Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
En una nota publicada en su sitio web, Amnistía Internacional (AI) advirtió que la iniciativa de reforma constitucional impulsada por las autoridades nicaragüenses para ampliar el mandato presidencial y excluir permanentemente de los procesos electorales a personas calificadas como “traidoras” o “golpistas” representa “un nuevo paso” en el desmantelamiento del derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos del país.
El organismo recordó que el derecho de todas las personas a participar en la dirección de los asuntos públicos, incluido el derecho a votar y ser elegidas sin restricciones indebidas en elecciones auténticas, está reconocido en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Amnistía Internacional señaló que Nicaragua continúa obligada por ese tratado y que no puede eliminar ni restringir arbitrariamente esos derechos.
“Esta reforma electoral es un intento por consolidar un sistema en el que el Estado arbitrariamente decide quién puede ejercer un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, señaló Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Puede leer: Informe de Amnistía Internacional: A cinco años del 2018 la represión es más violenta
La organización detalla que la reforma fue presentada después de las declaraciones realizadas por el copresidente Daniel Ortega durante un acto conmemorativo el 19 de julio, en el que afirmó que “aquí no volverá a haber elecciones”.
Amnistía Internacional sostuvo que esas declaraciones marcaron el inicio de un proceso para incorporar las restricciones al ordenamiento jurídico del país.
Concentración del poder y cierre del espacio cívico
El organismo denunció que las medidas se suman a un proceso sostenido de concentración del poder y cierre del espacio cívico, intensificado desde la represión de las protestas de 2018.
Expuso que desde 2018 las autoridades han cancelado la personalidad jurídica de más de 5,000 organizaciones de la sociedad civil, cerrado medios de comunicación independientes y despojado arbitrariamente de su nacionalidad a personas consideradas opositoras, periodistas y defensoras de derechos humanos.
Lea también: Nicaragua está entre los países donde más se ha deteriorado el “tejido social”, alerta Amnistía Internacional
Esas acciones dejaron a muchas personas en situación de apatridia y obligaron a otras a exiliarse, indica el organismo.
Asimismo, señaló que las autoridades, lejos de revertir ese deterioro, han continuado desmantelando el Estado de derecho e ignorando sistemáticamente las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Subordinación de los poderes del Estado a los dictadores
Por otro lado, Amnistía Internacional recordó que en 2025 las autoridades promovieron una reforma constitucional que eliminó la separación de poderes y subordinó los órganos legislativo, judicial y electoral a la Presidencia.
También indicó que en julio de 2026 cientos de profesionales del Derecho fueron despojados de sus licencias para ejercer.
Puede leer también: Desaparición forzada, nueva táctica para reprimir del régimen en Nicaragua, denuncia Amnistía Internacional
“Detrás de cada organización cancelada, cada licencia revocada y cada persona despojada de su nacionalidad hay alguien a quien el Estado le arrebató la posibilidad de expresarse, organizarse y decidir sobre el futuro de su país. Esto es lo que este anuncio pretende convertir en ley”, añadió Piquer.
Amnistía Internacional instó a las autoridades nicaragüenses a abstenerse de adoptar cualquier ley o reforma dirigida a eliminar o restringir indebidamente el derecho de las personas a participar en los asuntos públicos de su país.
También pidió garantizar la celebración de elecciones periódicas y auténticas, mediante sufragio universal y en condiciones que aseguren la libre expresión de la voluntad del electorado.
Lea además: Policía, brazo represor de Daniel Ortega, respalda reformas para abolir elecciones
El organismo reclamó además el fin de todas las represalias contra quienes ejercen o promueven ese derecho, incluidas las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica que imposibilitan una participación cívica y política efectiva.
Por otro lado, pidió al Consejo de Derechos Humanos de la ONU dar seguimiento a las medidas legislativas y sus impactos, e instó a los Estados a no normalizar la supresión de ese derecho como un asunto interno de Nicaragua.
De igual modo anunció que analizará las reformas y documentará sus efectos sobre las personas nicaragüenses dentro del país y en el exilio.
