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Nicaragua figura entre los seis países de América Latina donde más se ha deteriorado el tejido social en los últimos años, según un reciente informe de Amnistía Internacional que advierte sobre el avance sostenido de prácticas autoritarias en la región.
Junto a Ecuador, El Salvador, Venezuela, Paraguay y Perú, Nicaragua es señalada por la implementación de leyes que restringen el trabajo de organizaciones no gubernamentales y limitan su capacidad de acción.
El informe, presentado en Asunción, sostiene que las legislaciones aprobadas entre 2020 y 2026 en estos países “imponen controles desproporcionados” y afectan directamente la labor de organizaciones que defienden derechos fundamentales y brindan ayuda humanitaria.
Según el organismo, estas medidas no solo debilitan a la sociedad civil, sino que “deterioran el tejido social” al obstaculizar el acompañamiento a comunidades vulnerables.
El documento describe una estrategia sistemática que va más allá de simples reformas legales, también campañas de desinformación.
“En todos los países analizados, la aprobación de estas leyes fue acompañada por discursos oficiales que describieron a las organizaciones como actores “sospechosos”, “enemigos internos”, “antipatrias” o “interferencias extranjeras”, entre otros”, explica el informe que estas campañas de desprestigio fueron dirigidas por el Poder Ejecutivo.
Otro patrón identificado es que estas leyes se aprobaron sin consulta pública ni debate técnico, bajo argumentos de “transparencia” o “seguridad nacional”.
Leyes contra ONG en Nicaragua
Uno de los pilares de este andamiaje legal en Nicaragua es la Ley 1040, conocida como Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, publicada en octubre de 2020.
Esta normativa obliga a organizaciones y personas que reciben financiamiento internacional a registrarse bajo esa categoría, sometiéndolas a vigilancia estatal y a restricciones en el uso de fondos. De acuerdo con el informe, este tipo de legislación replica modelos internacionales utilizados para controlar a actores independientes, al imponer requisitos que “dificultan la operación cotidiana” y limitan la capacidad de incidencia pública.
A esta se suma la Ley 1115, o Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, aprobada en 2022, que profundiza el control sobre las organizaciones mediante requisitos administrativos más estrictos, supervisión constante y la posibilidad de cancelación de personerías jurídicas.
En la práctica, ambas leyes han creado un sistema en el que el Estado decide qué organizaciones pueden operar y bajo qué condiciones, transformando los registros en mecanismos de autorización previa.
El informe subraya que estas normativas han tenido consecuencias concretas y masivas. “Nicaragua, por ejemplo, ha adoptado un conjunto de normas que han servido de base para la cancelación de más de 5,634 organizaciones, de un total de 7,227 registradas en 2018”, señala el documento. Esta reducción drástica ha impactado directamente en sectores clave como derechos humanos, género, medioambiente y apoyo a comunidades vulnerables.
Además, el control se extiende al financiamiento y a la información interna de las organizaciones. Restricciones para recibir fondos, obligación de reportar datos sensibles y amenazas de sanciones han creado un entorno de vigilancia permanente. Según Amnistía, estas medidas exponen a activistas y beneficiarios a riesgos, al tiempo que limitan la sostenibilidad de proyectos sociales.
El informe también advierte que Nicaragua y el resto de países siguen un patrón global inspirado en la Ley sobre agentes extranjeros aprobada en Rusia en el 2012. Todos los países estudiados por Amnistía Internacional replicaron ese marco legal; Nicaragua en particular lo hizo desde el 2018.
Añaden que posteriormente lo hizo Venezuela, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador, “han adoptado leyes similares que sobreregulan sus actividades de defensa de derechos humanos, incluyendo la denuncia y el acompañamiento a grupos en situación de vulnerabilidad”.
Este modelo ha sido utilizado para controlar a organizaciones que reciben financiamiento internacional, provocando cierres, estigmatización y persecución. “Todos los países estudiados replican este marco legal”, indica el documento, situando a Nicaragua como uno de los casos más avanzados en su aplicación desde 2018.
Mientras la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio del Interior (Mint) descabezaron a más de cinco mil organizaciones sin fines de lucro, otorga nuevas personerías a organizaciones y asociaciones afines al sandinismo.
Lea además: Mint reparte 22 personerías jurídicas como botín político a secuaces y desconocidos
Entre el 20 de noviembre y el 6 de diciembre de 2025, LA PRENSA confirmó que el Mint otorgó 22 personerías jurídicas a asociaciones sin fines de lucro, en su mayoría, lideradas por sandinistas, supuestamente destinadas a los deportes y entre sus estatutos está explícita la prohibición de involucrarse en temas políticos y sindicales.
En conjunto, Amnistía Internacional concluye que estas prácticas no solo restringen el espacio cívico, sino que terminan “rompiendo el tejido social”, al desarticular redes comunitarias, silenciar voces críticas y debilitar los mecanismos de defensa de derechos.
