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Defensores de derechos humanos demandaron este viernes a los Estados la protección de los refugiados nicaragüenses, luego de la declaración de la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre Nicaragua, en que los países miembros se mostraron «alarmados» ante la represión trasnacional de la dictadura Ortega Murillo.
Según los abogados Danny Ramírez-Ayerdiz del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) y Yader Valdivia del Colectivo Nicaragua Nunca Más, aunque es destacable la posición de Estados Unidos y Costa Rica durante la sesión, la realidad de ambos países tiene matices que vale la pena destacar.
“En el posicionamiento de Estados Unidos y Costa Rica hay varias disonancias y contradicciones, porque en primer lugar Estados Unidos tiene una política migratoria agresiva que es absolutamente contraria del derecho internacional humanitario”, cuestionó Ramírez-Ayerdiz en referencia, en primer lugar, al endurecimiento de las políticas migratorias ordenado por la administración Trump.
El defensor de derechos humanos criticó que Estados Unidos no tenga un mecanismo selectivo, ni un estándar de riesgo que permitan reconocer a quienes necesitan protección internacional y no pueden retornar a los países de los que huyen, porque su vida e integridad física está en riesgo.
Dos casos recientes alarmaron a los organismos de derechos humanos, relacionados con dos madres de jóvenes asesinados por la dictadura: Yadira Córdoba, a quien deportaron a México, y a Jessica Patricia Rivas detenida en octubre de 2025, en Miami, Florida. En este último caso, ella fue detenida, luego de denunciar un caso de violencia doméstica contra su pareja.
Lo que se sabe hasta ahora es que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mantiene a Rivas bajo custodia y en proceso de deportación.
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Por su parte, Valdivia dijo que, de acuerdo a los tratados internacionales, los países deben de acompañar a las personas en riesgo, porque si buscan protección internacional “es porque su vida y su integridad física corren un riesgo”.
Valdivia se sumó a las críticas a Trump, cuya política migratoria “no ha sido favorable a los migrantes” y “afecta a las personas que son solicitantes de asilo y de refugio”.
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La diplomacia es otra cosa
Sobre esta situación, el politólogo nicaragüense Manuel Orozco señala que la jurisdicción migratoria en Estados Unidos está aislada de la diplomacia y que, por eso, los jueces “aprovechan la coyuntura política para expandir su discreción punitiva de expulsar personas bajo tecnicidades que en otro contexto no lo harían”.
“El realineamiento entre la política migratoria y la política exterior contra las dictaduras aún está ausente, a pesar de que hay algunos congresistas que quieren abogar por un equilibrio justo al respecto, o por organizaciones independientes”, agrega el politólogo y director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. Por esa razón, mientras la diplomacia estadounidense se mantiene firme en su postura contra la dictadura, se siguen dando deportaciones, incluso de solicitantes de asilo.
La situación en Costa Rica
Por su parte, durante la sesión de la OEA, la embajadora de Costa Rica, Alejandra Solano Cabalceta, se comprometió a que su país “no tolerará la impunidad contra ningún delito en su territorio”. Aunque no hizo mención a casos específicos, se pueden mencionar tres recientes de represión trasnacional contra opositores nicaragüenses.
En primer lugar, los atentados contra Joao Maldonado y su esposa, quienes sobrevivieron; pero también están los asesinatos del mayor en retiro Roberto Samcam y de Jaime Luis Ortega Chavarría.
Joao Maldonado sufrió un primer atentado en septiembre de 2021, cuando viajaba en su vehículo en Escazú, oeste de San José, la capital costarricense. Maldonado sobrevivió. En enero de 2024, volvió a ser interceptado junto a su pareja Nadia Robleto en la vía pública, ambos sufrieron heridas de gravedad producto de los disparos realizados por motorizados, y lograron sobrevivir de milagro.
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En octubre de 2024, el artesano nicaragüense Jaime Luis Ortega Chavarría fue ejecutado en la comunidad de El Quebradón de Upala, Costa Rica. Ortega se encontraba en condición de refugiado cuando fue asesinado por 8 impactos de bala detonados por dos desconocidos.
El otro caso es el del mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, asesinado a tiros en su casa de habitación, en San José, Costa Rica, el 19 de junio de 2025. Ninguno de los casos han sido resueltos, aunque hay varios detenidos. Lo mismo pasa con el caso Maldonado.
En los casos de Maldonado, su esposa y Samcam las autoridades costarricenses lograron la capturas de varios sospechos mientras continúan las investigaciones; no obstante, sobre el de Jaime Luis Ortega no se han reportado detenciones y se desconce el avance del proceso.
Ramírez-Ayerdiz subraya el caso de Joao Maldonado, que tenía medios de protección, pero que pese a ello fue víctima de atentados. “Aquí podemos hacer un balance de cómo lo que se dice ante un foro internacional es una cosa, pero en la realidad es otra”, lamenta.
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Valdivia recordó que todavía las familias de Jaime Luis Ortega, Roberto Samcam, Joao y Nadia siguen esperando respuesta de sus casos de represión transnacional. “Por eso sí es importante ser crítico ante este posicionamiento a nivel internacional, que debe de llevarse a la práctica”, subrayó.
Costa Rica y el avance del crimen organizado
El politólogo Manuel Orozco explica que un factor que debe tomarse en cuenta para el análisis es que estos casos ocurrieron en un contexto en que el crimen organizado ha desbordado al Estado costarricense y que en esa situación los refugiados quedan menos protegidos.
“En este momento Costa Rica está saturada por los ataques de violencia que provienen del crimen organizado, y abarcan muchas modalidades. Los ataques contra nicaragüenses ocurrieron en medio de una fuerte debilidad de las fuerzas de protección en prevenir el crimen organizado”, explicó Orozco.
El politólogo dice que la pregunta clave que hay que hacerse es “cómo el Estado costarricense puede contribuir a proteger la seguridad humana de los refugiados, al menos, de manera equitativa a como lo hace con los ciudadanos costarricenses” y que si puede invertir recursos para aumentar la vigilancia contra acciones potenciales contra refugiados.
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¿Qué pueden hacer los Estados para proteger a los refugiados?
El abogado Danny Ramírez-Ayerdiz recomienda a los estados tomar acciones reales como una política especial de atención a refugiados, que además de protección y apoyo a las necesidades básicas, ayude a “resolver los propios problemas jurídicos que tienen esas personas”.
Ramírez-Ayerdiz ejemplifica con la declaración de apátrida por parte del régimen Ortega Murillo a más de 452 nicaragüenses que “puso a correr” a varios países. Según el defensor de derechos humanos, hace mucho tiempo no existía en Latinoamérica forma de declarar apatridia a ciudadanos de un país y que, por tal razón, “los Estados tienen que adaptar sus legislaciones” para brindar respuestas más inmediatas a quienes lo necesiten. Además, el abogado sugiere que se mejore el acceso al trabajo y condiciones de dignidad “aceptable” para los refugiados.
