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La minería, la tala indiscriminada de árboles, la extracción de arena y otros materiales y el avance de proyectos turísticos sin regulación, junto al desconocimiento de la propiedad colectiva de sus tierras, están dejando una huella profunda en los territorios indígenas del Pacífico Centro Norte de Nicaragua.
Así lo determina un estudio realizado por la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local y Fundación Sin Límites, que además revela cómo el extractivismo no solo degrada el medioambiente, sino que también acelera el despojo territorial, la fractura comunitaria y la pérdida cultural de pueblos originarios que han sido históricamente marginados.
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El estudio titulado “Repercusiones sociales y económicas de las actividades extractivas en los Pueblos Indígenas del Pacífico Centro Norte (PI-PCNN) de Nicaragua” recoge el testimonio, a través de 83 entrevistas realizadas durante el primer trimestre de 2026, de líderes comunitarios y habitantes de 32 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos chorotega, sutiaba y nahoa. Por «razones de seguridad» no pudieron incluir al pueblo matagalpa.
A partir de esas entrevistas, los investigadores concluyeron que existe una “crisis de soberanía territorial”, agravada por la represión estatal posterior a la crisis sociopolítica de 2018, el debilitamiento de las estructuras comunitarias y el desconocimiento de derechos ancestrales.
Títulos ancestrales sin protección real
Aunque los pueblos indígenas poseen títulos históricos que respaldan la propiedad colectiva de sus tierras, el estudio sostiene que en la práctica enfrentan invasiones, privatización y decisiones estatales que debilitan el control comunitario.
“Nosotros estamos sorprendidos ahorita con la ley que se aprobó de los 15 kilómetros (Ley 1258, Ley de Territorio Fronterizo)… porque ahora dicen que las tierras son del Gobierno”, expresó un líder indígena de Mozonte citado en el estudio.
La investigación denuncia la entrega de títulos individuales, expropiaciones y venta de tierras a terceros, incluso extranjeros. Esto ha generado conflictos permanentes con alcaldías, instituciones estatales y actores privados.
“La tierra, que constituye el eje de identidad y sustento comunitario, se encuentra sometida a procesos de privatización y usurpación”, advierte el estudio.
“Hay una estrategia de desmantelamiento”
Durante la presentación del estudio en San José, Costa Rica, el politólogo y sociólogo nicaragüense Silvio Prado aseguró que detrás de la crisis territorial existe una política deliberada para neutralizar a las comunidades indígenas.
“Hay una estrategia de desmantelamiento de todos los tejidos sociales frente a un modelo depredador de los recursos naturales. No es casual que se hayan centrado en golpear a los organismos comunitarios, ni es casual que hayan descartado la Ley General de Pueblos Indígenas”, señaló Prado.
El sociólogo sostuvo que el modelo económico que se impulsa en Nicaragua ha eliminado todos los mecanismos de regulación estatal para favorecer las grandes inversiones en actividades extractivas.
“Hay un modelo ultraneoliberal que ha renunciado a toda forma de regulación por parte del Estado. ¿Para qué? Para entregársela al mercado y a las grandes empresas. El caso de las empresas chinas es lo más claro. No hay regulación, no hay una autoridad que regule el desempeño de las empresas mineras chinas dentro de los territorios. Esto, por supuesto, con la complicidad de las autoridades nacionales y locales”, afirmó Prado.
Comunidades bajo presión
El estudio documenta la contaminación de fuentes de agua, pérdida de recursos naturales y problemas de salud vinculados a actividades extractivas y pobreza estructural.
También advierte sobre el debilitamiento de la identidad indígena, especialmente entre jóvenes, debido a procesos de transculturación e invisibilización cultural.
Pese a ello, los investigadores destacan que las comunidades mantienen formas de resistencia activa y preservación cultural. “A pesar de la vulnerabilidad estructural y la cooptación de sus estructuras organizativas, las comunidades sostienen una resistencia activa centrada en la defensa de su autonomía y territorio”, señala el informe.
En medio de esa resistencia, las autoridades indígenas continúan enfrentando la falta de reconocimiento jurídico y político. Según el estudio, las decisiones sobre los territorios indígenas se toman a nivel central, sin la participación comunitaria. Incluso, existen mecanismos de manipulación en la elección de autoridades tradicionales.
“Quedarán solo a título folclórico”
Prado advirtió que el debilitamiento organizativo podría tener consecuencias irreversibles para los pueblos indígenas del país. “Hay una clara amenaza a los soportes comunitarios, porque sin esas dos cosas habrá pueblos indígenas, pero solo a título folclórico”, afirmó.
El investigador considera que el extractivismo en Nicaragua ya no responde únicamente al control político territorial, sino también a intereses económicos ligados al poder.
“Hay un salto en la visión estratégica de la dictadura (Ortega Murillo) con este tema del extractivismo. Se advierte un paso de la dominación para controlar el poder político, es decir, del territorio, a la dominación para el enriquecimiento de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo”, sostuvo Prado.
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El estudio también concluye que el desconocimiento estatal hacia los pueblos indígenas constituye una estrategia para debilitar su capacidad de resistencia frente a decisiones tomadas desde los centros del poder político nacional y local.
Las comunidades analizadas pertenecen a Jinotega, Totogalpa, Telpaneca, Mozonte, Cusmapa, Altagracia, Sutiaba y Tola. Según los investigadores, debido al contexto de represión existente en las comunidades indígenas, tuvieron que realizar el estudio bajo estrictas medidas de seguridad.
