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Las deportaciones de nicaragüenses desde territorio estadounidense hacia un tercer país suman 2,692 casos, desde mayo de 2025, según una base de datos en línea de Mobile Pathways, organización que promueve el acceso justo a la justicia de todos los inmigrantes.
Estos 2,692 nicaragüenses deportados desde Estados Unidos hacia terceros países, en su mayoría fueron ubicados en Ecuador (1633), Honduras (677) y Guatemala (361).
Otros fueron deportados a Costa Rica (9), Belice (6), México (2), España (1) y República Dominicana (1).
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Mobile Pathways también contabilizó que al menos dos nicaragüenses fueron deportados a Uganda, país ubicado en el continente africano.
Nicas urgen ser devueltos a EE. UU.
Los tres casos de nicaragüenses que fueron enviados a República Centroafricana recientemente, no se vieron reflejados en la base de datos.
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A inicios de este mes, este diario reportó el caso del nicaragüense Kenis López González, quien fue deportado desde Estados Unidos a la República Centroafricana después de haber pasado cerca de ocho meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Llevado a África con engaños
López González estuvo en al menos cinco centros de detención, hasta que lo enviaron al continente africano, y es uno de los tres nicaragüenses, incluido el nicaragüense Luis Mendoza, a quienes EE. UU. deportó el pasado 28 de agosto al continente africano.
El pinolero sostuvo, en entrevista con LA PRENSA, que urgía ser regresado a Estados Unidos, donde tiene sus dos hijos.
Además, aseguró que fue sacado de ese país de forma “obligada”, bajo “engaño” y sin firmar ningún documento.
Las condiciones en el continente africano, por lo declarado por López González, son más precarias y peligrosas que en Nicaragua. El pinolero señaló amplios cortes del servicio de agua, energía, toques de queda e inseguridad por la amplia cantidad de personas armadas en las calles.
Restringen deportaciones a terceros países
La Administración de Donald Trump promueve, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), una política de deportaciones masivas de hispanos a terceros países como parte de su campaña de combate a la inmigración ilegal.
Esta semana, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el fallo de una instancia inferior que restringe dicha política. Los jueces resaltaron que las personas que serán enviadas a un tercer país deben recibir un aviso efectivo con debida antelación sobre el lugar que serán enviadas.
El Congreso de Estado Unidos estableció como política que las personas no sean deportadas a países donde sus vidas correrían peligro o donde podrían ser sometidas a torturas.
