La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, quien es un preso político del régimen orteguista.
Álvarez fue detenido en agosto de 2022; y bajo un proceso judicial arbitrario fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años de cárcel, después de que se negara a abordar el avión que trasladó a 222 excarcelados políticos, a los que también se les quitó la nacionalidad.
De acuerdo a la CIDH, la resolución fue emitida el pasado 13 de abril «tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua».
Álvarez se encuentra recluido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo», en Managua y, según el organismo, el régimen orteguista no ha proporcionado información que identifique si los «factores de riesgo» que enfrenta monseñor, se hayan mitigado.
Según la CIDH, estas son: «condición de incomunicación tras su privación de libertad, así como la falta de información sobre su situación actual, condiciones de reclusión y estado de salud por parte de las autoridades estatales», se lee en un comunicado.
CIDH beneficia a cuatro indígenas
La CIDH también benefició el pasado 13 de abril con medidas cautelares a cuatro indígenas de la comunidad Mayangna, quienes fueron condenados por la masacre Kiwakumbaih ocurrida en 2021.
En el hecho, hombres armados atacaron a unos 37 indígenas miskitos y mayangnas mientras trabajaban en la minería artesanal en la mina de la zona, en el cerro Pukna, del territorio mayangna Sauni As. Unas 13 personas fallecieron en el ataque, aunque según los reportes, la cifra de víctimas mortales fue de 18.
«Estos beneficiarios estarían sin recibir atención médica adecuada y oportuna, pese a padecer problemas de salud y ser objetos de constantes amenazas por parte de los custodios y de otras personas privadas de libertad. Las alegaciones indican que incluso que fueron víctimas de agresiones físicas y sexuales», señaló la CIDH.
En desacato permanente
El organismo instó al régimen orteguista a proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de los beneficiarios, a garantizar que las medidas carcelarias sean compatibles con los estándares internacionales y que informe sobre las acciones por las que se emitieron las medidas.
Estas resoluciones, llegan después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) abordó el desacato permanente del Estado de Nicaragua y vulnerabilidad de 46 nicaragüenses a los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha beneficiado con medidas provisionales.
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En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en desacato permanente al Estado de Nicaragua, debido a la falta de cumplimiento de las medidas provisionales.
Entre los beneficiaros figuran excarcelados políticos, líderes, periodistas, índígenas y defensores de derechos humanos.
Más de 80 beneficiarios
Aunque la situación de desacato figuró en el caso de 46 nicaragüenses, la CIDH ha beneficiado con medidas a más de 80 ciudadanos, junto a sus núcleos familiares, y ahora se suma monseñor Álvarez y los cuatro ciudadanos indígenas.
De acuerdo al presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez Manrique, el organismo ha adoptado ocho medidas provisionales y su Presidencia dos medidas urgentes frente a las violaciones de derechos humanos.
Dentro de los beneficiarios de estas medidas, también están Fanor Alejandro Ramos, Eliseo de Jesús Castro Baltodano, José Manuel Urbina Lara, Carlos Antonio López Cano, Jaime Navarrete Blandón, Heder Muñoz Centeno, quienes actualmente son presos políticos
