La opositora desterrada y ex presa política, Tamara Dávila Rivas, pidió a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que usen su poder para actuar por una transición democrática en Nicaragua, tras contar su testimonio del momento de su arresto en 2021 y el encierro por más de un año en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega.
“Mi testimonio no es solo mío, es colectivo, porque muestra el odio con que actúa la dictadura contra cualquier persona que sea percibida como opositora. Fui secuestrada con violencia y encarcelada el 12 de junio de 2021. Durante 14 meses estuve en un celda sellada, sin más contactos que el de mis carceleros y algunas de las visitas familiares de las que permitieron. Luego me mantuvieron en confinamiento solitario, al igual que a Suyén Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil. La Corte Interamericana ordenó nuestra liberación en el año 2021 y esta orden fue desacatada. El desacato continúa pues expatriación, destierro y exilio no es libertad”, manifestó Dávila.
“Aunque me encontraba en algún sentido preparada para ser detenida, pues estuve sometida a vigilancia y asedio por meses, mi detención fue violenta para mí y para mi hija. Pese a que abrí la puerta y expresé que me entregaría, los policías rompieron el portón a patadas, asaltaron mi casa, desconectaron las cámaras de seguridad, oficiales mujeres me golpearon hasta sangrar y me subieron a rastras hasta la patrulla”, agregó la opositora nicaragüense.
Con la voz quebrantada, Dávila contó que tras su arresto, pasó más de 80 días sin saber nada sobre su hija, pensando también que a ella la habían secuestrado o enviado a un orfanato.
“Durante 14 meses no pude verla ni siquiera en fotos. Tuve que hacer una huelga de hambre, para que me lo permitieran en julio de 2022. Imagínense ustedes a una niña de 5 años que presencia el asalto violento de su casa, personas armadas que registran todo, que se llevan sus cuentos, sus diarios de nacimiento, su música y además se llevan a su mamá frente a sus ojos. Ella le preguntaba constantemente a su abuela: ‘¿Abu, mi mamá está muerta, por eso no puedo verla?'”, expresó Dávila.
La opositora también denunció que Eddy Montes fue asesinado en la cárcel y el general en retiro Hugo Torres falleció siendo preso político, “en manos del régimen”.
Dávila es una de las 222 personas que estaban presas en Nicaragua por oponerse al régimen de Ortega y que el pasado 9 de febrero fueron enviadas sin nacionalidad a Estados Unidos y fue quien instó a los países a que usen su poder: “Actúen por una transición democrática en mi país, por la vida, la paz, la justicia, por el fin de los crímenes y la impunidad. Señoras y señores embajadores, Nicaragua sigue necesitando de sus voces y de sus acciones de sus países para lograrlo”.
Chile solicitó presentar el testimonio de Dávila
El testimonio de la opositora fue el discurso central en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que tuvo como tema analizar la situación en Nicaragua y abordar el desacato permanente del Estado de Nicaragua —bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo— y la absoluta vulnerabilidad de 46 nicaragüenses a los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le otorgó medidas provisionales.
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La delegación de Chile ante el Consejo Permanente, encabezada por el embajador Sebastián Eugenio Kraljevich Chadwick, fue quien solicitó la participación de Dávila para esta sesión.
En su introducción, el embajador chileno dijo que solo en los tiempos de la dictadura de Alberto Fujimori, en Perú, se había tenido que recurrir a entregar un reporte de carácter de desacato de un Estado.
Tras escuchar el testimonio de Dávila, los representantes de Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Canadá y Ecuador intervinieron para lamentar la situación que vivió Dávila y coincidir con ella en que hay que ejercer más presiones para regresar a Nicaragua a la vía democrática.
Desacato permanente del Estado de Nicaragua
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ricardo Pérez Manrique, explicó que este organismo ha adoptado ocho medidas provisionales y su Presidencia dos medidas urgentes frente a las violaciones de DD.HH. que han sufrido opositores presos en Nicaragua, pero “el Estado de Nicaragua no ha acatado ninguna y ha invocado al derecho interno para incumplir”.
El reporte de la CIDH confirmó “la situación de desacato permanente del Estado de Nicaragua y la desprotección absoluta de los beneficiarios”.