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Cuando los diputados oficialistas establecieron recientemente que el período presidencial sería de siete años, renunciando a la posibilidad de renovarlo otros siete —como habían manifestado en julio—, la misión que estaban cumpliendo sin importar ese detalle era asegurar la perpetuidad en el poder de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según un análisis del texto de la reforma constitucional, publicado el 2 de septiembre en el diario oficial La Gaceta, la prolongación de la dictadura descansa en la eliminación de la competencia electoral, porque se impide la participación de quienes «consideran traidores de la patria». También hay otro aspecto que no es menor: el ajuste de los períodos presidenciales que han hecho en dos ocasiones.
El período presidencial actual de Ortega y Murillo inicialmente fue de cinco años. Después de las cuestionadas elecciones de noviembre de 2021 los dictadores tomaron posesión el 10 de enero de 2022 y debían entregar el poder a inicios de 2027.
Pero entró en vigencia en 2025 otra reforma electoral que extendió el período presidencial a seis años y elevó jerárquicamente a Murillo al nivel de su esposo al nombrarla copresidenta. Ahí se recetaron el primer año. El segundo se lo obsequiaron con este cambio constitucional reciente, alargando su estadía mínimo hasta enero de 2029.
Por eso, el abogado nicaragüense y exdiputado Eliseo Núñez dice que “eso (renunciar a renovar el período en el futuro) no implica un cambio de fondo en el proyecto político del régimen, sino un ajuste táctico en la forma de presentarlo”. El exdiputado opositor y analista sigue viendo “el mismo cálculo estratégico” y a una dictadura que prepara “incentivos” extendiendo su permanencia en el poder en caso de verse “obligado a negociar”.
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Ortega y Murillo, de 80 y 75 años, respectivamente, enfrentan una fuerte presión internacional, principalmente de Estados Unidos. Bajo el liderazgo del secretario de Estado, Marco Rubio, los estadounidenses han demandado una respuesta colectiva a la Organización de Estados Americanos (OEA), después que Ortega anunció su decisión de eliminar las elecciones.
Régimen intenta “suavizar” la reforma
“La palabra ‘renovables’ hacía demasiado evidente la intención de convertir la permanencia en el poder en un mecanismo prácticamente automático y terminó generando un costo político internacional innecesario. Al eliminarla, el régimen intenta suavizar la percepción exterior sin alterar el objetivo central de la reforma”, expone Núñez.
Ese no fue el único ajuste. Si bien ya se sabía que los cargos que se extenderían a siete años serían los de copresidentes, diputados de la Asamblea Nacional y Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como autoridades municipales y regionales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Consejo Supremo Electoral (CSE), las jefaturas del Ejército y la Policía, y otros de elección popular y designaciones legislativas; el documento adiciona los cargos del “superintendente y la o el vicesuperintendente General de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, las y los miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República”.
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Durante el proceso de “consultas” de la reforma, todos los participantes, entre ellos funcionarios públicos beneficiados con la reforma y varios de los hijos de la pareja dictatorial, dieron su respaldo.
Buscan “estabilidad y certidumbre”
“Lo que se está haciendo es sincronizar los tiempos de permanencia de toda la estructura de poder. La reforma no está diseñada solamente para proteger a Ortega y Murillo; está diseñada para darle estabilidad y certidumbre a toda la coalición que sostiene al régimen”, explica Núñez, quien ve a una dictadura “preocupada” políticamente que busca “mantener cohesionados a los actores que garantizan su continuidad”. El abogado dice que la reforma “proyecta fortaleza, pero también delata preocupación”.
Tal como lo hizo en la reforma de 2025, en la que la dictadura extendió el periodo presidencial de cinco a seis años, nuevamente ajusta la estancia de los funcionarios en los cargos antes mencionados, pero también los de procurador o procuradora general de Justicia, presidenta o presidente del Banco Central de Nicaragua, miembros del Consejo Monetario y Financiero, presidente y miembros del Consejo Directivo del Banco de Fomento a la Producción.
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También a los miembros del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Microfinanzas, miembros del Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo, miembros del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, Consejo Directivo del Instituto Nicaragüense de Energía, director o directora ejecutiva de la Autoridad Nacional del Agua y miembros de la Comisión de Apelación del Servicio Civil.
