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Daniel Ortega y Rosario Murillo llevan años violando de forma sistemática y generalizada los derechos de la población, y diversas organizaciones nacionales e internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas (ONU), documentan y denuncian constantemente estos abusos. Pero los graves atropellos que cometen contra las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua han recibido menos atención.
Los Ortega Murillo desmantelaron la institucionalidad democrática y el Estado de derecho y la Costa Caribe de Nicaragua no quedó fuera de esta destrucción. La Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, fue totalmente anulada en su contenido. La participación ciudadana y las formas de gobierno comunitario fueron sustituidas por funcionarios nombrados por la pareja dictatorial.
La autonomía regional, basada en el uso y costumbres de los pueblos indígenas y afrodescendientes ya no existe. Por tanto, están violentando el derecho de estas comunidades a autogobernarse.
Además, las concesiones mineras que le han entregado a empresas chinas, y que ya abarcan el 5 por ciento del territorio nacional, junto a la invasión de reservas biológicas por parte de colonos y otras violaciones, ocurren con la cooperación de las instituciones estatales que están supuestas a preservar la autonomía de la región.
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Dieron la espalda a los pueblos indígenas
Estos abusos pusieron fin a décadas de esfuerzos realizados en pro de la autonomía que requirieron que el Estado invirtiera cantidades ingentes de recursos en diversas actividades; entre ellas la regularización de los derechos ancestrales de propiedad de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Todos esos avances desaparecieron por la entrega de concesiones para la explotación de recursos naturales y por la creciente invasión de colonos, que al establecerse en la zona desconocen el derecho a la propiedad comunitaria, que era acorde a la forma de vida de los pobladores de estas comunidades; privándolos de su derecho al uso de la tierra y de los recursos naturales, que son vitales para su sustento y desarrollo.
La dictadura Ortega Murillo eliminó los derechos que la Constitución y las leyes locales otorgaban a los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Además, incumple compromisos internacionales adquiridos, porque en 2010 ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en 2008 reconoció la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Documentos que le otorgan a estas comunidades el derecho a decidir sobre sus formas de vida y manejo de sus recursos; y obligan a los Estados a coordinar con ellas, acciones conjuntas que garanticen el respeto a sus derechos y a su integridad.
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Sin embargo, los Ortega Murillo ignoran estas obligaciones y mediante la imposición de su modelo dictatorial priorizan la satisfacción de sus intereses, que son ajenos a los de estas comunidades.
Restituir derechos a las comunidades indígenas
Mediante la centralización del poder, la rendición de culto a la personalidad que promueven, y la lealtad y sumisión absoluta que exigen de sus colaboradores, impiden que los habitantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes participen en la autogestión de sus comunidades. Estas y otras prácticas también evitan que conserven su cultura y costumbres ancestrales, que son parte inalienable de ellos.
El modelo represivo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes se personificó en algunos de sus líderes, que elevaban sus voces contra estas injusticias, entre ellos los diputados Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez, el primero en condición de desaparición forzada desde hace más de dos años, y la segunda encarcelada desde octubre de 2023.
También se ensañaron contra más de una decena de guardabosques y líderes comunitarios, que desde hace varios años están encarcelados por el simple hecho de defender sus comunidades de la depredación de los colonos que las invaden y de los especuladores de tierras.
Para la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) es imperativo que tras el restablecimiento de la democracia en Nicaragua se restituyan los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes; y que las demandas de estas comunidades sean atendidas por gobiernos regionales autónomos que trabajen en coordinación con el Gobierno central.
También, que se restituyan los títulos de propiedad comunitaria que se emitieron en décadas pasadas y se rescindan todas las concesiones para explotar recursos naturales, que no hayan contado con una verdadera consulta y aprobación popular.
La CDN mantiene su compromiso con la defensa de los derechos y la libertad de los líderes arbitrariamente detenidos; y está segura que con la restitución de sus derechos se hará realidad el anhelo de una Nicaragua justa, democrática y multicultural.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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