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La solicitud de Estados Unidos a la Organización de Estados Americanos (OEA) de convocar a una reunión de consulta a los ministros de Asuntos Exteriores del hemisferio podría ser el preámbulo de rupturas diplomáticas de algunos países miembros con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según expertos en derecho internacional consultados por LA PRENSA.
La administración Trump envió el miércoles la solicitud para la reunión al Consejo Permanente de la organización. Pidieron analizar la situación de Nicaragua, impactados por la declaración de Ortega de eliminar las elecciones. Pero también por las reformas constitucionales, con las cuales piensa llevarla a cabo, las que además establecerán los períodos presidenciales en siete años renovables.
Para el exasesor de la Secretaría General de la OEA, Guillermo Belt, la reunión de consulta de la OEA podría llegar a demandar la renuncia de los dictadores como ocurrió en junio de 1979 con Anastasio Somoza Debayle, pero esa es una posibilidad que considera poco probable.
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«En cambio, sería factible que los cancilleres pidan a los Estados miembros el retiro de embajadores y —ojalá— restricciones al comercio con la dictadura«, afirmó Belt, quien considera importante que sea Estados Unidos quien proponga la reunión. El experto sostiene que la iniciativa de Estados Unidos sobre Nicaragua es coherente con el renacimiento de la Doctrina Monroe. Sin embargo, añade que los resultados dependen de las gestiones diplomáticas, discretas por naturaleza, que la administración Trump lleve con sus aliados en la región para lograr medidas contundentes.
Un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Nicaragua, que pidió el anonimato, valoró la reunión de ministros como el “mecanismo de mayor peso político y foro competente” de la OEA para “dar atención inmediata de una crisis política urgente”.
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El exfuncionario nicaragüense dice que, tomando en cuenta las normas que regulan la OEA y experiencias anteriores en casos equivalentes, de la reunión de ministros de exteriores se puede esperar una condena colectiva a la decisión del régimen de abolir las elecciones, dejar de participar en eventos convocados por la dictadura o dejar de invitarlos a reuniones o eventos regionales y exigir la restitución de la institucionalidad democrática y la celebración de elecciones verdaderas.
Otra de las posibles acciones sería autorizar al secretario general o a un grupo de países “las gestiones necesarias para restaurar la democracia impulsando un proceso de transición ordenado”. “No se pueden considerar factibles la imposición de sanciones económicas ni comerciales de forma colectiva, porque la Carta de la OEA y la Carta Democrática no prevé este tipo de medidas”, descartó el nicaragüense.
La ilegitimidad del régimen
Otra de las acciones más fuertes que podría adoptar la OEA, según el exdiplomático de Nicaragua sería “recomendar medidas para el aislamiento diplomático, tales como la ruptura de relaciones diplomáticas o al menos reducir el nivel de las representaciones acreditadas en Managua”, así como el “desconocimiento del régimen por su ilegitimidad”, lo que considera difícil de lograr.
El 13 de noviembre de 2021, la OEA declaró ilegítimas las votaciones en las cuales Ortega y Murillo se reeligieron después de un proceso que se caracterizó por el encarcelamiento de todos los posibles oponentes de los dictadores. Según el pronunciamiento del organismo, las elecciones del 7 de ese mes en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes «y no tienen legitimidad democrática». Pero no pasó a más en aquella ocasión.
Otras voces han señalado que sería oportuno que la OEA convoque a una reunión extraordinaria de la Asamblea General para declarar vacante la jefatura de Estado de Nicaragua, porque el período de gobierno de facto de Ortega termina el 10 de enero de 2027, según la Constitución vigente en noviembre de 2021, cuando se dieron las votaciones ilegítimas del régimen.
Según un editorial del Diario LA PRENSA, además de declarar vacante la jefatura de Estado de Nicaragua, se debe llamar a la formación de un gobierno interino «cuya tarea fundamental sería realizar elecciones libres, justas y supervisadas por la comunidad internacional». Eso sería posible con 18 votos, que se alcanzarían luego del ascenso de los gobiernos de Perú y Colombia.
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Opositores valoran la presión de Estados Unidos
El coordinador del partido Ciudadanos por la Libertad en el Exilio (CxL), Juan Sebastián Chamorro, valoró como positivo que sea Estados Unidos quien solicite llevar el tema de Nicaragua a la OEA, y no el grupo de amigos voluntarios liderados por Canadá, Chile, Costa Rica y Argentina.
“Me parece significativo que sea Estados Unidos quien está liderando la convocatoria a la OEA… ¡me parece visiblemente un cambio de postura!”, expone Chamorro, quien cree que el gobierno norteamericano “va a tomar medidas” contra Ortega y Murillo.
Chamorro coincidió en que, después de esta reunión de ministros de exteriores, se pueden generar “ruptura de relaciones” entre los miembros de la OEA y Nicaragua. Sin embargo, afirmó que estas naciones van a tomar esta acción con “cierta cautela”, debido a su política interna y sus propios intereses.
“La reunión de cancilleres se realizará entre el miércoles y el jueves de la próxima semana. Va a ser interesante las posiciones que tomarán en esa reunión, lleguen o no lleguen los cancilleres, de los países que hasta la fecha han estado un poco silentes, en particular El Salvador y Honduras”, anunció Chamorro.
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¿Qué dice el documento enviado por EE. UU. a la OEA?
En la solicitud, el gobierno norteamericano solicita a la OEA condenar “de manera inequívoca la declaración” de Ortega y cualquier intento de Rosario Murillo de “suprimir las elecciones, eliminar el pluralismo político, acabar con la transición pacífica del poder o impedir de forma permanente la participación pacífica en la vida política de aquellas personas que consideren que amenazan su control del poder”.
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En su propuesta, EE. UU. incluye declarar que las medidas adoptadas por el régimen “pretenden socavar la seguridad en toda la región, y la facilitación de la inmigración masiva ilegal” y piden al presidente del Consejo Permanente y a la Secretaría General de la OEA elabore y someta a la consideración de los Estados miembros el proyecto de orden del día y el reglamento de la Reunión de Consulta.
En el documento, Estados Unidos destaca que la “consolidación autoritaria y de dictadores que generan inestabilidad y la exportan más allá de sus fronteras, propician e impulsan la migración masiva al extranjero, atraen influencias malignas extrahemisféricas y, en última instancia, ponen en peligro la paz de las Américas”.
El representante estadounidense agrega que la abolición de las elecciones en Nicaragua, la eliminación del pluralismo político y la exclusión de la oposición son “incompatibles con la democracia” y “contravienen los principios” establecidos en la Carta Democrática Interamericana, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “de la que Nicaragua sigue siendo parte”.
