Amnistía Internacional publicó un informe que explora cinco años de la represión en Nicaragua contra miles de ciudadanos. El documento titulado «Un grito por la justicia: 5 años de opresión y resistencia en Nicaragua», fue publicado este martes 18 de abril.
Esta organización afirma que de 2018 a 2023 en Nicaragua, el gobierno ha utilizado diversas técnicas para acallar las protestas y así debilitar cualquier crítica contra su política represiva.
«Los ataques a los derechos humanos no son una novedad en el país, pero sí lo es la escala en la que se han presentado en los últimos años. La represión del régimen se ha dirigido a más personas y de forma más violenta, y los distintos poderes gubernamentales han participado del menoscabo a los derechos humanos. Acciones a manos de agentes del Estado—como tortura y otros malos tratos, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales—constituyen crímenes de derecho internacional», afirma el informe.
La crisis sociopolitica detonó en 2018, luego que el régimen de Daniel Ortega anunciara la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Esto provocó una serie de protestas a nivel nacional lideradas por jóvenes y estudiantes, al que al poco tiempo se le sumaron diversos sectores de la sociedad civil.
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Cese de violencia
La organización hace una serie de recomendaciones al Estado de Nicaragua; estas incluyen el cese de toda violencia basadas en opiniones y garantizar plenamente los derechos a la libertad de expresión.
Asimismo, señala que se deben eliminar las leyes que violentan los derechos humanos reconocidas en el derecho internacional «en particular derogar o reformar la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autoderminación para la paz».
Este grupo defensores de derechos humanos recuerdan al régimen que se deben investigar de forma imparcial los actos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes.
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En el documento se incluyen recomendaciones a la comunidad intencional, indicando que se deben de mantener los esfuerzos de monitoreo de la situación en el país. También continuar con los esfuerzos de acogida para los exiliados y despatriados.