“En toda la legislación nacional vigente relativa a la función pública, donde se estipule o regule un período de funciones, se entenderá reformado de pleno derecho y se leerá que dicho período es de siete (7) años”, subraya el artículo séptimo de la reforma.
Mairena señala que las reformas son “ilegítimas”
Tanto la reforma de 2025 como la recién aprobada, a la que le falta la ratificación en una segunda legislatura, son “absolutamente ilegítimas”, según el también abogado Héctor Mairena, miembro de la Unión Democrática Renovadora (Unamos). Para él, porque “resulta de un órgano ilegítimo que obedece” al régimen y que “ni siquiera es poder del Estado”.
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“Esa nueva reforma constitucional no es más que la voluntad de la pareja de codictadores. La prórroga a 7 años, después que la habían prorrogado a seis, es una ilegitimidad sobre otra ilegitimidad”, sostiene Mairena.
Respecto a la extensión de otro año a los titulares de cargos públicos electos, Mairena dice que la prórroga no le da legalidad y que es “una arbitrariedad total” porque en la “farsa electoral del 2021 estas personas fueron electas para cinco años, no para siete”.
Elecciones sin oposición
Para los analistas, el régimen no tendrá nuevamente competencia en las elecciones como ocurrió en 2021 cuando encarcelaron a los precandidatos presidenciales.
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De acuerdo con la disposición que modifica el artículo 47 de la Constitución actual, “no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos por designación” los considerados “traidores a la Patria”. Esto impide a los nicaragüenses en el exterior que fueron desnacionalizados, o a quienes estando dentro del país hayan tenido participación en un supuesto “intento de golpe de Estado”. Es decir, la idea es dejar por fuera la participación de la oposición.
Le otorgan igual potestad al CSE para “no otorgar personalidad jurídica a partidos políticos cuando sean constituidos con financiamiento extranjero o alguno de sus directivos haya violentado los principios fundamentales de esta Constitución Política”.
El otro cambio es el de la fecha de la toma de posesión presidencial que pasará del 10 al 18 de enero. Es decir, ya no será el día del asesinato del periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, Director Mártir de LA PRENSA, sino el día del nacimiento del poeta Rubén Darío.
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El régimen trató de blindarse. Ordenó a la Asamblea Nacional ajustar el artículo 12 de la Carta Magna. “La Constitución Política de la República de Nicaragua prohíbe, por tanto no permite, extraterritorialidad de leyes extranjeras, solamente la aplicación de convenios firmados en nombre del Estado nicaragüense”, exponen, y luego rematan con que estas no surtirán efectos jurídicos en el territorio nacional. Esto parece una respuesta a lo que puedan decidir los cancilleres al analizar el tema de Nicaragua.
¿El régimen podría ajustar la reforma?
La reforma será aprobada definitivamente en la segunda legislatura de 2027. Dicha aprobación se hará el 18 de enero, tal como lo anunció el dictador Ortega la noche del miércoles durante el acto 47 aniversario del Ejército. Sin embargo, existe la posibilidad de que sufra nuevos ajustes, según Héctor Mairena.
“La dictadura va a ajustar la reforma (hasta enero de 2027) para que quede como le convenga según los cálculos políticos que hagan”, señala el abogado en referencia a las posibles acciones que tomen los cancilleres del continente en la OEA o cada país de manera individual, principalmente Estados Unidos.
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No obstante, Mairena dice que “es un mal cálculo” del régimen Ortega Murillo, porque en el caso específico de Estados Unidos “no va a ser fácil cambiar” la política bipartidista que exige desde 2017 que “Nicaragua tiene que transitar a la democracia”. “Están calculando, midiendo la presión, pretendiendo esquivarla”, añade.
El régimen lleva 19 años en el poder. Ha sido señalado desde 2018 por graves violaciones de derechos humanos. De cumplirse los planes de los dictadores, asumirían un nuevo período de siete años en enero de 2029, luego de unas votaciones sin la oposición. Para entonces él tendrá 83 años y ella 78.
