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La Policía Nacional de España desarticuló en Málaga a una organización criminal que presuntamente se dedicaba a la explotación laboral de migrantes nicaragüenses en la localidad de Almargen en Málaga.
Las connacionales se dedicaban al cuidado de personas mayores, informó la Policía Nacional en un comunicado.
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La operación contra la organización, que no fue revelado el nombre, se realizó en paralelo mientras los agentes desarticularon otra red de explotación laboral a migrantes de origen marroquí en la provincia de Palencia.
Víctimas liberadas e identificadas
De acuerdo con la Policía Nacional de España ambas operaciones dejaron un total de 11 detenidos, de los cuales dos ingresaron a prisión provisional.
En el caso de la red que explotaba a las nicaragüenses, siete personas fueron arrestadas. La Policía identificó un total de 11 víctimas 11, de las cuales dos fueron liberadas.
Desde octubre del 2025, el Servicio de Atención a las Víctimas de Trata de Seres Humanos de la Policía estaba tras las pistas de la red de explotación laboral en Málaga. Los investigadores contaron con la colaboración del Ayuntamiento y la Policía Local, también de las autoridades policiales de Nicaragua a través de Interpol.
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«Pudieron establecer el periplo de las víctimas desde su captación hasta la incursión en el mercado laboral español», dice el comunicado de la Policía.
Cómo operaba la red
La Policía indicó que entre los detenidos está una mujer identificada como la principal investigada, cuyo rol dentro de la red criminal era «ser el gancho» y la persona que suponía la vía de salida desde Nicaragua «hacia un mejor futuro».
La mujer se dedicaba a contactar a las víctimas y les ofrecía un trabajo en España como internas al cuidado de personas mayores dependientes en domicilio, pero «la realidad con la que se encontraban al llegar era bien distinta, no ajustándose a las condiciones ofertadas, pues debían estar disponibles la 24 horas del día, siete días a la semana, a cambio de un sueldo precario, sin derecho a festivos, vacaciones, sin contrato ni alta en la seguridad social».
Las autoridades policiales junto a los investigadores indicaron que una agencia de viaje en Managua, de la que no dieron nombre, «servía como tapadera para la organización». Ahí las nicaragüenses eran seleccionadas para poder pasar los controles fronterizos y recibían la documentación y el dinero necesario para su entrada en España.
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La red era liderada por una mujer nicaragüense y su pareja española, que contaban con el apoyo de familiares y colaboradores para tareas básicas como el envío de dinero a las víctimas en la fase inicial de captación.
Estando en España las víctimas eran trasladadas a un domicilio en Almargen, Málaga, propiedad de uno de los principales investigados. «Ahí realizaban tareas de limpieza sin remuneración (…) permanecían hasta que se les conseguía un empleo como internas, periodo durante el cual debían pagar 200 euros diarios en concepto de alojamiento», detalló la Policía.
Les exigían pagar 5 mil euros de deuda
Los investigadores encontraron que las nicaragüenses, al conocer las condiciones abusivas a las que estaban siendo sometidas, decidieron abandonar el trabajo, no obstante, «era tarde para ello, ya que no contaban con billete de vuelta a su país y además se les exigía el pago de los 5,000 euros de deuda».
Los 5,000 euros debían ser pagados de manera mensual, en cuotas de 350 euros y si dejaban el trabajo esa cantidad aumentaba en 100 euros como penalización.
En 2025, según los datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado en España, la trata con fines de explotación laboral superó por primera vez en número de víctimas a la trata con motivación sexual, alcanzando las 390 y 374 respectivamente.
En el ámbito laboral, durante ese periodo de tiempo, la Policía Nacional logró la liberación de 67 víctimas de trata laboral y a 470 personas como víctimas de explotación laboral.
En España, la Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo [email protected] para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia anónima y confidencial de este tipo de delitos.
