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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, antes de aprobar en primera legislatura el 1 de septiembre la Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua, citó de manera obligatoria a varios sectores a través de las alcaldías para exigir “respaldo” a estos cambios que buscan cercenar el derecho a elegir, denunciaron transportistas consultados por LA PRENSA.
En las “invitaciones” enviadas por las alcaldías sandinistas a sectores como el transporte selectivo se especificó que la asistencia a dichas reuniones era «indelegable» y de «obligatoria asistencia».
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Además, se amenazó a los transportistas con aplicarles sanciones en caso de no asistir a esas reuniones. El motivo de la cita, en esos documentos, no se especificó. Sin embargo, al llegar a los auditorios donde se les citó para las videollamadas se enteraron que el orteguismo buscaba exigirles apoyo para las reformas constitucionales.
Porras fue el encargado de presionar al sector transporte por videollamadas
Los transportistas citados por las comunas, explicaron las fuentes, fueron llevados a auditorios de universidades locales y ahí, en pantalla grande, recibieron la charla ofrecida en vivo por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, quien aseguró a los asistentes que las reformas constitucionales buscaban la paz para Nicaragua.
Las reuniones ocurrieron a mediados de agosto pasado y los asistentes aseguran que, antes de terminar la reunión, que duró desde las 8:00 de la mañana hasta por lo menos las 12:00 del mediodía, les obligaron a respaldar la reforma, apuntándose en una lista.
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En la lista se les solicitó a los asistentes de ese encuentro colocar sus datos personales como nombre completo, número de cédula, lugar de residencia, firma y número de celular.
“Tomaron lista como para decir después que cuentan con los votos para hacer la reforma o referéndum de la Constitución. Solo en esa reunión había más de 300 personas en ese auditorio”, afirmó uno de los asistentes de esas reuniones en el norte del país.
Las fuentes conocieron que, además de reunirse con transportistas en agosto pasado, la dictadura también citó a otros sectores vinculados a la Salud, propietarios de farmacias, y del sector Turismo; en el caso de este último, a propietarios de restaurantes.
