertos califican como duelo suspendido, dijo Payá.
98 desapariciones forzadas
Entre los años 2018 y 2023, la CIDH computó al menos 2,090 privaciones de libertad atribuibles a motivos políticos en Nicaragua.
En esa etapa inicial, según el informe de la CIDH, las desapariciones forzadas solían ser de carácter temporal, prolongándose por varios días o semanas mientras las personas permanecían en centros clandestinos antes de ser presentadas de forma restringida ante verdugos judiciales.
Todo ello se alteró en 2021 con la aprobación de la Ley 1060, Ley de Reformas al Código Procesal Penal, que facultó la extensión de los plazos de prisión preventiva hasta por 90 días para los sospechosos de delitos políticos.
Puede interesarle: Estos son los ocho reos políticos muertos bajo custodia de la dictadura Ortega Murillo
No obstante, según los informes de la CIDH, a partir del último tramo de 2023 el patrón sufrió un agravamiento arbitrario: la Policía asumió la decisión de no brindar información sobre el paradero de las personas apresadas desde el día cero, hasta el dictamen de condena.
Y la misma decisión asumió la Fiscalía, el Poder Judicial, el Sistema Penitenciario y hasta la Procuraduría de Derechos Humanos.
Se empezaron a prohibir de facto el nombramiento de abogados privados y le asignaron defensores públicos de oficio a los detenidos, en juicios a puertas cerradas y sin reportar al sistema informático las audiencias y sentencias.
Desde entonces, al menos 98 personas fueron declaradas en desaparición forzada por el Colectivo de Derechos Humanos.
39 casos más
Yader Valdivia, integrante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, testificó ante la comisión de la CIDH que desde 2024 hasta la fecha, han documentado 39 casos de personas presas políticas en situación de desaparición forzada o de incomunicación.
Tras meses de silencio estatal y en muchos casos tras presión internacional, el régimen ha confirmado las detenciones y exhibido ante los medios oficialistas a las personas desaparecidas.
En 2026, al menos 60 personas están clasificadas como presas políticas y 22 de ellas están en condición de desaparición forzada, según Valdivia.
Lea además: Relatos de dolor de las víctimas de la dictadura: «Mi mamá murió mientras estaba encerrado»
El abogado internacional Reed Brody, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de las Naciones Unidas, anota en sus registros 94 casos bajo esta tipología desde que se integró al equipo en septiembre de 2024.
Según su reporte, desde entonces hasta 2026, ha habido una mutación en el perfil de las víctimas.
De la persecución inicial a líderes opositores se ha pasado a la captura selectiva de dirigentes indígenas, autoridades religiosas, defensores comunales, periodistas, críticos de redes sociales y antiguos colaboradores del propio partido sandinista que han manifestado disenso.
Desaparecen vivos, aparecen muertos
Más allá de los conceptos jurídicos, el temor real de las familias de los desaparecidos es no saber si sus seres queridos están vivos o muertos.
Este terror no es casual: el Colectivo registra que entre mayo de 2019 y mayo de 2026, al menos nueve personas identificadas como presas políticas y en condición de desaparición forzada murieron en prisión bajo la tutela directa del Estado.
Uno de los casos más recientes, documentados con mayor severidad, es el del diputado y líder miskito, Brooklyn Rivera, aprehendido el 29 de septiembre de 2023 y mantenido en régimen de desaparición forzada durante 971 días.
El 27 de mayo de 2026, canales vinculados al oficialismo difundieron imágenes que mostraban a Rivera en un centro hospitalario bajo estado crítico de desnutrición y asistencia respiratoria.
Lea también: Chester Cortez, el activista que soñó con una Nicaragua democrática, hoy desaparecido
El dirigente indígena falleció bajo custodia oficial el 30 de mayo de 2026.
Si bien el régimen atribuyó la muerte a causas naturales, los reportes internacionales y la familia señalaron el deterioro sistémico del indígena, inducido por la falta de atención oportuna a sus padecimientos crónicos.
Posteriormente, las autoridades impidieron la entrega del cadáver a sus familiares, prohibieron la realización de peritajes forenses independientes y cancelaron las exequias tradicionales según las costumbres de la comunidad miskita.
Hoy seis familiares de Rivera están desaparecidos, denuncia desde el exilio su hija, Tininisca Rivera.
Los otros muertos
Este patrón de muertes bajo custodia y sepulturas restringidas se evidenció de igual forma en agosto de 2025 con los decesos de Mauricio Alonso Petri y Carlos Cárdenas Cepeda, ambos mayores de 60 años, considerados opositores.
