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Nicaragua presenta el nivel de riesgo de tortura más alto del continente americano, según el Índice Global de la Tortura 2026, elaborado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y presentado este jueves 30 de julio en San José, Costa Rica, por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) y organizaciones aliadas.
El informe ubica al país en la categoría de «muy alto riesgo» y sostiene que la tortura y los malos tratos «no son hechos aislados», sino parte de una política sistemática de represión que se intensificó tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
Durante la presentación, Salvador Marenco, coordinador del Colectivo Nicaragua Nunca Más, explicó la metodología utilizada para elaborar el índice y los resultados obtenidos por Nicaragua en los siete pilares evaluados, mientras que Claudia Pineda, directora de la Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ), expuso los principales hallazgos relacionados con la tortura, las desapariciones forzadas y la impunidad.
«Nicaragua alcanza la categoría de muy alto riesgo porque los indicadores muestran que la tortura no responde a hechos aislados o excesos individuales, sino a un patrón sostenido de actuación estatal. El deterioro en materia de derechos humanos, la ausencia de controles institucionales y la falta absoluta de rendición de cuentas colocan al país en el nivel de riesgo más grave de la región», reza el comunicado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
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Al menos 40 métodos de tortura
El colectivo informó que ha documentado más de 250 testimonios relacionados con al menos 40 métodos de tortura, malos tratos y tratos crueles, inhumanos o degradantes, principalmente ocurridos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el Chipote, y en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
En el país localizaron ocho centros clandestinos de tortura que funcionaron desde 2018 hasta abril de 2019. La mayoría ubicados en el Pacífico.
Entre los métodos registrados figuran: aislamiento prolongado, incomunicación, privación del sueño, amenazas constantes, violencia sexual, exposición a temperaturas extremas y la negación de atención médica.
«Las condiciones de detención constituyen por sí mismas formas de tortura. El aislamiento, la incomunicación, la privación de atención médica y los distintos mecanismos de castigo físico y psicológico documentados por organizaciones de derechos humanos forman parte de un sistema diseñado para quebrar a las personas detenidas», informó el Colectivo.
El informe también advierte que el sistema penitenciario nicaragüense presenta un hacinamiento del 177 %, mientras que la AMJ documentó 143 denuncias de tortura durante 2025, presuntamente cometidas por agentes penitenciarios.
Asimismo, señala que 46 personas permanecían encarceladas por motivos políticos hasta mayo de 2026 y que desde 2019 se han registrado al menos nueve muertes bajo custodia estatal, cuatro de ellas ocurridas durante los nueve meses previos a la elaboración del informe.
Desapariciones forzadas
El estudio también documenta que durante 2025 se registraron 208 detenciones arbitrarias, muchas de ellas ejecutadas sin orden judicial y sin informar a los familiares sobre el lugar de reclusión.
Según el informe, esta práctica puede constituir desapariciones forzadas de corta o larga duración y aumenta significativamente el riesgo de tortura al dejar a las personas fuera de la protección de la ley.
Además, fueron registrados 23 casos de tortura durante el momento de la captura, en un contexto donde las manifestaciones públicas permanecen prohibidas «de facto» desde la represión iniciada en 2018.
Las organizaciones también señalaron que la reforma constitucional aprobada en 2025 institucionalizó la denominada «policía voluntaria», estructura que, según el informe, participó en la represión de las protestas de 2018, en las que fueron asesinadas al menos 355 personas.
Impunidad absoluta
Uno de los capítulos del Índice Global de la Tortura concluye que la impunidad en Nicaragua es total.
«El índice demuestra que la impunidad por tortura en Nicaragua es absoluta y estructural. No existe una sola condena por este delito, no se han iniciado investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público y ningún agente estatal ha sido suspendido a raíz de las denuncias presentadas por las víctimas», enfatizaron las organizaciones.
El informe recuerda que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas identificó en 2025 a 54 funcionarios dentro de una cadena de mando vinculada con presuntos crímenes de lesa humanidad, sin que hasta la fecha exista alguna investigación interna.
Además, el Colectivo Nicaragua Nunca Más documentó durante 2025 102 casos de intimidación y 36 casos de acoso judicial contra víctimas y personas denunciantes, lo que, según el informe, genera temor a represalias y provoca un importante subregistro de los casos.
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Las organizaciones recordaron que aunque Nicaragua ratificó la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo, el Estado no ha establecido un mecanismo nacional independiente para prevenir este delito ni ha implementado las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en 2022.
«Ningún mecanismo internacional de supervisión ha podido ingresar a Nicaragua desde 2018. Por ello, resulta indispensable que la comunidad internacional mantenga la observación sobre el país, fortalezca la documentación de las violaciones, brinde protección a las personas sobrevivientes y continúe exigiendo verdad, justicia y rendición de cuentas al Estado de Nicaragua», concluyeron las organizaciones durante la presentación del informe.
