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Luego que se conociera la denuncia presentada por Elpidia Castillo sobre la desaparición de su hija Elvia Flores y de sus dos nietas, el abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, advirtió que el caso no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en una prolongada historia de persecución, represalias y hostigamiento contra la familia, vinculada a denuncias públicas formuladas durante años contra el dictador Daniel Ortega.
Carrión explicó que para comprender la situación actual de la familia es necesario recordar el caso de Santos Flores Castillo, hijo de Elpidia, hermano de Elvia y tío de las dos niñas desaparecidas. “Cuando yo ejercía como defensor de derechos humanos en Nicaragua, conocimos el caso de Santos Flores Castillo. Santos era abogado y había sido privado de libertad”, relató.
Según el defensor de derechos humanos, ahora en el exilio y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, Santos fue encarcelado después de denunciar que el dictador Daniel Ortega había abusado sexualmente de su hermana Elvia, quien en ese momento era menor de edad. El abogado explicó que aunque se ha señalado que Elvia era adolescente cuando ocurrieron los hechos denunciados, la Convención sobre los Derechos del Niño considera niño o niña a toda persona menor de 18 años.
“En algunos países, incluido Nicaragua, se hace una distinción entre niñez y adolescencia, pero quiero partir de que la hermana de Santos era una persona menor de edad cuando ocurrió el grave hecho que él (Santos) denunció”, sostuvo.
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Carrión agregó que la denuncia involucraba a una persona adulta con poder político, circunstancia que consideró que incrementa la gravedad del caso y colocaba a la familia en una situación de especial vulnerabilidad. Recordó que “cuando Santos hizo el señalamiento, quien terminó reprimido fue él. Lo acusaron, lo procesaron y lo encarcelaron”, expresó.
Carrión: «Como dice la gente: no murió, lo mataron”
Carrión también señaló que Santos fue uno de los presos políticos con más años de encarcelamiento en Nicaragua y comparó su situación con la de Marvin Vargas, conocido como “el Cachorro”, quien en mayo pasado cumplió 15 años privado de libertad por motivos políticos.
Santos murió el 8 de noviembre de 2021 mientras permanecía bajo custodia del Estado. Al referirse a las circunstancias de su fallecimiento, Carrión expresó: “Como dice la gente cuando una persona muere bajo custodia en una cárcel, una estación policial, un centro penitenciario o un centro clandestino: ‘No murió, lo mataron’”.
El defensor de derechos humanos sostuvo que Santos “pagó las consecuencias más nefastas, incluso con su propia vida”, por haber denunciado el presunto abuso sexual contra su hermana. Agrega que la persecución no se limitó a Santos, sino que alcanzó al resto de la familia. La madre, las hermanas y los hermanos, explicó, desarrollaron durante años acciones de denuncia y defensa de derechos humanos en un contexto en el que señalar públicamente a una persona con poder implicaba graves riesgos.
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“Nosotros conocimos la historia de esta familia. Sus integrantes asumieron grandes adversidades y riesgos”, manifestó.
Según Carrión, en aquella época todavía no existía una movilización ciudadana como la que se produjo a partir de abril de 2018, por lo que denunciar violaciones de derechos humanos suponía una exposición mayor para quienes lo hacían. El riesgo para la familia, agregó, aumentó a partir del 10 de enero de 2007, cuando Daniel Ortega regresó a la Presidencia y comenzó a concentrar más poder.
El Poder Judicial fue la principal barrera
El abogado cuestionó la actuación del sistema judicial nicaragüense, al que describió como subordinado a los intereses de los sectores políticos dominantes. “La familia se enfrentó a la enorme barrera del mal llamado Poder Judicial, que nunca ha sido independiente ni ha funcionado verdaderamente como un poder del Estado”, lamentó
.
Carrión afirmó que en el momento en que se produjeron las denuncias no existían condiciones para que la Policía o el Ministerio Público investigaran de manera independiente los señalamientos realizados por Santos y su familia. “Por el contrario, los espacios de libertad de la familia comenzaron a cerrarse”, indicó.
Como consecuencia de esa situación, varios integrantes de la familia se vieron obligados a abandonar Nicaragua y salir al exilio. Carrión recordó que el 10 de diciembre de 2017, Día Internacional de los Derechos Humanos, Elpidia Castillo participó en una actividad pública para denunciar el caso y exigir justicia por su hijo Santos. “Que ella hiciera esa denuncia significaba asumir muchísimo riesgo”, agrega.
Desde el exilio, la familia continuó denunciando los hechos y desarrollando acciones de incidencia.“El espacio en Nicaragua se les hizo pequeño, se les cerró y no les quedó otra alternativa que exiliarse”, lamentó.
El defensor de derechos humanos también recordó que en 2017 la familia denunció públicamente el caso desde el exterior y que en esas acciones participó Elvia Flores, quien ahora es reportada como desaparecida junto con sus dos hijas.
Carrión indicó que hasta el momento no cuentan con información adicional sobre el paradero de Elvia Flores y sus hijas. Recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un caso contra el Estado de Nicaragua por no haber protegido los derechos de la familia, particularmente los de Elvia, quien era menor de edad cuando según las denuncias, ella fue violentada.
La denuncia de Elpidia Castillo
Este 14 de julio pasado, la exiliada nicaragüense Elpidia Castillo denunció públicamente la desaparición de su hija Elvia Junieth Flores Castillo, y de sus dos nietas, de quienes asegura no tener noticias desde el 21 de marzo de 2025. Mediante un video difundido en la cuenta de TikTok llamada Voz de una Madre Nicaragüense, responsabilizó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y exigió información sobre el paradero de su hija, sus nietas y las condiciones en que se encuentran.
Castillo relató que la última comunicación con su hija ocurrió la noche del 21 de marzo de 2025 y aseguró que ese día “se la llevaron a ella con sus dos niñas”. También refirió que acudirá a las instancias correspondientes para exigir que le entreguen a su hija y a sus nietas.
