La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para América Central alertó este lunes 17 en un informe que «Nicaragua ha dado nuevos pasos en dirección opuesta al respeto de los derechos humanos».
«Desde el pasado mes de febrero, Nicaragua ha dado nuevos pasos en dirección opuesta al respeto de los derechos humanos al imponer una serie de medidas arbitrarias a 222 personas excarceladas, que luego fueron deportadas a los Estados Unidos, y a otras 94 personas a las que les retiró la nacionalidad nicaragüense», dijo Oacnudh.
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Según la entidad, «las medidas también han comprendido vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida, desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida del derecho a la propiedad y bloqueo bancario, incluso para recibir el pago de pensiones».
«Se han eliminado de una forma combinada derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Estas acciones reponen en Nicaragua figuras que eran parte del pasado como la apatridia, la muerte civil o la confiscación de bienes como castigo político, pero que ahora son el presente de la agudización de la crisis de derechos humanos en el país», subrayó la ONU.
Estos acontecimientos se produjeron «en el marco de la crisis de derechos humanos» del que se cumplen cinco años.
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El 18 de abril de 2018 comenzaron una serie de manifestaciones en las que miles de nicaragüenses saldrían a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del gobierno de Daniel Ortega tras responder con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce que fueron «más de 300» y mantiene que se trató de un intento de golpe de Estado.
