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A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho por explicar y justificar el anuncio de Daniel Ortega el 19 de julio recién pasado, de que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, la dictadura no ha podido detener las condenas de la comunidad democrática internacional.
Muchos gobiernos, así como la OEA, la ONU y la Unión Europea, y asociaciones internacionales de personalidades con gran autoridad política y moral, como la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) integrada por los expresidentes democráticos españoles y latinoamericanos, han expresado de manera contundente su rechazo a las pretensiones de la dictadura de Ortega y Murillo de perpetuarse en el poder sin rendición de cuentas, y exigen la celebración de elecciones verdaderas, libres y competitivas en Nicaragua.
De entre los diversos pronunciamientos internacionales, cabe destacar que el de los expresidentes democráticos asociados en IDEA critica la inacción de la comunidad democrática interamericana ante los desmanes de la dictadura de Nicaragua. “Ninguna reacción de emergencia por la Organización de Estados Americanos o por sus Estados parte, ha tenido lugar después de lo declarado recién por la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua, en cuanto a que han quedado definitivamente proscritas las elecciones, lo que abroga, en la práctica, las previsiones cautelares y sancionatorias de la Carta Democrática Interamericana”, se dice en la declaración de los exjefes de Estado publicada el lunes 27 de julio.
Pero, ¿qué es lo que realmente podría o tendría que hacer la OEA, aparte de emitir las declaraciones de sus Estados miembros y de ella misma como organismo multilateral para frenar el desenfreno totalitario de la dictadura de Nicaragua y ayudar efectivamente al pueblo nicaragüense a recuperar la libertad y la democracia?
Personas expertas en el derecho democrático interamericano, y por tanto conocedoras a fondo de la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, nos aseguran que en realidad la OEA tiene las herramientas necesarias para actuar en este caso. Es decir, para pasar de las palabras a los hechos que al fin y al cabo es lo más importante y lo que se necesita ante todo.
Estas personas recuerdan que en noviembre de 2021 la OEA declaró oficialmente que las elecciones en las que Daniel Ortega se volvió a reelegir fraudulentamente después de encarcelar a todos los candidatos opositores fueron ilegítimas y en consecuencia no tuvieron validez jurídica conforme a los estándares del derecho democrático interamericano.
La OEA no pasó a más en aquella ocasión y Ortega siguió gobernando de facto. Pero ahora el mismo dictador nicaragüense, con su escandalosa y desafiante declaración de proscripción de las elecciones democráticas con participación opositora, le da la oportunidad a la OEA de completar la tarea que comenzó en noviembre de 2021, y no la continuó.
Se trata de que el período de gobierno de facto de Daniel Ortega, conforme a la Constitución vigente en noviembre de 2021 termina el 10 de enero de 2027. De manera que el Consejo Permanente de la OEA debería de convocar a una reunión extraordinaria de consulta de la Asamblea General, en la que declare vacante la jefatura de Estado de Nicaragua y llame a la formación de un gobierno interino, cuya tarea fundamental sería realizar elecciones libres, justas y supervisadas por la comunidad internacional.
Con la instalación de los nuevos gobiernos democráticos de derecha en Perú y Colombia, estarían más que asegurados los 18 votos que se necesitan en la Asamblea General de la OEA para tomar una decisión como la mencionada. Que sería parecida a la Resolución que la misma OEA aprobó el 23 de junio de 1979, en la XVII Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, que repudió a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle y exigió su reemplazo inmediato.
Opinan los expertos que Estados Unidos y los demás países que forman parte del Escudo de las Américas tienen la fuerza real necesaria para hacer cumplir una resolución de la OEA como la mencionada, en el entendido de que la dictadura de Nicaragua es también una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. y del hemisferio occidental.
Esa es la idea, cuya realización parece viable política y jurídicamente. Solo faltaría la decisión en la OEA de llevarla a la práctica, con la misma motivación con la que se redactan las resoluciones de condena a la tiranía de Ortega Murillo.
