Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Mediante un comunicado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró que el Estado de Nicaragua es responsable por la violación a los derechos del excandidato a la Alcaldía de Managua, Alejandro Fiallos Navarro, en 2004.
En la sentencia “la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Nicaragua por la detención ilegal y arbitraria del señor Fiallos Navarro”, señala el comunicado.
Lea además: Alejandro Fiallos: “El sandinismo es un partido de terror”
El organismo agregó que la detención fue “realizada en el marco de un proceso penal incoado en su contra por la presunta comisión de delitos de abuso de autoridad y amenazas”. Asimismo, indicó que “este proceso no respetó las garantías judiciales y la protección judicial”.
Encarcelado antes de tener sentencia firme
La Corte también sostuvo que “la pena de inhabilitación absoluta de ejercer cargos públicos y de elegir y ser electo impuesta al señor Fiallos Navarro en el marco de este proceso implicó una violación a sus derechos políticos”.
Explicó que Fiallos Navarro ocupó varios cargos públicos durante el gobierno de Enrique Bolaños Geyer y que en 2004 era candidato a la Alcaldía de Managua cuando se le denunció por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y amenazas condicionadas.

La Corte señaló que el proceso estuvo a cargo del Juzgado Segundo Local del Crimen de Managua y que durante la tramitación, “se presentaron varias irregularidades que afectaron el derecho a la defensa del imputado”.
Puede leer: ¿Hasta dónde llega la gravedad del desacato de Nicaragua ante la Corte-IDH?
Agrega que a Fiallos Navarro se le condenó a penas de arresto, multas e inhabilitación absoluta por un año. Antes de que la sentencia quedara firme y previo a su notificación, fue detenido cuando acudió a rendir una ampliación de declaración y lo trasladaron a la prisión de El Chipote, donde permaneció una semana privado de libertad.
Expone que la defensa interpuso un recurso de exhibición personal, el cual fue rechazado y que el fallo fue confirmado en segunda instancia, aunque se revocó la condena por extorsión. Sin embargo, se mantuvo la pena de inhabilitación absoluta.
La Corte concluyó que “la privación de libertad del señor Fiallos Navarro, al haberse realizado antes de que la sentencia se encontrara firme, fue ilegal y arbitraria” y consideró que “se violentaron sus derechos políticos”, por lo que ordenó al Estado implementar medidas de reparación.
Qué dice la resolución de la Corte
Entre estas, ordena dejar sin efecto la condena dictada en su contra y eliminar sus antecedentes penales mediante las disposiciones judiciales y administrativas correspondientes. También establece que el Estado deberá entregar a Fiallos una declaración formal reconociendo su responsabilidad por las violaciones cometidas.
Lea también: Abrão llama al mundo a actuar contra impunidad de la dictadura. «No limitarse a declaraciones»
Además, dispone el pago de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y la publicación del resumen oficial de la sentencia tanto en el diario oficial como en páginas web del Poder Judicial, como parte de las medidas de reparación y restitución de su imagen pública tras más de dos décadas de litigio internacional.
Un litigio de 20 años
La resolución de la Corte IDH pone fin a un litigio iniciado hace más de dos décadas, relacionado con el proceso penal abierto contra Alejandro Fiallos Navarro cuando era candidato a la Alcaldía de Managua y presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), durante el gobierno de Enrique Bolaños Geyer.
La acusación penal surgió tras un conflicto administrativo dentro de esa institución y derivó en cargos por presunto abuso de autoridad y amenazas. La detención de Fiallos ocurrió en plena campaña electoral, en un contexto de cuestionamientos a la independencia judicial y señalamientos sobre la influencia del pacto político entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega sobre las instituciones del Estado.