Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado de Nicaragua por la detención “ilegal y arbitraria” a Alejandro Fiallos Navarro, en 2004, servirá como “hoja de ruta” para procesos de justicia transicional, según una reconocida jurista, que pide no serc citada por temor a represalias.
Fiallos Navarro, quien ocupó varios cargos públicos durante el gobierno de Enrique Bolaños Geyer, enfrentó un proceso judicial en 2004 por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y amenazas condicionadas. Ese mismo año corría como candidato a la alcaldía de Managua. La Corte IDH señala que en ese proceso se presentaron “irregularidades que afectaron el derecho a la defensa del imputado”.
Ante la falta de justicia en Nicaragua en un sistema judicial controlado por los caudillos sandinista y liberal tras el pacto de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán entre 1999 y el 2000, Fiallos tuvo que recurrir a las instancias interamericanas. Así, el 31 de agosto de 2004 su caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y luego, el 24 de octubre de 2023, remitido a la Corte IDH, instancia que ahora responsabiliza al Estado nicaragüense de violentar los derechos políticos del excandidato a alcalde.
Puede leer: Ortega y Murillo encarcelan a Francisco «Chico» López por no explicar qué pasó con bienes del FSLN
La Corte IDH manda al Estado de Nicaragua a pagar US$10,000 a Fiallos “por concepto de gastos por tratamiento psicológico y/o psiquiátrico, así como por medicamentos y otros gastos conexos, para que pueda recibir dicha atención en el lugar donde resida”; el monto debe ser pagado en un año, contado a partir de la notificación de la sentencia.
22 años en espera de justicia
Aunque Alejandro Fiallos esperó 22 años para encontrar la justicia, el fallo de la Corte IDH servirá como una “hoja de ruta para futuros procesos de justicia transicional” y, además, en el contexto actual donde los Ortega Murillo “colapsaron” el sistema judicial y son los principales perpetradores de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, es un “recordatorio de que existe un estándar de derechos superior que tarde o temprano alcanza a quienes abusan del poder”, explica a LA PRENSA la jurista.
“La sentencia tiene un valor incalculable porque rompe el muro de la impunidad impuesto por el Estado… crea un precedente histórico muy relevante para la Nicaragua de hoy, ya que es un espejo del presente. La Corte IDH confirma que el uso del sistema penal como arma política no es un fenómeno nuevo en Nicaragua, sino una práctica que se ha institucionalizado con el tiempo”, sostiene la jurista.
Lea también: Exencargado de negocios de EE. UU. advierte más presión para la dictadura
Daniel Ortega lleva 19 años en el poder gobernando a punta de represión, principalmente desde 2018, cuando ordenó las agresiones contra los manifestantes. Desde entonces ha desmantelado la independencia de poderes en Nicaragua. Actualmente todos obedecen al Ejecutivo y el Poder Judicial es utilizado a conveniencia de la pareja de dictadores.
Ortega perfeccionó la instrumentalización judicial
Según la jurista, la sentencia también revela que el modelo de represión que tiene ahora instaurado, “en su forma más extrema”, el régimen Ortega-Murillo no surgió de la nada en 2018, sino que “la instrumentalización judicial se viene perfeccionando” a partir del pacto Ortega-Alemán.
“El caso Fiallos Navarro ofrece una retrospectiva clara: el modelo de persecución política de aquella época fue perfeccionado por el régimen de Ortega-Murillo hasta alcanzar un nivel inédito: la muerte civil y jurídica”, resalta la jurista.
Puede leer también: Impunidad de alcaldes sandinistas es “una carga de dolor insoportable” para familiares de asesinados
Agrega que ahora, más allá de inhabilitar candidatos como pasó en 2021 con Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora y Noel Vidaurre, “el régimen confisca patrimonios, arrebata nacionalidades y borra la existencia legal de los opositores en el registro civil”.
Pese a que el régimen, con su falso discurso de paz trata de tergiversar y mostrarse fuerte ante los señalamientos de la comunidad internacional y organismos como la ONU y la OEA por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, la jurista concluye que la sentencia sobre el caso de Alejandro Fiallos “es un precedente importante y un mensaje de esperanza para las víctimas de represión política”.