Fueron detenidos por civiles armados en sus viviendas, desaparecidos y luego entregados muertos y en ataúdes sellados a sus familiares, bajo la exigencia de realizar entierros inmediatos y bajo estricta vigilancia policial.
Esas muertes, aun en impunidad, mantienen en pánico y ansiedad a familiares de los exmilitares Víctor Boitano Coleman y Eddie González Valdivia.
Puede interesarle: Régimen Ortega Murillo falsificó partida de nacimiento para justificar secuestro de adolescente, según la ONU
Eugenia Valle Olivares, cónyuge de Víctor Boitano Coleman —de 65 años y con doble nacionalidad ítalo-nicaragüense—, expuso ante la CIDH la situación de su esposo, capturado en su residencia el 23 de abril de 2024.
Para el 30 de junio de este año, Boitano acumulaba 828 días en condición de desaparición forzada.
Durante su comparecencia, Valle Olivares afirmó: “Desde el momento en que fue capturado nosotros hemos buscado por diferentes medios saber sobre su situación física, de salud mental y de su vida, sin obtener ningún resultado”.
La familia se exilió por temor a terminar presos por demandar la libertad del exmilitar.
“¿Dónde está mi hermano?”
En la misma jornada, la periodista Nohelia González presentó el caso de su hermano, Eddie Moisés González Valdivia, de 67 años, arrestado el 14 de julio de 2024 tras haber denunciado públicamente el secuestro, desaparición y posterior expulsión del país de la propia Nohelia.
Según la periodista, a su hermano lo capturaron en su vivienda, herido por balazos de la Policía, sin que desde esa fecha se tenga constancia de su paradero o estado de salud.
González denunció que su hermano presenta secuelas físicas originadas por prisiones políticas en la década de 1970 durante el régimen somocista.
“Esta desaparición forzada que pone en riesgo su vida constituye una flagrante violación a sus derechos fundamentales… Hoy como hermana de Moisés exijo una prueba de vida”, dijo Gónzalez.
Y añadió: “Él tiene nombre, tiene historia y tiene una familia que continuará buscándolo y alzando la voz hasta verlo con vida”.
Familias destruidas
El informe especializado ¿Dónde más busco?: Vidas suspendidas, desapariciones forzadas en Nicaragua, publicado en abril de 2026 por una articulación de organizaciones de derechos humanos, detalla que las acciones de búsqueda recaen principalmente en mujeres (madres, cónyuges e hijas).
Y son ellas quienes sufren graves afectaciones como estrés postraumático, depresión e insomnio prolongado.
El estudio describe la aplicación por parte de la dictadura de una política de “castigo por asociación”, que criminaliza a las mujeres que demandan justicia.
Un ejemplo documentado de este tipo es el de Salvadora Socorro Martínez Aburto, de 69 años, apresada el 14 de agosto de 2025 junto a su esposo, el exguerrillero disidente Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 71 años.
Lea además: Así desaparece la dictadura Ortega Murillo a opositores en Nicaragua
Martínez Aburto, sin militancia partidaria, fue encarcelada tras denunciar la captura previa de su cónyuge; según reportes extraoficiales, ambos fueron procesados en juicios sin acceso público y condenados a 15 años de prisión.
Según el documento, en muchos casos, cuando ocurre la detención y desaparición de alguna persona, se genera una separación familiar que lleva a otros miembros de la familia al exilio.
De acuerdo con Salvador Marenco, abogado del Colectivo, los familiares que acuden a sedes policiales son objeto de amenazas de detención e incautación de equipos telefónicos para evitar la transmisión de información.
Un crimen de lesa humanidad
Desde la perspectiva del derecho internacional, la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad a la luz de los Estatutos de Roma.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana, precisó que la desaparición forzada en Nicaragua cumple con los tres criterios concurrentes por la jurisprudencia interamericana para ser considerada un crimen de lesa humanidad.
“La privación de libertad efectuada por agentes estatales o con su autorización, la falta de información sobre la detención y la negativa a reconocer la privación de libertad o a revelar el paradero de la persona”, dijo.
“Cuando la desaparición forzada se comete de manera generalizada o sistemática contra la población civil, con conocimiento de ese ataque, constituye un crimen de lesa humanidad”, agrega.
Y estos delitos internacionales, advirtió, son de naturaleza imprescriptible y aplicabilidad de la jurisdicción universal. Es decir, no prescriben y se pueden acusar en cualquier Estado.
