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La muerte del líder indígena Brooklyn Rivera, como prisionero de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, angustió todavía más a los familiares de los presos políticos en condición de desaparición forzada en Nicaragua. Ellos demandaron la libertad, información sobre el paradero y estado de salud de sus detenidos, así como acceso médico independiente, a través de la Cruz Roja Internacional.
En un comunicado publicado este 3 de junio, condenaron la muerte de Rivera, presentado por el régimen en estado crítico de salud, tres días antes de su fatal desenlace. El líder indígena se encontraba bajo custodia del Estado desde septiembre de 2023. El 27 de mayo lo presentaron públicamente intubado, mientras la dictadora Murillo lo llamó públicamente «hermano» y atribuyeron su situación al covid-19, sin mencionar las condiciones carcelarias a las cuales fue sometido.
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«Ante nuestras múltiples denuncias y llamamientos al régimen de Nicaragua, la respuesta de la dictadura Ortega-Murillo ha sido el silencio absoluto. El mismo silencio que rodeó a Brooklyn Rivera hasta que llegó la noticia de su hospitalización y muerte. Todo esto nos lleva a pensar: ¿De quién serán las próximas fotos en un hospital en estado agonizante? ¿En qué momento nos llamarán para decirnos que nuestro familiar ha fallecido?», sostiene el pronunciamiento.
Recordaron también cómo la dictadura entregó los cuerpos sin vida de los presos políticos Mario Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda a sus familiares, sin ninguna explicación, mientras fueron obligados a enterrarlos de inmediato bajo vigilancia policial. «Fueron prisioneros del régimen hasta la tumba», denunciaron.
Esto también ha sido denunciado con el caso de Rivera. Al menos siete familiares fueron capturados, mientras el régimen impidió que sus seres queridos se despidieran de él, igual que los miembros de su comunidad. El oficialismo organizó un entierro en que participaron diputados. Murillo desplegó entonces su cinismo y ordenó publicar en los medios oficialistas una nota con el título de «Nos deja Brooklyn».
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«A sus familiares, amistades y compañeros en la Costa Caribe, nuestro abrazo y oraciones, que juntos elevamos al Altísimo para que tenga un armonioso tránsito al otro plano de vida», afirmó Murillo, quien dijo además que una de las personas que acompañó en su fallecimiento al líder indígena fue otra líder del Partido Yatama, Nancy Elizabeth Henríquez.
La dictadora tampoco dijo que la mantuvieron presa a Henríquez entre el 1 de octubre de 2023 y el 21 de marzo de 2026.
¡Días, meses, años… desaparecidos!
El comunicado de los familiares de los presos desaparecidos por la dictadura es firmado por Eugenia Valle, familiar del coronel en retiro Víctor Boitano, de 65 años y 781 días desaparecido; Dina Fagoth, hija del exasesor presidencial Stedman Fagoth, 72 años y 624 días desaparecido; Thelma Brenes, hija del coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez (71 años) y su esposa Salvadora Navas (68) y ambos con 290 días desaparecidos.
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El comunicado lo suscribe también Margine Blandón, familiar de Jaime Navarrete, quien aclaran no está en condición de desaparecido, pero temen por su vida. Fue encarcelado en 2019. Otra persona lo firma también, pero lo hace desde el anonimato.
Todos reconocen un patrón del comportamiento del Estado, a la vez que denuncian la hipocresía de las autoridades de la dictadura que exigieron el 26 de mayo el fin de las sanciones ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, invocando el derecho internacional. «Su muerte no es un hecho aislado: es el resultado predecible de una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado», dice el pronunciamiento en referencia nuevamente a Rivera.
Piden mayor presión de la comunidad internacional
Los firmantes demandaron a la comunidad internacional que mantenga o intensifique las sanciones hasta lograr la libertad de los 46 reos de conciencia que existen en Nicaragua, según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas.
La muerte de Rivera ha provocado distintas reacciones. Tanto Naciones Unidas (ONU) como la Organización de Estados Americanos (OEA) demandaron una investigación independiente sobre el caso. Pero Estados Unidos, en concreto, responsabilizó a los Ortega Murillo por las violaciones de derechos humanos cometidas desde la detención arbitraria del líder indígena en septiembre de 2023.
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A continuación publicamos, por ser de interés de nuestros lectores, el comunicado:
