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El exsecretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, dijo que la comunidad internacional “no puede limitarse a declaraciones” y “debe explorar vías jurídicas”, incluida la activación de jurisdicciones internacionales o nacionales bajo el principio de jurisdicción universal y con ellos “combatir la impunidad” en Nicaragua.
El abogado brasileño, que ha dado seguimiento a la crisis de derechos humanos provocada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, analizó la reciente declaración del miércoles 4 de febrero de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la cual los países miembros condenaron «por aclamación» las violaciones de derechos humanos.
Entre los abusos mencionados en la sesión estuvieron las detenciones arbitraciones, las desapariciones forzadas, mecanismo de privación de nacionalidad y la represión trasnacional. Para Abrão es «fundamental que exista una rendición de cuentas».
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“Cuando existen indicios graves de crímenes internacionales o violaciones masivas y sistemáticas… los Estados deben adoptar medidas selectivas dirigidas a los responsables directos de las violaciones, asegurando que estas medidas estén claramente vinculadas a estándares de derechos humanos y no afecten a la población”, recordó Abrão.
La represión de Nicaragua ha sido documentada desde 2018, cuando el Estado reprimió con brutalidad las protestas pacíficas de opositores en Nicaragua. En el contexto de las protestas, la CIDH reportó uso excesivo de fuerza de parte del Estado (policías y paramilitares) y la muerte de 355 personas hasta 2019. Naciones Unidas también identificó en un informe a 54 responsables de la cadena de represión del Estado contra los ciudadanos, pero desde el primer momento Ortega y Murillo se negaron a rendir cuentas y crearon la narrativa sin evidencias de que se trató de un intento de golpe de Estado.
El abogado Salvador Marenco, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, llama a la OEA a seguirse pronunciando sobre lo que ocurre en Nicaragua, principalmente porque la represión ha escalado hasta fuera del país amenazando a la región, como la misma resolución lo menciona.
“La represión transnacional, no solo afecta a los nicaragüenses, sino que también es un factor de desestabilización a la soberanía y a la seguridad en la región y por ende es competencia y responsabilidad de los países miembros de la Organización de Estados Americanos seguirse pronunciando y demandando el restablecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos en el país”, sostiene Marenco.
Urge liberar a presos políticos
En la resolución aprobada el 4 de febrero por los Estados miembros de la OEA urgieron nuevamente al régimen “la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario, en particular, aquellas cuyo paradero se desconoce o que son beneficiarias de medidas cautelares o provisionales de la CIDH o de la Corte IDH, respectivamente”. Una petición similar realizó la CIDH en un comunicado de prensa divulgado cinco días después.
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Hasta antes del 10 de enero de este 2026, había unas 68 personas privadas de libertad por razones políticas, de acuerdo con el Mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas. Ese día 24 fueron excarcelados tras “firmar cartas de compromiso y bajo amenazas”, según expresó en un comunicado el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el 16 de ese mismo mes.
La organización detalló que al menos 44 personas siguen detenidas y entre ellas algunas en “condición de desaparición forzada”. A estos se suman cinco detenidos en Totogalpa, Madriz, por pintar «Viva Trump» en una pared, el domingo 8 de febrero de 2026.
Para Abrão es “inadmisible” que existan personas privadas de libertad por razones políticas o por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación, participación política y conciencia. Resalta que esto constituye “una violación flagrante y continuada de obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Nicaragua”, en particular en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“No hay justificación posible bajo un Estado de Derecho. Lo que estamos viendo no es un problema aislado, sino una política sistemática de represión orientada a neutralizar toda forma de disidencia”, argumentó el exsecretario de la CIDH.
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Violadores de derechos humanos deben ser condenados
Además de la liberación de los presos políticos y el retorno a las libertades, Marenco sostiene que estas víctimas requieren la restitución y goce de sus derechos plenos, además de ser reparadas; pero también “los perpetradores de sus detenciones ilegales, desapariciones forzadas y torturas deben de ser condenados”.
Abrão destaca que, desde la OEA, Naciones Unidas y otros foros multilaterales se debe mantener la “presión diplomática sostenida y articulada” sobre el régimen Ortega-Murillo exigiendo “la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos”.
“El mensaje debe ser inequívoco: no puede haber normalización diplomática, mientras persista la prisión política y la represión sistemática”, sugirió el exsecretario de la CIDH.
