A raíz del 2023, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo perfeccionó el modus operandi de las desapariciones forzadas, es decir, los arrestos de opositores y críticos del régimen de quienes se niega información a los familiares por lo que su situación se desconoce. Mientras esto ocurre, los presos políticos son víctimas de diversos tipos de tortura.
Según el informe ¿Dónde más busco?, publicado el viernes por organizaciones de la sociedad civil, hasta la fecha hay 73 presos políticos y de estos, 33 están en desaparición forzada. A estos casos deberían sumarse las desapariciones que el Monitoreo Azul y Blanco ha identificado en los últimos días, pero que aún no se han sistematizado.
El informe señaló que, con base en la documentación, definieron un patrón general de estos secuestros. Primero, agentes policiales o paramilitares detienen a las personas. Después de allanar sus viviendas y capturarlas, las trasladan a distritos policiales y eventualmente a centros penitenciarios.
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Los procesos judiciales se desarrollan sin abogados de confianza y el expediente judicial no es accesible para nadie.
En algunos casos, las autoridades de distritos policiales o centros penitenciarios permiten a los familiares dejar paquetería, pero no confirman si los detenidos están ahí ni autorizan visitas.
El informe señala que se ha documentado la utilización de la desaparición forzada como forma de censura, puesto que amenazan a los familiares con que si divulgan lo que ocurre al interior de los centros de detención no autorizarán más visitas.
Torturas en medio de desapariciones
Durante el tiempo de desaparición, las víctimas son sometidas a diversos tipos de torturas, como penetración con objetos, colgamientos, ahogamientos, estrangulamiento y posturas forzadas, incluyendo posiciones incómodas atadas a muebles o al suelo.
Además, las víctimas enfrentan tortura psicológica, puesto que en prisión amenazan de muerte a sus familiares.
En el caso de las mujeres víctimas de prisión política y desaparición se identificaron formas de tortura diferenciadas, como desnudez forzada, obligación de realizar sentadillas desnudas, toma de fotografías o videos desnudas bajo amenazas de divulgación, insultos denigrantes y amenazas de violación a sus hijas, entre otras.
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Dictadura se lleva familias completas
Claudia Pineda, de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), aseveró que este año se documentaron arrestos y desapariciones de familias completas, algo que no se había registrado antes.
«Al menos cuatro familias fueron detenidas en agosto y una en julio, en el caso del pastor Rudy Palacios. Tanto los detenidos de julio como los de agosto permanecen desaparecidos. En total hemos identificado 45 personas detenidas entre julio y agosto en estas redadas, y todas están desaparecidas, salvo una, cuyo cuerpo fue entregado sin vida, que es el caso del señor Mauricio Alonso», dijo Pineda.
El Instituto Segovia para el Liderazgo y la Transformación Social denunció el lunes 25 de agosto de 2025 que el régimen entregó muerto al preso político Mauricio Alonso, a quien secuestraron junto a su esposa e hijo durante la madrugada del 18 de julio, en medio de las redadas previas al 19 de julio. De acuerdo con la denuncia, liberaron a la esposa de Alonso el mismo día del operativo, sin embargo, él y su hijo seguían detenidos. Su familia lo buscó desesperadamente en cárceles y hospitales del país, pero las autoridades nunca respondieron.
Hostigamiento a quienes buscan
El informe señala que se han documentado amenazas de represalias a familiares si denuncian, así como requisas humillantes dentro de centros policiales y tocamientos sexuales.
«Las amenazas, la inseguridad y el clima de terror que viven los familiares de las personas desaparecidas conllevan, en muchos casos, desplazamientos forzados hacia el exterior. Esta situación añade nuevos obstáculos a la búsqueda: ‘Las personas que viven en el exilio no cuentan con un mecanismo para buscar a las personas desaparecidas en Nicaragua’”, señala el informe.
La falta de información genera en los buscadores angustia, depresión, insomnio, sentimientos de culpa, aislamiento, entre otros.
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Modelo de desapariciones se perfeccionó
El informe es enfático en señalar que desde que comenzó la crisis sociopolítica en abril de 2018, el régimen implementa las desapariciones forzadas, pero que estas hasta antes de 2023 eran de corta duración.
En 2021 documentaron casos de hasta 90 días y desde finales de 2023 la situación se agravó. De tal manera que en 2024 las familias no lograron contacto con sus desaparecidos hasta que los excarcelaron.
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Juicios secretos
Desde finales de 2023, el régimen implementó los procesos judiciales secretos, en los que no se informa a sus familiares sobre los juicios, vulnerando el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
«La judicialización secreta funciona como un mecanismo estratégico de control y encubrimiento del Estado. Al mantener en secreto las detenciones, ocultar expedientes y restringir el acceso a abogados y comunicación con el exterior, se impide que familias, sociedad civil y organismos internacionales documenten y denuncien casos de desaparición forzada y tortura», señala el informe.
