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El Gobierno de la presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, hizo un llamado a la comunidad internacional para activar mecanismos contra las reformas constitucionales aprobadas en primera votación en Nicaragua y «evitar que se consolide una dictadura» encabezada por los dirigentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú manifestó su preocupación y rechazó las reformas que plantean dejar fuera de las elecciones a los declarados «traidores de la patria» y ampliar el mandato de las autoridades a siete años, incluido el periodo presidencial.
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«Traidores a la patria» es el término que el Gobierno nicaragüense utilizó para referirse a al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La Cancillería peruana advirtió que estas reformas buscan «liquidar la institucionalidad democrática en ese país, con la eliminación de la posibilidad de elecciones libres, la anulación del Estado de derecho y la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo».
Con este comunicado, el país suramericano se convierte en el segundo país en pronunciarse después de Estados Unidos, que anunció el miércoles que tomará medidas en la próxima sesión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, en la cual se abordará la crisis nicaragüense.
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El 19 de agosto, la reunión de los ministros de exteriores la aprobaron 29 países del organismo regional, entre ellos Perú. Este jueves 3 de septiembre inicia en la tarde otra sesión del Consejo Permanente, en la cual se iniciarán los preparativos para la cita de los cancilleres. Todavía no se conoce oficialmente la fecha precisa cuando se realizará.
Condenan violación flagrante de Carta Democrática Interamericana
El Ejecutivo peruano denunció ante la aprobación de las reformas: «Este nuevo nivel de transgresión a los principios más elementales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua, el cual viola flagrantemente la Carta Democrática Interamericana y todos sus compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos».
«Esta condenable iniciativa del régimen Ortega-Murillo reafirma que actualmente en Nicaragua no existen condiciones mínimas para elecciones libres, justas y competitivas, y que su aparato represor criminaliza en forma sistemática y arbitraria a la legítima oposición democrática que lucha por la recuperación de la democracia en ese hermano país», añadió.
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El Gobierno peruano reafirmó también «su inequívoco compromiso con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, el pueblo nicaragüense, sus presos políticos, sus exiliados y de todos aquellos que hoy son perseguidos por soñar con elecciones libres».
Ortega tiene 30 años en el poder
Esta nueva reforma constitucional está impulsada por Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que dirige el país desde 2007 y que, desde 2025, lo hace junto a su esposa, Rosario Murillo, gracias a otra reforma constitucional.
Ortega es el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en Nicaragua, con 30 años. Coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, presidió por primera vez el país de 1985 a 1990 y retomó el poder desde 2007 sin abandonarlo hasta el momento.
El Parlamento de Nicaragua, bajo su control, aprobó estas últimas reformas, luego de que el dictador afirmó, el 19 de julio, que en su país «no volverá a haber elecciones».
Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial, por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.
