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La Organización de Estados Americanos (OEA) sesionó este miércoles 4 de febrero y condenó los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, entre ellos hostigamientos, torturas, detenciones arbitrarias; mientras el representante de Ecuador describió a la dictadura como «una amenaza para el hemisferio» y el de Estados Unidos cuestionó las recientes excarcelaciones a críticos.
La sesión fue convocada por las misiones permanentes de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Perú y República Dominicana, que llevaron la grave crisis de derechos humanos nicaragüense nuevamente al plenario de la organización regional. Un contexto crítico para la dictadura, cuestionada con dureza por la administración de Donald Trump en las últimas semanas, e impactada también por la caída en enero de Nicolás Maduro, su aliado político, así como el debilitamiento paulatino de su par en La Habana.
«Urgir al Estado de Nicaragua a poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario, en particular, aquellas cuyo paradero se desconoce o que son beneficiarias de medidas cautelares o provisionales de la CIDH o de la Corte IDH, respectivamente», dice la resolución que circuló en las redes sociales de la OEA.
El secretario general de la OEA, Alberto Randim, dijo que las obligaciones de Nicaragua siguen vigentes en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, a pesar que el Ejecutivo de ese país haya denunciado la carta de la organización años atrás.
Los estados miembros de la OEA se mostraron preocupados, además, por las acciones del régimen y su falta de participación en mecanismos regionales e internacionales, así como la persistencia de la grave situación de los derechos humanos e impunidad y el deterioro de las instituciones democráticas.
Se declararon “alarmados” por el hostigamiento, persecución y atentados contra la vida, que se extienden más allá de las fronteras terrestres de Nicaragua, a tal punto que la dictadura ha hecho uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol para perseguir a los nicaragüenses.
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En su intervención, la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosa María Payá, remarcó que la situación nicaragüense es “una de las más críticas en la región” y urgió a los Estados Americanos a exigir el cese de las arbitrariedades del régimen Ortega Murillo.
Ante la solicitud de Canadá y Costa Rica, la resolución de la situación de Nicaragua fue aprobada y adoptada por consenso.
“Amenaza para la seguridad hemisférica”
El representante de Estados Unidos, el embajador Leandro Rizzuto, dijo que su país no tolerará el status quo del régimen Ortega-Murillo y expresó que, aunque las excarcelaciones de presos políticos son vistas como “gestos positivos”, principalmente por las dictaduras, el “arresto domiciliario no es libertad”.
Con esto hacía referencia a la denuncia publicada semanas atrás de que los críticos de Ortega son sacados de las cárceles para disminuir la presión internacional, pero son sometidos a vigilancia tanto de las autoridades policiales como de los secretarios políticos del FSLN en sus localidades.
Mónica Palencia, representante de Ecuador, denunció al régimen como una “amenaza para la seguridad hemisférica”. En tanto, Ana Irene Delgado de Panamá sostuvo que Nicaragua está en un “escenario grave y preocupante”, y lamentó que después de años de su salida de la OEA no se haya dado pasos hacia un «diálogo constructivo».
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La resolución hace mención de los casos de represión transnacional como el asesinato del mayor en retiro del Ejército, Roberto Samcam, y los dos atentados que sufrió el opositor Joao Maldonado en Costa Rica. Ante ello, Alejandra Solano, representante del gobierno de Rodrigo Chaves, de Costa Rica, dijo que su país “no tolerará la impunidad contra ningún delito en su territorio”. Subrayó que toda conducta delictiva será investigada.
España anuente al diálogo, tras expulsión de embajador
Durante la sesión le cedieron la palabra Carmen Montón Giménez, de la delegación de observación de España, la representante rechazó la privación arbitraria de la nacionalidad en Nicaragua y externó el deseo del gobierno español de “seguir teniendo un diálogo” con la dictadura Ortega-Murillo. Además resaltó que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) es la única agencia europea en territorio nicaragüense.
Estas declaraciones se dan diez días después de que el régimen Ortega-Murillo expulsó de Nicaragua al embajador de España, a su número dos y entre 8 y 9 cooperantes españoles. Eso provocó una acción recíproca que acabó con la expulsión del embajador nicaragüense, Maurizio Carlo Gelli.
Metienen presión al régimen
El régimen Ortega-Murillo enfrenta un contexto internacional cada día más adverso. No solo es la presencia de Trump en Estados Unidos, que logró la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, sino que América Latina ha girado a la derecha.
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Estados Unidos mantiene sanciones contra Rosario Murillo, algunos de sus hijos, funcionarios del régimen, instituciones y empresas estatales. La presión está a todos los niveles y recientemente el cocanciller Denis Moncada regresó a Nicaragua, luego de una misión en Washington iniciada en diciembre, sin resultados a la vista. Esto fue interpretado como un fracaso diplomático.
Desde las cuentas del Departamento de Estado, en cambio, han arreciado las críticas a Murillo, se ha pedido la libertad de los presos políticos y se ha señalado la ilegitimidad del ejercicio del poder de ella, quien se inventó una «copresidencia» ante la imposibilidad de ganar cualquier elección, según el gobierno estadounidense.
