La organización Amnistía Internacional en su informe «¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaragua», publicado este 25 de agosto, denunció que en Nicaragua la desaparición forzada de las personas es una nueva táctica represiva que utiliza el régimen de Daniel Ortega para silenciar a ciudadanos críticos y opositores.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que el gobierno de Daniel Ortega implementa «una nueva estrategia para intentar acallar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia».
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Amnistía Internacional en su informe de 30 páginas, documenta 10 casos de personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, quienes hoy se encuentran sometidas a desaparición forzada, bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses. Los casos responden a los opositores: Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyén Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez.
Para el organismo los casos documentados son «una muestra de un nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas, y guardan enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación».
Ante nueva fase de represión
El organismo internacional señala que el régimen ha entrado en una nueva fase de represión que se destaca con la detención de un nuevo grupo de opositores al Gobierno, que inició el 28 de mayo de 2021 y que hasta el 2 de agosto ya eran más de una treintena los ciudadanos privados de libertad, quienes se suman a los más de 100 presos políticos.
Por tal razón, Amnistía Internacional señala que estas detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, constituyen «el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos».
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El informe destaca que en todos los casos documentados, hasta el 2 de agosto —fecha de cierre de la investigación—, pese a que las autoridades reportaron las detenciones no revelaron de forma oficial la ubicación exacta de los detenidos ni tampoco permiten a los familiares verlos y mucho menos a sus abogados.
«En la mayoría de los casos, la única información recibida sobre su posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el nuevo Chipote. Sin embargo, meros dichos de agentes policiales que están a cargo del ingreso de un centro de detención, no son prueba suficiente, oficial y creíble sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas», indica el organismo.
🚨🇳🇮En nuestro reciente informe documentamos como en #Nicaragua, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas represivas del gobierno de #DanielOrtega para acallar a quienes alzan la voz, incluidas las voces de opositores políticos 👇🏾https://t.co/YRDuP30rLE
— Erika Guevara-Rosas (@ErikaGuevaraR) August 25, 2021
Ante dicha situación, Guevara Rosas insistió en que «las familias merecen tener la certeza de si sus seres queridos se encuentran con vida y el lugar en el que están recluidos. La angustia que viven es un castigo más de la política de represión del gobierno de Daniel Ortega».
Larga lista de víctimas
Enseguida, el organismo internacional aseguró que los 10 casos documentados «no son casos aislados», que ocurren en un contexto donde existen reiteradas denuncias de otras situaciones que guardan importantes similitudes y, por tanto, Amnistía Internacional sostiene que «los casos analizados serían solo un grupo reducido de una lista más larga de víctimas».
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Guevara Rosas, recordó que «en esta semana se cumplen 90 días desde que iniciaron las detenciones más recientes. Sin embargo, las autoridades se siguen negando a entregar información oficial sobre el paradero y las condiciones de detención».
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En esa misma línea el organismo internacional reiteró que desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en abril de 2018, «no han cesado los reportes sobre actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al Gobierno, defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias».
Violación de derechos humanos «sin tregua»
Finalmente el organismo internacional en su informe subraya que la crisis de derechos humanos en Nicaragua «ha seguido sin tregua» en los últimos tres años, debido a que hasta el momento las autoridades no han demostrado voluntad de respetar los derechos humanos y de implementar las recomendaciones de organismos internacionales.
«Al contrario, las autoridades siguen dándole la espalda al escrutinio internacional y negándose al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos», apunta Amnistía Internacional, por tal razón insta una vez más a frenar la represión, persecución y detenciones arbitrarias y le brinda a la Administración de Ortega las siguientes recomendaciones:
- 1. Poner fin al hostigamiento y amedrentamiento de personas disidentes o percibidas como opositoras;
- 2. Acabar con las detenciones arbitrarias y liberar inmediatamente a las personas detenidas solamente por ejercer sus derechos;
- 3. Poner fin a la práctica de la desaparición forzada y reparar a las víctimas, incluyendo a los familiares de las personas desaparecidas; así como investigar, y en su caso sancionar a los responsables de dichas desapariciones;
- 4. Dar inmediato cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
- 5. Adherir prontamente al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, e implementar dicho tratado en la normativa interna de Nicaragua;
- 6. Acceder a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas sin formular reserva alguna e implementar sus disposiciones en la legislación nicaragüense, admitiendo a la vez la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas para recibir y considerar denuncias formuladas por las víctimas o sus representantes, y por otros Estados parte.
